TRINO MARQUEZ
Entre los propósitos, no sé si conscientes o
implícitos, de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, con las
cuales se despojaba a los diputados de la inmunidad parlamentaria, al tiempo
que el TSJ asumía las competencias de la Asamblea Nacional, se encontraba medir
la respuesta nacional e internacional que produciría una eventual suspensión de
las elecciones previstas para 2018, cuando habrá que elegir un nuevo Presidente
de la República.
En esa ocasión, todo el
poder del régimen estará en juego. Perdido el control de la Asamblea Nacional
ante la abrumadora mayoría opositora en diciembre de 2015, los grupos que
respaldan a Nicolás Maduro podrían salir eyectados de todos los espacios
institucionales que en la actualidad dominan. Los dos tercios que posee la
alternativa democrática en la AN le permitirían rehacer totalmente el marco
institucional del país, con apego estricto a la Constitución de 1999.
Este
escenario de derrota absoluta mantiene
aterrados a los miembros del oficialismo que han cometido los mayores
desafueros, entre ellos Maduro y los miembros de la Sala Constitucional
del TSJ. De allí que el bufete privado de Miraflores haya aprobado ese par de
sentencias que, como bien dijo la fiscal general de la República, rompieron el
hilo constitucional. La reacción interna y foránea ante el exabrupto
obligó al Tribunal a retroceder. El
oficialismo no pudo soportar la presión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que activó la Carta
Democrática, especialmente de países como México. Colombia y Chile que hasta
hace poco habían mantenido cierta neutralidad ante la desgracia vivida por
Venezuela desde 1999.
La
firmeza con la que han actuado la OEA y Mercosur, además del apoyo del
Parlamento europeo y de gobiernos como el español, junto a la valentía de los jóvenes
y los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes han expuesto sus
vidas frente a los aparatos represivos y de los colectivos fascistas tarifados,
le demostraron a la camarilla gobernante que sólo podrán imponer la dictadura
totalitaria, si asumen el enorme costo de quedar aislados internacionalmente y
ejercer una coerción implacable sobre las fuerzas democráticas que inunde de
sangre al país.
Durante
los días recientes se han articulado la tenaza exterior y la protesta interna.
La reciedumbre de la denuncia y la crítica externa y la lucha interior le demostraron
al Gobierno que no le resultará sencillo apaciguar la grave crisis nacional,
apelando a las fórmulas autoritarias usadas en América Latina cuando existía el
dominio de las dictaduras militares o civiles afincadas en las policías
políticas, el ejército convencional y los grupos irregulares. Los tiempos
cambiaron. Maduro disfrutó de la indiferencia y complicidad de las naciones más
importantes del continente mientras se sostenía sobre la legitimidad de origen
que le otorgaban las urnas electorales. Ahora, cuando pretende pulverizar el
voto popular y construir una “democracia
directa” al estilo cubano, será castigado por esos países. La inversión
en Venezuela será todavía menor de la que ha sido durante los años recientes.
Los organismos que podrían prestarle
dinero al gobierno para aliviar la caída de la producción y los precios petroleros,
le negaran el auxilio. Los turistas habrá que traerlos enjaulados. Las fuentes
de divisas se habrán secado.
El costo
de tratar de implantar una dictadura judicial y militar será demasiado elevado.
Las derrotas sufridas en los últimos días por Maduro y sus socios en el plano
internacional vaticinan lo que le vendrá. Se acabó la impunidad. Para los
gobiernos de la región resulta inadmisible que, invocando la soberanía nacional
y la autodeterminación de los pueblos, el régimen rojo reprima con brutalidad y
pretenda desconocer las conquistas democráticas que tanto les costaron a los
pueblos de América Latina.
A la
oposición nacional le corresponde elevar la eficacia de esa presión
internacional. La intensidad de la crisis social y el ritmo endiablado que
mantendrá serán el caldo de cultivo para que la protesta popular se mantenga e
intensifique. Dentro del chavismo hay sectores que se dan cuenta del problema
tan complejo en que los metió la dirigencia inepta y corrupta que los dirige.
Con esos grupos habrá que tender puentes que permitan encontrarle una solución democrática a los
conflictos existentes.
La
solución se halla en la definición inmediata del calendario electoral y su
estricto cumplimiento. Esta es la solución que propone la comunidad
internacional, que demanda la oposición democrática y que compartiría el
estamento militar. Maduro no podrá evitar las elecciones. Frente a la
dictadura, democracia.
@trinomarquezc
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