La ruptura del orden Constitucional democrático en
Venezuela
Edmundo González Urrutia
Miembro del Grupo Àvila
Las sentencias de la Sala Constitucional números 155/2017
y 156/2017 del 28 y 29 de marzo respectivamente, consumaron la ruptura del
orden Constitucional en Venezuela al desconocer las bases del Estado
Democrático de Derecho. El camino autoritario iniciado por Nicolás Maduro desde
hace un largo tiempo, y denunciado en numerosas oportunidades, llegó a su
incontestable final: en Venezuela se dio un auto golpe de Estado.
Por mucho tiempo se utilizaron diversas expresiones
para calificar la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro: democracia
autoritaria, autoritarismo competitivo, régimen híbrido, autoritarismo
electoral, neo dictadura, autocracia electoral, militarista, entre otras. Con
las sentencias antes citadas no caben dudas de que en Venezuela ocurrió un
quiebre democrático y una alteración del orden constitucional.
En los dos informes presentados por el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos sobre la crisis en
Venezuela, de fechas 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017, se hizo una
cruda descripción del creciente deterioro de la democracia en nuestro país. Se describieron
con detalle y amplia sustentación las recurrentes violaciones a la
Constitución, el irrespeto a los derechos humanos, la ausencia de separación e
independencia de los poderes públicos, la corrupción generalizada, para concluir que el gobierno de “Venezuela
viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”.
La comunidad internacional ha respondido de manera muy
firme y solidaria con la democracia venezolana, exigiendo la restauración del
orden constitucional, el respeto por los derechos humanos, la restauración del
estado de derecho, la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional, en
suma el rescate de la institucionalidad democrática y la vuelta a la legalidad
constitucional.
No se trata de un “impasse” como ligeramente lo ha
tratado de banalizar el propio Maduro.
Lo ocurrido es muy peligroso.
La gravedad de la crisis exige acciones concretas e
inmediatas de parte de los gobiernos democráticos del hemisferio y del mundo
para recuperar la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Los
instrumentos del sistema interamericano de protección a la democracia señalan
un camino para la restitución del orden constitucional. Las conclusiones del
informe de Luis Almagro marcan algunas de las medidas concretas para
alcanzarlo. La propuesta del Mercosur también ofrece un camino para darle una
oportunidad al restablecimiento de la democracia.
Tales recomendaciones están en sintonía con el clamor
de la comunidad internacional expresado en los numerosos comunicados, y declaraciones
en las que se pide el restablecimiento de las facultades constitucionales de la
Asamblea nacional; el respeto al Estado de Derecho, la urgente adopción de un
cronograma electoral y la liberación de los prisioneros políticos.
No obstante, la responsabilidad de asumir la
restauración de la legalidad democrática corresponde a todos los venezolanos
que debemos cerrar filas en la defensa de los valores y principios democráticos.
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