Andrés Cañizales
El control del poder ejecutivo sobre los otros poderes públicos en Venezuela, y en particular sobre el sistema judicial, se expresa claramente en la historia de dos juezas. A simple vista no parecen tener nada en común, una enfrenta un largo proceso y la otra tiene a su cargo el que posiblemente sea el juicio político más polémico —y hay bastante tela que cortar en Venezuela en esta materia—, como lo es el procesamiento judicial y detención del dirigente Leopoldo López.
¿Qué cosa une a las historias de estas dos juezas venezolanas? Ambas recibieron recomendaciones del Comité contra la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una optó por acatar tal recomendación de expertos independientes, en 2009, y terminó ella misma siendo objeto de recomendaciones a su favor por parte de ese comité. Se trata de la jueza María Lurdes Afiuni, quien el 10 de diciembre de 2009, tomó la decisión de otorgarle la libertad condicional al ex banquero (otrora muy cercano al chavismo) Eligio Cedeño, quien estaba enjuiciado por presunta corrupción en el manejo de dólares regulados.
Al día siguiente, en una de sus alocuciones por radio y televisión, Hugo Chávez, le ordenó al sistema judicial que detuvieran a la jueza Afiuni e incluso adelantó la sentencia: “debe recibir pena máxima de 30 años”. Cedeño aprovechó su libertad condicional y salió clandestinamente del país, hoy vive en Estado Unidos donde recibió asilo político. Afiuni, en tanto, por acatar la recomendación de la ONU pasó de ser jueza a enjuiciada, y a partir del 18 de diciembre de aquel mismo año 2009 fue enviada a una cárcel de mujeres. Fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. A la fecha no ha podido comprobarse que ella tuviese alguna componenda para facilitar la fuga de Cedeño. Casi tres años estuvo en una cárcel Afiuni, en 2012 se le envió a una detención domiciliaria luego que se le detectara cáncer y otros problemas de salud y tras innumerables pronunciamientos del propio Comité contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU y de la relatoría de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
Afiuni fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal
Afiuni sigue siendo procesada sin que se vislumbre en el corto plazo que se vaya a dictar sentencia. Según organizaciones venezolanas de derechos humanos, no existen razones válidas para mantener el juicio, ya que se ha han ventilado pruebas firmes, pero a este proceso judicial nadie se atreve a ponerle fin ya que el comandante Chávez fue quien dictó sentencia.
La otra jueza se llama Susana Barreiros. A mediados de noviembre se negó a considerar una recomendación del mismo Comité contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, ésta vez en el caso del dirigente político opositor Leopoldo López. Tampoco ha escuchado Barreiros los innumerables pronunciamientos internacionales que sin inmiscuirse en el fondo del asunto, solicitan simplemente que López (tal como lo establecen las leyes venezolanas) sea juzgado en libertad.
Barreiros posiblemente está consciente, como cualquier juez venezolano, que está atrapada en lo que podríamos llamar “síndrome Afiuni”, que no es otra cosa que la falta de independencia del sistema judicial de Venezuela. Un juez en Venezuela, especialmente en casos políticamente simbólicos (y éste de López sin duda lo es), difícilmente se arriesgara a hacer justicia si tal decisión puede molestar al poder político chavista.
La sumisión judicial con el poder político no se limita a los jueces, llega hasta las más altas esferas. La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la última década sólo ha fallado en contra del Estado de forma excepcional, tan excepcional que se pueden contar los casos con los dedos de las manos.
Andrés Cañizález es analista político y de medios. Twitter @infocracia
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