JUAN MANUEL RAFALLI
Ante todo manifiesto mi sincero agradecimiento a El Nacional por abrirme sus páginas para seguir expresándome libremente en tiempos complicados. Por esa maña inevitable de sucumbir a la vocación profesional, no puedo evitar tratar en esta primera entrega el tema de las leyes habilitantes y su ejercicio, dado que el presidente Maduro optó, igual que su antecesor, por inundarnos de reformas normativas en los dos últimos días del plazo de su habilitación para legislar.
Ciertamente, la Constitución establece la posibilidad de habilitar al presidente para que legisle por decreto en materias específicas y por tiempo determinado; esa delegación se justifica en situaciones que ameriten medidas inmediatas, por lo que es un contrasentido que sea muy amplia en tiempo o contenido. El abuso de esta figura en Venezuela llegó al punto de habilitar por más de un año al presidente para legislar unipersonalmente en temas cruciales para la vida social y económica del país. En 15 años de revolución se han otorgado 5 habilitantes que han conferido poderes legislativos a dos presidentes por más de 5 años, es decir, el equivalente a un período constitucional de la Asamblea Nacional. Chávez y Maduro han legislado más que el propio Poder Legislativo nacional, lo que implica una anormalidad constitucional al subyugar la separación de los poderes públicos. Además, este abuso de la facultad de legislar por decreto se magnifica cuando en el último momento se rompe una piñata legislativa y se nos atosiga con normas que no han pasado por los dos debates y las consultas públicas que exige la Constitución para el proceso de formación de las leyes. Es aquí donde la democracia participativa se vuelve puro cuento.
De un plumazo Maduro, encapillado y sin consultar con nadie, ha legislado en materia de derechos laborales, impuestos, inversión extranjera, precios, régimen cambiario, corrupción, simplificación de trámites, banca y finanzas, terrorismo y muchas otras áreas. Y, como si fuera poco, las leyes se anuncian durante la vigencia de la Ley Habilitante, pero se publican varios días después, con lo cual se extiende de hecho e inconstitucionalmente la vigencia de la habilitación. Además, estratégicamente se le pretende dar carácter orgánico a sus decretos para evitar que una derrota monumental en las elecciones parlamentarias los derogue o reforme sin reparar en que esta viveza los puede hacer inconstitucionales.
Aún no se puede opinar sobre el contenido de cada ley, pues aún la mayoría no se conoce, pero con base en las pocas ya publicadas y lo dicho en las cadenas presidenciales, sí podemos hacer señalamientos sobre su tendencia. Se trata de un paquete parcial que no ataca la crisis económica por el lado de los ingresos en divisas ni por el indispensable aspecto del recorte del gasto público. Nada se dice sobre el tamaño de la administración pública, el precio de la gasolina, dádivas petroleras o venta de empresas expropiadas ineficientes. El centro es la recaudación interna haciendo ver además que se le carga la mano a las grandes empresas y a quienes más tienen. Puro populismo, terror electoral en pasta; a menos gasto público menos votos y eso es lo único que parce ser prioritario, Maquiavelo es un niño de pecho. Pero al final el ajuste, según los más entendidos, no cubrirá el déficit y sus efectos inevitablemente sí impactarán a todos vía inflación y desabastecimiento. Mientras más se ahogue al sector privado productivo, menos prosperidad y más pobreza. Ya es un lugar común asumir 2014 como un gran año comparado con 2015.
A todas estas, el barril de petróleo sigue cayendo para mal de todos, evidencia clara de que Chávez nada tuvo que ver con el aumento vertiginoso de los precios que le permitió insuflar su popularidad a punta de billete. Ahora será un espectáculo político de trascendencia mundial ver cómo se administra la revolución bolivariana sin recursos y, sobre todo, cuán demócratas serán sus líderes en tiempos de vacas flacas y popularidad escuálida.
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