Pedro Luis Echeverria
El título de este articulo refleja
cabalmente la disyuntiva que vive el país, por estos días. Después de las
pasadas elecciones, el resultado
electoral indica que la Venezuela de hoy
es un país dividido gobernado por
una pretensión hegemónica, que ignora a los millones de ciudadanos que no
sufragaron a favor y que pretende
imponer un modelo de sociedad radical en
la cual una mayoría circunstancial y fuertemente cuestionada en su legitimidad
política, trata de rechazar, prescindir y desconocer a la nueva diversidad del país que surgió de esos
comicios y que alcanza a casi el 50 % del electorado. El gobierno no logró
alcanzar en ese evento electoral la mayoría aplastante que pretendía y ahora
amenaza a la disidencia con la posibilidad de tratar de imponer, por otras
vías, lo que no pudo lograr en las urnas electorales, a pesar de las perversas
artimañas que utilizó para tal fin.
El debate sin duda está sobre la
mesa, pues la pretendida radicalización
del modelo gubernamental, entendido como proceso, no puede dar lugar a
improvisaciones de nuestra parte, ya que son muchos los actores e intereses que
están en juego. Por ello, este es un tema que no se puede ignorar y debe discutirse en todos los escenarios
posibles y con la inclusión de la mayor parte de sectores sociales, donde se exponga la visión de cada uno para
procurar un consenso real vinculante que refleje la complejidad de la sociedad
que se enfrenta al proceso y el peso de nuestras razones para oponernos a tan
descabellada pretensión. Los odios ideológicos, los recelos y el miedo, deben
ser excluidos de nuestro talante, hay que trabajar en la construcción de un
nuevo consenso social de respeto a los derechos humanos y reconocimiento del
disenso, promoviendo la comprensión mutua, la tolerancia, el respeto y posibilidades de desarrollo.
La convivencia nacional se ha visto deteriorada por discursos
gubernamentales que ensalzan la violencia, la separación y un camino de
destrucción de la realidad político-social. No debemos permitirlo porque lo que
se impone en esta coyuntura es un
proceso continuo de reconstrucción del tejido social y de instituciones
legítimas y legales constituidas bajo un orden democrático estable. Es obligar
al gobierno, con la fuerza que nos confiere nuestra férrea unidad, a entrar en
un diálogo abierto, para hacer frente a la violencia política que se ha hecho
presente y proyectar con bases sólidas
un futuro viable para todos. No es posible pensar en el avance de un proceso de
desarrollo sustentable cuando no se
reconoce la diversidad política. Entonces, las libertades e institucionalidad democrática alcanzadas se
mostrarán insuficientes para abordar los problemas estructurales de fondo. Hay
nuevos líderes regionales que llaman a la búsqueda de soluciones expeditas sin correlato de
parte del gobierno y comienzan a pasar nuevamente a primer plano las heridas
nunca cicatrizadas de los anteriores enfrentamientos. La reconciliación parece
ser nuestra única salida como país.
Promover una reconciliación supone
por tanto: a) la edificación institucional de la democracia y el estado de
derecho, b) el poder contar con instituciones políticas y judiciales respetadas
y creíbles para la administración y solución de conflictos por vías no
violentas, c) el haber llegado a un consenso sobre lo que no es aceptable
promover y los medios que resulta inaceptable emplear para proteger los
intereses propios, por legítimos que sean. Asimismo, el reconocimiento de la dignidad y el estatus
de las personas y grupos políticos
disidentes y la aceptación gubernamental que
son merecedores del pleno respeto
y goce de sus derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario