19/11/2014
Aprobando apresuradamente leyes mal escritas y peor inspiradas, trabajando a última hora, con improvisación, desorden e ineficiencia, así expira hoy la Ley Habilitante solicitada por Nicolás Maduro un 8 de Octubre de 2013 ante la Asamblea Nacional.
“Lucha contra la corrupción” y “combate a la guerra económica” fueron los pretextos invocados por el gobierno para justificar tal solicitud. Un año después, el saldo es evidente: No sólo no se ha luchado contra la corrupción, sino que la misma se ha fortalecido. La corrupción no es “una falla” del sistema. En realidad, la corrupción ES el sistema. Un gobierno que ha manejado recursos inmensos y que ha destruido, desactivado o desconocido los controles de gestión, tanto sociales como institucionales, es pasto fácil de la corrupción más atroz. Ese mismo gobierno ha establecido miles de “controles” administrativos, verdaderas alcabalas burocráticas, convirtiendo cada trámite en una estación de “cobro de peaje” similar a las que el hampa coloca en las escalinatas de cualquier barrio, convirtiendo así la corrupción en un mal que salta de las esferas administrativas del Estado para infectar a toda la sociedad. Tras un año de una Ley Habilitante supuestamente para “luchar contra la corrupción” el gobierno no ha sido capaz siquiera de nombrar a un Contralor General de la República, cargo vacante desde hace más de tres años por muerte de su titular. Esos son los hechos.
En el llamado “combate a la guerra económica” la Ley Habilitante no tuvo más éxito que en la lucha contra la corrupción. Lo cual era esperable, porque nadie puede ganar una guerra que no existe. Las encuestas, incluso las encargadas por el oficialismo, demuestran que nadie cree en la existencia de la tal “guerra económica”, consigna inventada por el gobierno para echar a terceros la culpa de su propia ineficiencia. Hasta la fulana “guerra contra el contrabando” ha demostrado ser apenas un problema interno de las mafias gobierneras. ¿Quién controla, con minuciosidad milimétrica, la distribución y traslado de alimentos en el país? ¿Quién controla la producción y distribución de combustible y lubricantes? ¿Quién controla la producción y distribución de cemento y cabillas? ¿Quién controla las fronteras, las aduanas, los puertos y aeropuertos? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: ¡El gobierno! Pues ese es el responsable del contrabando, eje central de la supuesta “guerra económica”. Nuevamente, esos son hechos, no palabras.
La “guerra económica” no existe, pero lo que sí existe es el Paquetazo Rojo: La Ley Habilitante de Maduro se despide del país creando o reformando normas que generan nuevas cargas impositivas a los ciudadanos, incluso a los más pobres. El aumento de tasas e impuestos, así como la insólita eliminación de la exención del pago de tributos a cooperativas y fundaciones, es algo sumamente revelador: esta burocracia inepta y corrupta, la misma que dilapidó la bonanza petrolera más alta y larga de la historia de nuestro país, ahora -ante la baja de los precios internacionales del crudo- se dispone a meter la mano en los bolsillos de los venezolanos, incluso de los más pobres, para seguir financiando su particular fiesta de ineficiencia y corrupción.
La Ley Habilitante de “Hood Robin” (el Robin Hood al revés, el bandido que roba a los pobres para dar más recursos a la burocracia y a la boliburguesía) fenece hoy, marcando el panorama de lo que será 2015: Un año de intensas luchas económicas y sociales, un año para derrotar electoralmente a los culpables de tanta privación e injusticia, un año para abrir la puerta de la solución política a la crisis venezolana y para iniciar entre todos el camino de la construcción de bienestar y calidad de vida. En esa lucha, la UNIDAD seguirá siendo estrategia y herramienta fundamental al servicio del pueblo, para su victoria.
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