BENIGNO ALARCÓN
POLITIKA UCAB
Mientras el año 2016 inició para el sector democrático del país con renovadas esperanzas tras el importante triunfo electoral de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que implicaba el control absoluto de la institución más importante del Estado venezolano, 2017 se inició y avanza en medio de la desesperanza y la incertidumbre que nos deja el aprendizaje de que en un régimen como el de Venezuela, la voluntad expresada por los votos no está garantizada, así como tampoco lo están las salidas institucionales, electorales y democráticas por el hecho de ser mayoría y controlar una institución como la Asamblea.
A pesar de que es evidente de que más de la mitad de los pueblos del mundo están controlados por regímenes autoritarios que no gozan del apoyo de la mayoría, pareciera que en Venezuela muchos, aun al día de hoy, piensan que, tal como sucede en democracia, el juego tan solo se trata de ser mayoría. Primero, mayoría entre la oposición, para luego serlo ante el gobierno, lo cual nos ha consumido en una competencia absurda y hasta irresponsable entre partidos que colocan en riesgo, una y otra vez, la tan necesaria unidad de la oposición para poder enfrentar los desafíos que la autocratización de un gobierno, cada día con costos más altos de salida, implica para el futuro de la democracia en Venezuela.
En esta dinámica, el gobierno pasa de una posición defensiva a principios del año pasado, a una ofensiva este año, desviando la atención de la oposición del objetivo de recuperar la democracia a otro que consumirá buena parte de su tiempo durante los próximos meses, que es el de su propia supervivencia, amenazada por la neutralización del espacio institucional legislativo bajo su control, y por el proceso de ilegalización de partidos políticos que dará al régimen la oportunidad de escoger a conveniencia su propia oposición, con la intención de polarizar las próximas campañas electorales (cuando hacer elecciones vuelva a ser conveniente de acuerdo a los cálculos del gobierno) entre dos actores, un régimen reagrupado en un partido único y una oposición legalmente reconocida y tolerada, pero muy debilitada por la existencia de otra oposición no tolerada y por lo tanto ¨ilegal y golpista¨, en la que podrían encontrase la gran mayoría de los partidos políticos que pueden verse obligados a tomar otros caminos de lucha distinto al electoral.
Poniendo los pies sobre la tierra, las cuentas están ya sacadas. Con el esquema de ¨legalización¨ de partidos políticos impuesto por el CNE, solo tres o cuatro partidos de oposición, en el mejor de los casos, lograrán reunir las manifestaciones de voluntad para superar el proceso, aunque el tener el número necesario de apoyos tampoco será garantía ante un proceso que en su diseño no es auditable, dejando en manos de un CNE evidentemente parcializado la última palabra sobre cuáles serán ahora los partidos legalmente habilitados para participar en cualquier elección futura. En otras palabras, el gobierno escogerá a su propia oposición electoral, tal como Daniel Ortega ha hecho en la cercana Nicaragua.
Con semejante espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de toda la oposición, y también algunos partidos que hasta ahora apoyaron al gobierno, el régimen replantea el retomar un diálogo cuyo objetivo no es negociar una salida sino evitarla, condicionando la habilitación de la Asamblea y el anuncio de un cronograma electoral para las elecciones de gobernadores que no se realizaron el año pasado, y las de alcaldes que tocarían este año, a la aprobación legislativa de contratos y nuevos endeudamientos que buscarían oxigenar no solo al aparato clientelar con fines electorales, sino también el represivo como recurso final para evitar su salida del poder. Cualquier concesión en tal sentido terminaría revirtiéndose contra las posibilidades reales de lograr una transición democrática. De lo que se trata es de generar las condiciones para un cambio político y no para facilitar la estabilidad de un régimen que busca hoy su permanencia en el poder por cualquier medio disponible.
En medio de este escenario, la oposición se mueve en un laberinto que, aunque debemos reconocer como complejo, sí tiene salida si estamos dispuestos a poner los pies sobre la tierra. Entre los dilemas que la oposición enfrenta en este laberinto están, hasta donde sabemos, el de volver o no al diálogo, el de aceptar o no las condiciones de renovación impuestas por el CNE, el de aceptar o no las medidas impuestas por el TSJ para sacar a la Asamblea Nacional del estado de desacato para retomar sus funciones, y el de aprobar o no contratos y nuevos endeudamientos para financiar al régimen a cambio de un cronograma electoral. Tratemos de dar, en el espacio que nos queda, una respuesta breve y concisa a cada una de estos dilemas.
Primero, en relación al diálogo, tal como hemos dicho en muchas oportunidades anteriores, todo proceso de transición pacífica ha necesitado de acuerdos entre quienes salen del poder y quienes lo pasan a ocupar como parte del cambio político. Ese proceso no es un diálogo, sino una negociación, mucha veces asistida por un tercero aceptado por ambas partes que es lo que se conoce como mediación, que busca alcanzar acuerdos concretos que permitan la materialización del proceso de cambio político sin traumas innecesarios para la población, con los menores costos posibles para los involucrados, con reglas a las que ambas partes se comprometen y con garantías para todos los involucrados. Se trata entonces de una negociación real, encaminada a generar condiciones para la salida de quienes están en el poder, no una que les estabilice en sentido contrario a lo que pretende un proceso de transición política. En conclusión, se necesitará que en algún momento las partes vuelvan a la mesa de negociación, pero en condiciones muy distintas a las de hoy en día, con uno o unos pocos mediadores que gocen de la confianza de todas las partes, y con una agenda muy distinta a la actual que debe priorizar la construcción de una salida política, preferiblemente por la vía del voto, y construya condiciones y garantías para avanzar en ella, y no que entretenga a los negociadores en lo que solo al gobierno le interesa, o en temas satelitales que solo buscan ganar tiempo mientras se erosiona la legitimidad de quienes participan en el proceso.
En cuanto a participar o no en la renovación de partidos bajo las condiciones impuestas por el CNE, hoy todos saben que el diseño del proceso está pensado para ilegalizar a la mayor parte de los partidos políticos, lo que constituye un avance para el gobierno en su proceso de autocratización hacia una hegemonía de partido único. El proceso de registro de partidos, al igual que el de votantes, debe ser un proceso permanente de trámite, al cual los partidos deberían poder asistir en cualquier momento y a todo lo largo del año, y no uno que se circunscribe a dos días con un número limitado de puntos y captahuellas en el que, aun teniéndose la membresía necesaria, se vuelva prácticamente imposible que en un mismo estado puedan legalizarse más de dos partidos políticos, con lo que la condición pasa a ser, no la membresía necesaria, sino una canibalización absurda entre partidos que competirán entre ellos para poner el mayor número de gente primero en la cola para lograr su validación. Aceptar tales condiciones, es un acto de subordinación y cooperación inaceptable para con el régimen y de falta de solidaridad entre partidos afectados, que más bien deberían estar rechazando semejante esquema y movilizando a su militancia para emprender acciones conjuntas de protesta y presión sobre el CNE para exigir condiciones que permitan el registro de todos los partidos que efectivamente reúnan las condiciones mínimas de militancia, regional o nacional para ser reconocidos.
En relación a aceptar o no las medias impuestas por el TSJ para sacar a la Asamblea Nacional del estado de desacato para retomar sus funciones, creemos que aceptándose cualquier condición la Asamblea continuará siendo declarada en desacato porque en ese estado no puede ejercer sus funciones. La aceptación de parte de la Asamblea de actuaciones del TSJ que excedan las competencias establecidas en la Constitución, lejos de permitir la normalización de las competencias de la Asamblea, constituiría la legitimación de decisiones ilegales e ilegítimas que la debilitan de manera injustificada, subordinándola y abriendo la puerta a otras decisiones semejantes que desconocerán su autonomía sometiendo todas sus actuaciones y decisiones a una aprobación judicial inconstitucional e inaceptable.
Por último, tenemos el dilema sobre aprobar o no contratos y nuevos endeudamientos para financiar al régimen a cambio de un cronograma electoral. La oposición cometería uno de sus peores errores estratégicos históricos si permitiese al régimen la obtención de recursos económicos adicionales. En primer lugar, porque ello equivaldría a poner en manos de administradores irresponsables que dilapidaron los mayores ingresos que el país ha tenido en su historia recursos adicionales que no serían administrados de manera distinta y que han generado hoy en día una deuda que ya no es un porcentaje significativo de nuestro PIB, sino su totalidad. En segundo lugar, porque tales recursos adicionales, lejos de aliviar las penurias de los venezolanos, servirían a dos fines menos sacrosantos: engrosar aun más las cuentas de quienes han utilizado sus vinculaciones con el gobierno para enriquecerse; y financiar la represión como único mecanismo que le queda a cualquier autoritarismo para mantenerse en el poder cuando ya no tiene el apoyo popular.
Finalmente, huelga decir que hoy, más que nunca, la oposición necesita unidad y coherencia. Venezuela se encuentra hoy ante una de sus encrucijadas históricas más trascendentales. Quien no comprenda esto o pretenda imponer intereses individuales o partidistas sobre los intereses colectivos no merece liderar este proceso y mucho menos a la Venezuela que toca reconstruir, pero que tiene el derecho a levantarse victoriosa y más grande que nunca de las ruinas de nuestra propia destrucción como nación. Es hora de emprender con desprendimiento y espíritu de grandeza esta empresa que no puede continuar postergándose.
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