De esos polvos
son estos lodos:
La oferta
económica de Hugo Chávez
Humberto García Larralde
La difícil situación económica por la que hoy
atraviesan los venezolanos obliga a recapitular lo ofrecido por el finado
presidente Chávez en materia económica, como base de su proyecto político. De
esos polvos vienen estos lodos. Sin desmerecer el impacto de su discurso
ideológico, lo que el caudillo supo
vender a sus compatriotas fue la idea sencilla de que merecían participar en el
usufructo de la riqueza social por encima de cualquier consideración basada en
méritos, talentos o esfuerzos productivos. La imagen de una Venezuela
pletórica en petróleo, minería, potencialidades turísticas y tierras fértiles,
pregonada durante décadas por los gobiernos democráticos, así como por Pérez
Jiménez, abonaba convincentemente a favor de esta reivindicación. Era tremendamente
injusto que en un país tan rico la mitad de su población viviese en condiciones
de pobreza. El solo hecho de ser venezolano,
más si encarnaba la mezcla racial que tipifica al pueblo en el imaginario de la “revolución”, debería dar derecho a
disfrutar de los frutos que nos había legado la generosa naturaleza. Esta tesis
se cerraba con broche de oro argumentando que con ello se cumpliría con la vida
digna que quiso Bolívar para los venezolanos, traicionada por una oligarquía
que se había apropiado de estas riquezas excluyendo al pueblo. Lo verdaderamente patriótico, en tanto daba vida a los
designios justicieros de El Libertador, era unirse al proyecto político de
Chávez. Quienes se oponían debían considerarse “apátridas”.
El proyecto de
Chávez
Esta prédica encontró terreno fértil en la crisis que
experimentó la estrategia de “sembrar el
petróleo” luego de los años ’70. La insurgencia de Chávez en el escenario
político se nutrió del resentimiento y la desesperanza que se generó por la
frustración de las expectativas, luego de la llamada “década perdida” de los
’80 y de la experiencia mal digerida de la liberalización económica de los ’90,
que tal estrategia había despertado. El caudillo abjuró de las reglas de juego
imperantes –de las instituciones- que constreñían el usufructo de una riqueza
de la que ahora solo quedaba la ilusión y ofreció cortar este nudo Gordiano (quizás con los consejos
de Giordani) barriendo a las cúpulas
podridas del contubernio adeco-copeyano del poder, culpabilizadas por negarle
al pueblo su legítima aspiración.
Torciendo la historia, invocó a un Bolívar “enemigo de la oligarquía”, ahora
“puntofijista”, para avalar su proyecto. Las reglas formales de la democracia
–el adjetivo de “burguesa” se le añadiría mucho tiempo después- no debían
contraponerse al puesto bajo el sol que el Libertador quiso fuese la República para
todos los venezolanos, bajo su
paternal conducción.
Sobre tal prédica se cimentó el pacto social que
alimentó el triunfo electoral de Chávez en 1998, cebándose en los
resentimientos, frustraciones, odios e ilusiones de gran parte del electorado.
Inspirado en la tesis del neofascista argentino, Norberto Ceresole –la unión directa
Ejército-Caudillo-Pueblo, sin organizaciones representativas intermedias-, se
dedicó sistemáticamente a demoler las instituciones que interferían con sus
insaciables apetencias de poder. El vacío de normas fue desplazado por
decisiones unilaterales y discrecionales de parte del Presidente, abusando
de su ejercicio de mando. Se fueron minando los mecanismos de mercado para la
asignación de recursos que, si bien se encontraban mediados por las prácticas
de lo que Juan Carlos Rey llamó “sistema de conciliación de élites” forjado
bajo la democracia, constituían un dispositivo pactado plurilateralmente entre fuerzas políticas, económicas y sociales.
En sustitución se implantó un arreglo orquestado desde el poder para el aprovechamiento
discrecional de la riqueza social, en desapego a criterios de racionalidad
económica y liberado de toda normativa que lo restringiera, a lo que he llamado régimen
de expoliación. El provecho del fruto económico sería determinado, cada vez
más, por relaciones de fuerza cristalizadas en una jerarquía de mando
“unicentrada” en torno al líder carismático y no por reglas de juego
institucionalizadas, fundamentadas en los derechos de propiedad y la
observación de los derechos individuales. La participación de la sociedad ya no
estaría sujeta a normas consensuadas, sino a transacciones arbitrarias de tinte
político que trocarían obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por
el derecho a usufructuar aunque fuese una pequeña porción de esa riqueza.
La profesión de un “socialismo del siglo XXI”
justiciero sin duda contribuyó a legitimar entre los creyentes esta cruzada de
demolición institucional, en nombre de una “revolución” que abatiría las iniquidades
que impedían su acceso al disfrute de la plétora material que les correspondía.
Es decir, invocando los deseos del Padre –el celestial y el nacional- se le
ofreció a los venezolanos el propio paraíso terrenal: “consumid sin el sudor de
tu frente”. Es éste el escenario por excelencia del populismo y del
clientelismo dispendioso, instrumentos para la conversión de ciudadanos
autónomos en masa desorganizada sometida a la voluntad de un autócrata.
Mientras creciera año a año los ingresos petroleros, tal arreglo era manejable: un juego suma-positivo de reparto discrecional entre élites y adeptos
hecho posible porque la torta “engordaba” de manera sostenida.
El socialismo
petrolero
El dispositivo que montó Chávez para manejar a
discreción el régimen de expoliación fue bautizado por él mismo como “socialismo petrolero”[1]. Consistió
en una batería de elementos articulados para maximizar la disponibilidad de
ingresos en manos del fisco y saltarse los controles sobre su usufructo y
aplicación. Ha hecho posible la constitución de una formidable base financiera
para la prosecución de los objetivos de política del Presidente a través de un
gasto público discrecional[2]. Con
ello procuró el
respaldo social y militar requerido para perpetuarse en el mando y lograr
mayores niveles de control político. Los mecanismos de reparto confeccionados en
la forma de “misiones” fueron centrales a estos fines. La política económica del gobierno desconectó el usufructo de la riqueza
social de condicionamientos basados en méritos, esfuerzos productivos, la
premiación del logro o la ética del trabajo. En ausencia de mecanismos de control, de
transparencia en el manejo de los recursos públicos y de rendición de cuentas, se
generó una estructura de complicidades para el usufructo irregular de la renta,
alimentada de lealtades y compromisos con el Gobierno. Desde el lado de la oferta de recursos financieros,
dependiente de los funcionarios que deciden el gasto; como de la demanda
–incluyendo la cadena de intermediarios, comisionistas y custodios de la
erogación-, conforman una suerte de mercado
político en el que los favores otorgados constituyen los activos y los
compromisos adquiridos o favores a retribuir (por las vías que fuesen)
constituyen los pasivos.
El proyecto “socialista del siglo XXI” no se
distingue por sus propuestas o alcances productivos, sino por las formas de
participación en el ingreso que pone en ejecución, fundamentadas de manera
directa en las relaciones de poder que se han ido consolidando a lo largo de
estos años a la par que se destruían las instituciones del Estado de Derecho.
Se ha ido decantando de manera cada vez más evidente una conducta patrimonialista de parte de los
conductores de esta “revolución”, entendida ésta como el usufructo de bienes
que son de patrimonio público –o pasan a serlo, vía expropiación- como si
fueran propios. Paradójicamente, bajo la prédica “socialista” y de la primacía
de lo colectivo sobre lo individual, son privatizados
los bienes públicos mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional
por parte de quienes detentan hoy el poder.
Los ingresos
del Estado chavista:
La renta
petrolera constituyó el elemento determinante de la viabilidad económica
del modelo “socialista”, como bien lo reconoció el presidente Chávez. Durante
los 14 años de su largo gobierno ingresaron al sector público casi $700
millardos por concepto de exportación petrolera, más $78 millardos por
endeudamiento externo neto (sector público). Si a ello se le suman las
exportaciones del Estado distintas del petróleo (incluyendo servicios), se
añadirían unos $31,2 millardos para todo el período reseñado, para un total de
$810 millardos. Todas son cifras oficiales del BCV. Es decir, para cada
habitante, los ingresos públicos de origen externo habrían aumentado desde unos
$450 en 1998 a $4.626 para 2012, un salto de 956%, ¡más de 10 veces!
Si se consideran los ingresos públicos de origen
doméstico, destaca el endeudamiento interno, que pasó de Bs. 2.535 millones en
el último año del gobierno de R. Caldera (II), a Bs. 255.260 en 2012, según
registros de MinFinanzas. Traducido a dólares según el tipo de cambio oficial
vigente para cada año, aumentó de unos $4,9 millardos en 1998 a 59,4 millardos
en 2012; un endeudamiento neto equivalente a $54,5 millardos. Adicionalmente,
el Gobierno Central pechó a las actividades no petroleras y al consumo,
principalmente del sector privado, por unos $295 millardos durante estos 14
años (BCV).
En total el Estado dispuso de una masa gigantesca de
recursos montante en más de $1,1 billones,
sin contar las utilidades que hubiesen podido generar las empresas públicas. En
términos per cápita, los ingresos públicos se habrían más que triplicado bajo
la larga presidencia de Chávez. El avance del proyecto “socialista” se reflejó
en un incremento significativo del peso del Estado en la actividad económica.
Numerosas expropiaciones, el incremento de la burocracia al calor de la fiebre
de regulaciones y controles instrumentados, y las cuantiosas dádivas
repartidas, hicieron que el gasto fiscal, equivalente a un 21,5% del PIB en
1998, pasara a ser de un 40% en los últimos dos años, incluyendo el gasto
parafiscal de PdVSA. Por su parte, el empleo en el sector público casi se
duplicó durante este lapso, pasando de 1,39 millones a 2,62 millones.
Asociado al gasto público dispendioso, que monetizaba un ingreso de origen externo que
no resultaba de esfuerzo productivo alguno –la renta internacional del petróleo-,
la liquidez monetaria se multiplicó 67 veces, con un innegable impacto
inflacionario, resistente a la baja. Por su parte, la merma de las reservas
internacionales, al traspasar las llamadas “reservas excedentes” al Fonden, y
al obviar la entrega del total de ingresos petroleros (en dólares) al BCV, se
tradujo en una reducción drástica del respaldo internacional del bolívar,
alimentando aun más las expectativas inflacionarias y de devaluación. De
acuerdo a la relación entre liquidez y reservas, el tipo de cambio debería
haber sido de Bs. 15/USA $ a finales de 2012, muy por encima de la tasa oficial.
Los estragos
del “socialismo del siglo XX1”
Las cifras de consumo privado e inversión bruta por
habitante en dólares (corregidos por la paridad de poder adquisitivo –PPA- del
bolívar) registran incrementos de un 67,5% y un 14,1%, respectivamente, durante
los 14 años de Chávez. Si bien es loable que el consumo privado promedio se
haya incrementado significativamente, la inversión bruta apenas lo hizo, aun
siendo 2012 año de gran impulso a la Misión
Vivienda. Alarma, además, que ambas cifras no guardasen proporción con el
incremento de los recursos externos percibidos por el Estado, los mayores –por
mucho- de toda su historia. ¿Por qué?
Desde luego, el salto en las cifras de ingresos
públicos se diluye si se toma en cuenta la economía como un todo. Pero ello no
explica el orden de magnitud de la desproporción antes aludida. ¿Qué pasó?
$165 millardos salieron del país por las cuentas Financiera de la balanza de pagos
durante el lapso reseñado, $46 millardos correspondientes al sector público.
Adicionalmente, por la cuenta de Errores
y Omisiones se fugaron otros 34 millardos. En conjunto, esta salida superó
en más de 10 veces la de los 40 años de democracia (1959-1998); 89% ocurrió luego de implantado el control de cambio.
Ello indica que CADIVI no tenía como finalidad contener la salida de divisas
-ni proteger las reservas internacionales, que permanecen en un nivel
precario-, sino racionarlas para uso preferencial de quienes hoy ocupan el poder.
Adicionalmente, PdVSA registró a fines de 2012 unos
$40 millardos en cuentas por cobrar, es decir, exportaciones facturadas pero
sin proventos en dinero, dado el generoso financiamiento otorgado a los países
importadores de nuestro petróleo (los asociados a PetroCaribe, que incluye a
Cuba, y otros). Cabe señalar que la deuda que registraba la empresa era,
precisamente, de $40 millardos para esa fecha, es decir, PdVSA se tuvo que
endeudar para mantener estas dádivas a los “amigos”, con el agravante de que la
tasa de interés de esta deuda es alta, mientras que a los “panas” se les cobra sólo
un 1%.
Más allá, el país tuvo que pagar el servicio de la
deuda externa que, junto al pago neto de dividendos sobre inversiones foráneas,
sumó $40,1 durante el período. Es decir, de los $810 millardos que fueron los
ingresos de origen externo que captó el Estado durante los 14 años de la era
Chávez, unos $280 millardos volvieron a salir o simplemente no entraron. Ello
refleja la magnitud de lo que dejó de consumirse o invertirse en el país.
Luego habrá que considerar la descomunal importación
de bienes y servicios, que aumentaron para 2012 casi 4 veces con relación al
último año de gobierno de Caldera II. Ello ha sido resultado de la destrucción
de la capacidad productiva doméstica, por lo que una tercera parte de la
demanda interna proviene ahora de las importaciones. Hace 14 años, esta
proporción era de apenas un 17,3%. Si bien estos son bienes y servicios para el
consumo y la inversión internos, una proporción no desestimable de lo importado
está representado por compras de material bélico, unos $12 millardos solo a
Rusia[3].
En lo interno, el desaguadero de recursos públicos
incluye el enorme subsidio otorgado al consumo doméstico de combustible, cuyo
costo de oportunidad (valor alterno de exportación) fue de al menos $15
millardos en 2012. Encima, el deterioro de la capacidad de refinación doméstica
ha obligado a importar gasolina y otros productos para suplir el mercado
nacional[4]. Éstos
se compran a precios internacionales, altos, para venderlos al precio doméstico
subsidiado. A esto debe añadirse los $174 millardos en gastos sociales y
asignaciones al Fonden por parte de PdVSA. Si bien ambos gastos favorecieron el
consumo, es obvio que, en el caso de la gasolina, ha contribuido con un enorme
despilfarro, amén de fomentar un lucrativo contrabando de extracción a países
vecinos. En lo que respecta al reparto a través de las misiones, habría
mejorado el consumo de los favorecidos, como revelan las cifras arriba
mencionadas, pero sin “enseñarles a pescar”, dejándolos al albedrío del Estado
para su sustento. Como si lo anterior no fuera preocupante, las empresas
básicas de Guayana están prácticamente quebradas y requieren transferencias
crecientes desde el Gobierno Central para mantenerse en operación. Por último,
se han acumulado cuantiosas deudas no registradas por concepto de amortización
de empresas expropiadas, tanto a nacionales como extranjeros, muchas de las
cuales están en litigio internacional. De fallarse en contra del Estado en
estos litigios, su posición financiera estará aun más comprometida.
Si a muchas de las transacciones macro examinadas se
les mete la lupa, se destapa una olla de guisos de todo tipo cocinados al
amparo de la impunidad y la complicidad. Cualquier venezolano podría hacer una
larga lista de los negociados realizados con los dineros públicos, porque
adquirieron notoriedad durante estos años. Para fines ilustrativos solo
recordaré lo del Plan Bolívar 2000; el Central Azucarero Ezequiel Zamora; la
putrefacción de decenas de miles de toneladas de alimentos que se importaron,
no para distribuirlas, sino para cobrar las comisiones; los sobre-precios
cobrados por Ruperti en el flete de crudo y productos; los contrabandos de
extracción de la mafia de la cabilla; los millones regalados en acciones de
compra venta de títulos de Bandes en EE.UU.; el “paleo” del fondo de jubilación
de los empleados de PdVSA; los $20 millardos en importaciones para 2012
declaradas fraudulentas por la nueva presidente del BCV; extorsiones a empresas
privadas facilitadas por la cantidad de permisos y autorizaciones obligadas por
un Estado regulador e intervencionista; y pare usted de contar. A ello habría
que añadir la “solidaria” subvención del régimen tiránico de los Castro que,
según algunos cálculos, estaría entre $5 millardos y $10 millardos al año,
cifra ésta incluida en la salida de capitales registrada arriba.
Por otro lado, no puede quedar fuera del análisis la
probabilidad de que la producción petrolera real y, por tanto, los ingresos por
exportación de crudo, hayan sido sustancialmente inferiores desde 2003 a lo
reportado por PdVSA. La despedida de casi la mitad de la nómina de PdVSA,
incluyendo a los empleados más experimentados, luego del paro cívico, y la
desviación de fondos para el gasto parafiscal (misiones y Fonden) en detrimento
de la inversión y los gastos de mantenimiento, sin duda dejó su huella. El OPEC Monthly Report registra una
producción para Venezuela durante el período 2003-2012 inferior en 22,1% al que
proclama el gobierno.
En realidad, con los compromisos de gasto parafiscal
asumidos, el creciente endeudamiento -tanto para sostener la caja de la empresa
como para alimentar el mercado paralelo de divisas-, el servicio de la deuda
con China -sin compensación para PdVSA-, y la caída en la producción, el futuro
de la industria petrolera nacional se encuentra cada vez más comprometido.
Ahora PdVSA acude a nuevos endeudamientos con China, Chevron, Rosneft (rusa) y
Schlumberger, entre otros, para que las empresas mixtas acordadas con éstos
puedan mantener sus actividades. Si se otea lo que está ocurriendo en el
mercado petrolero internacional, el horizonte presenta aun mayor nubosidad. El
desarrollo tecnológico para la extracción de petróleo de esquistos augura la
autosuficiencia petrolera de Estados Unidos antes de que finalice la década, y
una eventual competencia como exportador en un futuro más lejano. China,
Argentina y otros países ricos en este tipo de yacimientos, están prestos a
seguir el ejemplo estadounidense. Por otro lado, los altos precios actuales del
crudo justifican enormes inversiones en la búsqueda de alternativas
tecnológicas, como las celdas de hidrógeno, que sustituirían la gasolina en los
automóviles y demás vehículos. De manera que un escenario previsible, aunque no
necesariamente sea una fatalidad, es el de debilitamiento de la demanda
internacional por crudos y, por tanto, de sus precios.
El llegadero
Como plantea el dicho, “de tanto que va el cántaro al
agua, se rompe”: se revelaron
insuficientes aun los descomunales proventos petroleros de los últimos años
para los esquemas de reparto, los regalos a países “amigos”, el despilfarro por
incompetencia y los voraces apetitos por el dinero mal habido. Se les acabó la
fiesta a los “revolucionarios”, lamentablemente a expensas de la inmensa
mayoría de los venezolanos. Para asegurar la victoria electoral del 2012, se
botó la casa por la ventana: ante la
extendida malversación del erario público, así como de todo tipo de recursos
del Estado, en actividades proselitistas del oficialismo, sin control alguno, el
déficit del sector público habría cerrado en un 15% del PIB. Por su parte, la
escasez de divisas resultante provocó un abismo entre el dólar oficial y la
cotización del mercado negro, unas 5 veces superior. Se llegó al llegadero del
gasto dispendioso. Frente al desabastecimiento de bienes y servicios, la
inflación, la pérdida de reservas internacionales y el deterioro de salarios y
del poder adquisitivo de la población, no hay capacidad de respuesta. Mientras,
las universidades se paralizan en protesta por la desidia gubernamental ante el
reclamo salarial de los profesores y empleados, y la insuficiente dotación de
presupuesto; no hay cómo honrar muchos contratos colectivos con empleados y
trabajadores públicos, ni bases para entablar negociaciones satisfactorias de
los contratos vencidos; centenares de miles de maestros se preparan para un
conflicto previsible, dados los bajísimos sueldos que reciben; igual, los
trabajadores de la salud; los apagones siguen azotando al país, a pesar de los
planes anunciados; los dólares de CADIVI no alcanzan; y la dotación de diversas
misiones empieza a mermar.
La inhabilitación de los mecanismos de la competencia
para proveer una abundancia de bienes y servicios a precios estables, y su
sustitución por controles de precio y métodos policíacos de vigilancia y
castigo a infractores, ha exacerbado la inflación, la más alta de América
Latina y, posiblemente, del mundo. Peor aun, con las recientes devaluaciones y,
en ausencia de dispositivos de corrección, propios del libre juego entre oferta
y demanda, cada productor o comerciante se ha lanzado por la libre a aumentar
los precios de los bienes y servicios que ofrece, so pena de perder la carrera
ante los incrementos de los demás. El pass-through
de la devaluación a los precios internos de ninguna manera explica las alzas
recientes, muy superiores, ante las cuales las medidas policíacas del Indepabis
y el Sundecop sólo agarran al más pendejo:
en absoluto contienen la inflación.
Como el gobierno se ha visto contra la pared, ha buscado
un entendimiento mínimo con el sector privado a fin de aliviar en algo la
políticamente costosa inflación con escasez que abruma a los venezolanos.
Asimismo, se evidencian tímidos acercamientos al “imperio”. Hasta aquí, una
pizca de racionalidad prometedora para el país. Pero los resortes ideológicos
de un régimen obligado a inventar enemigos para tapar sus irresponsabilidades e incompetencias -en la más pura tradición
fascista-, y los intereses creados en torno al régimen de expoliación implantado, son demasiado traicioneros. Eso
explica que, a la par de los atisbos de cordura mencionados, se sigue
inventando “conspiraciones”, “magnicidios” y, dando pena ajena, se llega hasta recoger
la senil denuncia de José Vicente Rangel sobre los 18 aviones de combate
comprados por la oposición para agredir, desde Colombia, a la “revolución”
(¡!). Más aun, se emprende una ofensiva contra Colombia, acusando a factores de
ese país de todo tipo de desmanes contra Maduro –en connivencia con el imperio
y la “extrema derecha” (¿?) venezolana-, cuando es precisamente desde Colombia
que pueden resolverse, en el corto plazo, buena parte del abastecimiento de
productos alimenticios que tanto preocupan al gobierno. Luego, el
presidente-mientras-tanto no se le ocurre cosa mejor que seguir denunciando una
“guerra económica” de la “derecha” para sacudirse de encima la responsabilidad
de los gobiernos chavistas en el desastre engendrado.
Definitivamente, el sectarismo embrutece. ¿O será
simple cinismo desvergonzado de los enchufados?
[1]“Este es un socialismo
petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en
Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la
revolución socialista”, declaraciones
recogidas por el diario, El Nacional,
Pág. 4 Nación, 30 07 07.
[2] Ver el anexo que acompaña el presente artículo.
[4] Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Venezuela estaba
importando 129.000 barriles de combustibles desde ese país para finales del
primer cuatrimestre de 2013.
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