GERARDO BLYDE
En los próximos días la Asamblea Nacional producirá el nombramiento de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (aunque no de la Sala Constitucional, pues sus siete magistrados aún no tienen sus períodos vencidos), algunos rectores del CNE y la trilogía constituida por quienes encabezarán la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Mucho se ha dicho sobre la falta de independencia de los poderes públicos desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, siempre resaltándose sus actuaciones en casos emblemáticos.
Algunos han señalado que esto es afirmado sólo por la notoriedad de algunos casos, pero que en su actividad cotidiana de control de la constitucionalidad o legalidad de los actos emanados del Gobierno Nacional o de la propia Asamblea Nacional, los poderes públicos sí han actuado con independencia para restablecer el orden infringido.
Un concienzudo estudio redactado a cuatro manos por los abogados Canova, Herrera, Rodríguez y Graterol demuestra que no es cierto que haya habido generalizaciones interesadas para dañar la imagen de los poderes. Al profundizarse en cómo ha decidido el Tribunal Supremo de Justicia los casos en los cuales se ha demandado al Estado alegando ilegalidades o inconstitucionalidades en sus actuaciones, este estudio revela verdades muy crudas. Ya está publicado bajo el título "El TSJ al servicio de la Revolución"(recomiendo particularmente su lectura, pues nos sitúa frente a la realidad existente).
Sólo algunas cifras tomo de este extraordinario trabajo a manera de ejemplo. Entre los años 2005 y 2013 la Sala Constitucional conoció de 1.732 demandas sobre control de los poderes públicos de las cuales sólo 116 fueron declaradas con lugar (es decir, a favor del accionante), lo que equivale al 7%. Al discriminarlas por tipo de procedimiento, las cifras que revela el estudio señalan lo siguiente: Amparo contra actos, 570 decisiones, sólo 12 con lugar (2%); Amparo contra leyes, 26 decisiones, ninguna con lugar; Recurso de Interpretación, 166 decisiones, sólo 23 con lugar (14%); Recurso de Nulidad, 495 decisiones, sólo 60 con lugar (12%); Recurso de colisión, 44 decisiones, 1 con lugar (2%); Controversia constitucional, 11 decisiones, ninguna con lugar; Omisiones de los poderes públicos, 40 decisiones, sólo 2 con lugar (5%); Avocamiento, 130 decisiones, 11 con lugar (8%); Protección de derechos colectivos, 53 decisiones, sólo 6 con lugar (11%); y, finalmente, Hábeas data, 197 decisiones, 1 con lugar.
Este es apenas un cuadro de todo lo que contiene este revelador libro. Valdría la pena realizar estudios similares con las actuaciones de cada uno de los otros poderes públicos.
Para que exista un Estado Democrático de Derecho y de Justicia, tal como reza nuestra Constitución, debe haber instancias a las que los ciudadanos puedan acudir a solicitar protección y tutela de sus derechos. Esas instancias deben, de manera imparcial y bajo el examen directo de los hechos y el derecho alegados, decidir sobre el restablecimiento del orden jurídico infringido por el Estado. Si esas instancias sirven al poder y no a los ciudadanos, han confundido y equivocado completamente su razón de ser, la causa misma de sus propias existencias. Han tergiversado quién es en democracia el verdadero soberano, que no es otro que el pueblo constituido por ciudadanos libres.
La división del poder existe sólo para proteger al ciudadano del poder mismo, para que exista un esquema institucional de pesos y contrapesos que pongan límites a excesos, abusos, actuaciones arbitrarias, ilegales o inconstitucionales. Cuando hablamos de independencia de poderes, hablamos esencialmente de un sistema que garantice que el orden jurídico establecido a favor de los ciudadanos -no del gobernante- tenga quien lo cuide, salvaguarde y lo haga prevalecer.
Por lo que se dice, amaneceremos el próximo año con nuevos integrantes en estos poderes. ¿Tendrán el valor de actuar de manera autónoma para garantizarles a los venezolanos el imperio de la ley? Si nos guiamos por la conducta asumida durante los últimos años por la mayoría de los que ahora ocupan los altos cargos, no tenemos muchas esperanzas de que eso suceda.
El 2015 será un año duro tanto en lo económico como en lo social. Ello derivará en profundización de la crisis política. Necesitaremos instituciones fuertes, comprometidas con el orden democrático y constitucional, independientes y defensoras del ciudadano.
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