Angel Oropeza
La intimidación es una vieja estrategia psicológica que intenta mostrar un poder sobre los demás a través de la amenaza o el temor. Con frecuencia se utiliza como “máscara” para que los otros se atengan a esa imagen de supuesta fortaleza, y evitar así el riesgo que puedan ver la real debilidad de quien se esconde detrás de tal artificial careta. Así, la recurrencia desesperada a la intimidación es el recurso de los frágiles para evitar quedar desnudos en su impotencia.
En sus momentos de mayor debilidad, el actual gobierno recurre con frecuencia a una risible intimidación que no busca tanto engañarse a sí mismo como a esperar que los demás crean en su inexistente fortaleza. Y el último de estos episodios lo veremos en los próximos días a propósito de la llamada “renovación” de los poderes públicos, en especial de la directiva del CNE.
El nuestro es un gobierno precario. Carcomido hasta los tuétanos por la corrupción y la ineficiencia, sufre un inocultable deslave en sus bases de apoyo, que escapan de la fidelidad oficialista en respuesta a la indolencia y degradación de su dirigencia. Pues bien, esta administración, signada por el “apúrate-a-robar-rápido-y-todo lo que puedas-porque no sabemos cuánto va a durar esto”, aspira a una “repartición” de cargos en el CNE que no sólo es contrario a lo que estipula la Constitución, sino que es igual a la que se impuso en la época dorada del chavismo, cuando gozaban de un inmenso apoyo ciudadano y de un gobierno que, a pesar de sus lacras, mostraba una innegable fortaleza.
Con una arrogancia que oculta su enorme fragilidad, el oficialismo plantea que el país que se le opone –que a diferencia de entonces constituye hoy una abrumadora mayoría– se “contente” con una exigua y casi simbólica representación en la nueva conformación de los poderes públicos, como si estuviéramos congelados en 2006.
De imperar un mínimo de sana racionalidad, la fragilidad institucional del actual gobierno debería justamente llevar a la dirigencia oficialista a buscar reforzar su piso de estabilidad democrática, recogiendo y dando cabida en las estructuras del Estado a la gigantesca fuerza del país que le es contraria.
En los actuales momentos, el gobierno –aunque lo niegue o no lo quiera ver– necesita canalizar las fuerzas que se le oponen dentro de los canales de la institucionalidad democrática, precisamente por su peligrosa precariedad. La oposición democrática es la adversaria de la actual clase política gobernante, no su enemiga. Por el bien del país –e incluso de ellos mismos– la quiere desplazar democráticamente del poder, no aniquilarla ni destruirla. Pero para entender esto hace falta una dosis imprescindible de inteligencia en la jerarquía oficialista, y lamentablemente ésta parece haber desaparecido intoxicada por las delicias del poder y de la riqueza fácil.
La respuesta popular debe ser de rechazo absoluto a cualquier conformación de los poderes públicos que ignore la actual situación política del país, caracterizada por un rechazo mayoritario a quienes hoy gobiernan, fracturas crecientes en las bases de sustentación del oficialismo, y un peligroso e indeseable riesgo de ingobernabilidad.
Fuerte es quien puede, no quien lo grite. Un ratón, por más que trate de rugir, no deja de ser quien es. Y el nuestro es un gobierno tan gritón y arrogante como decadente y frágil. De cara a 2015, hay que recordar que más allá de las conocidas corruptelas de los representantes del PSUV en el CNE, las elecciones se ganan en la calle y en las mesas. Es necesario organizar el enorme descontento popular y transformarlo en una poderosa fuerza política que le pase por encima a cualquier directiva electoral espuria, y que haga indetenible un triunfo contundente en las próximas elecciones parlamentarias, no sólo para que la Asamblea Nacional sea en verdad útil al pueblo, sino como primer paso para viabilizar el necesario cambio político. Por el bien incluso de los oficialistas.
@angeloropeza182
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