martes, 21 de junio de 2016

Jubilados y pensionados en el exterior no pueden esperar

Carlos Tablante

Doce mil venezolanos de la tercera edad, muchos de ellos enfermos y solos, están abandonados a su suerte en varios países. Desde hace más de medio año, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) – vía Cencoex- no le paga sus pensiones y jubilaciones. Estos conciudadanos que trabajaron toda su vida en Venezuela y que tuvieron que radicase en el exterior por razones de salud o familiares, entre otras, se encuentran en una situación desesperada.
Desde hace por lo menos seis meses, y algunos inclusive más, no disponen de dinero para pagar alquiler de vivienda, alimentos o medicinas y prácticamente subsisten de la solidaridad de familiares, vecinos o de la caridad pública de los países donde residen. Aunque algunos ni esa suerte tienen.
La Asamblea Nacional, por iniciativa de la Comisión de Política Exterior que preside el diputado Luis Florido, ha convocado en dos oportunidades a los responsables del caso: El presidente del Cencoex, Rocco Albisinni, el vicepresidente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Laviosa, y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), General Carlos Rotondaro. Ninguno ha acudido, ninguno ha dado la cara a los miles de venezolanos, entre pensionados, jubilados y también estudiantes, que se encuentran a la deriva en el exterior.
Si bien la situación de los jóvenes es grave, peor es aún la de los pensionados y jubilados, muchos de los cuales no pueden buscar otras fuentes de ingresos por su avanzada edad o su estado de salud.
Se trata de un derecho constitucional que el Estado no puede cercenar. El Artículo 80 de la Constitución Nacional, en cuya promoción y redacción estuve directamente involucrado como Constituyente y que fue producto de la larga lucha de muchos sectores de la sociedad, establece que ” el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
La excusa que han recibido como respuesta ha sido que “Cencoex no dispone de las divisas necesarias para cumplir con el compromiso”. Haciendo números, un mes de pensiones de 11.700 personas equivale aproximadamente a 17 millones de dólares a la tasa de Bs 10, anunciada para estos fines en marzo por el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad. Han pasado tres meses y medio de absoluto silencio de las instituciones responsables y los jubilados y pensionados siguen sin recibir su dinero. Ni las instituciones involucradas ni mucho menos los consulados de Venezuela proporcionan ninguna información a los desesperados ciudadanos que haciendo un gran esfuerzo físico y económico logran apersonarse en las respectivas sedes.
A diario vemos cómo el régimen despilfarra sin reparo millonarias sumas en viajes, escoltas, operativos militares sin sentido y compra de armamento y material antidisturbios. Todos los días llegan noticias y hasta evidencias fotográficas del estilo de vida grotesco de la casta cívico-militar que robó 400 mil millones de dólares a los venezolanos que ahora pasan penurias y desgracias por falta de alimentos, medicinas, agua y electricidad, y sobre todo, seguridad. Algunos responsables del régimen quieren negar la realidad, tratan de tapar el sol con un dedo, como aquella funcionaria que dijo que Venezuela tenía comida para alimentar tres países, entre otras divagaciones dignas de los músicos del Titanic.
Para personas que tienen setenta, ochenta años y que además están enfermas, un día es mucho tiempo, una mes es una eternidad y seis meses de espera por un derecho humano y constitucional, es un crimen.
Siempre hemos diferenciado entre la casta enquistada en el alto gobierno, enriquecida en base al saqueo del dinero de todos los venezolanos y los funcionarios públicos que en su mayoría, estamos seguros, desean lo mejor para su país y para sus conciudadanos. Nos negamos a pensar que no haya en los organismos responsables de este caso, personas con el corazón y la conciencia suficientes para responder con prontitud y justicia a estos miles de venezolanos que dieron su vida y su trabajo a Venezuela y que ahora no piden al Estado otra cosa que no sea el cumplimiento de un deber y el respeto a su dignidad.


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