Grupo La Colina

LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (CDI) ESTÁ ACTIVADA

     Emilio Nouel V.

Hemos escuchado y leído sobre la última reunión del Consejo Permanente (CP) de la OEA interpretaciones erróneas, incluso jurídicas, acerca de lo que en definitiva allí ocurrió en el Caso Venezuela.

No voy a explayarme sobre los enfoques generados al respecto por la ignorancia, los simplismos o los intereses políticos subalternos.

Desde el mismo momento en que el SG  de la OEA, Luis Almagro, introdujo su petición de reunión del CP para considerar un Informe suscrito por él sobre la grave situación venezolana, basado en el artículo 20 de la CDI, ésta se activó. No tengo la menor duda.
La primera fase del mecanismo contemplado por aquel instrumento se cumplió, independientemente de que no fuera acordado expresamente por esa instancia.

Estas fueron las palabras de Almagro: “Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice ‘una apreciación colectiva de la situación’ en Venezuela y adopte ‘las decisiones que estime conveniente’".

Para que tal ‘apreciación colectiva’ ocurra es necesario tal impulso procedimental, el cual  podía realizarlo o un Estado miembro o el mismo SG.

No comparto, por tanto, la opinión de algunos de que la CDI no está activada ya. Para éstos pareciera que sólo se ‘activa’ cuando se vota alguna medida por parte del CP o cuando se adopta una sanción.  Éstos son presa de los formalismos o las solemnidades jurídicas.

Según el Diccionario de la Academia de la Lengua española, activar es “Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo”.

Al ejercer una competencia que le otorga la CDI, el SG está disparando un procedimiento, poniendo en acción un mecanismo previsto en ese instrumento jurídico. Que este llegue o no a una conclusión, no significa que el dispositivo no haya sido activado.

A mi juicio, el SG Almagro impulsó la aplicación de la CDI hasta donde él está facultado, todo de conformidad con el marco de sus atribuciones. Incluso expresó claramente su propósito al final de su Informe: “El objetivo hoy no es castigar ni sancionar a Venezuela. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia”.

Es decir, el SG ha abierto una fase inicial que apunta a la consideración por parte de los decisores, de un problema a resolver.

Es más, el propio Almagro interpreta que la Carta ya está activada, cuando declara, con posterioridad a la reunión del CP del pasado 23 de Junio, que se está “en el proceso de ‘evaluación colectiva’ de Venezuela, al amparo de la CDI”.

¿Cómo afirmar entonces lo contrario, jurídicamente hablando?

Lo que ha pasado es que muchos esperaban candorosamente que de una vez se aceptara el Informe del SG y se asumiera una posición condenatoria del gobierno de Venezuela, aun cuando, por cierto, se pudo inferir de varias intervenciones que lo planteado por Almagro es compartido.

Particularmente, quien escribe estas líneas albergaba la esperanza de que al menos se aprobara la creación de un grupo de países amigos que abordara el caso venezolano, quedando así asumido un rol central de parte de la OEA. 

Pero como se ha dicho hasta la saciedad, y ocurre en las cosas de Palacio, en los ambientes diplomáticos también todo va despacio, y detrás de bastidores se pueden estar moviendo hilos que no son evidentes al observador de a pie.

En el Caso Venezuela, es probable que los representantes de los países en la OEA se mantengan a la espera del desarrollo de los acontecimientos al interior del país y de los contactos informales que se vienen dando entre los distintos actores nacionales e internacional que están involucrados en nuestro drama.

No descartaría que un gobierno, a partir de como vayan dándose los eventos internos, pida, de conformidad con la normativa, una nueva reunión del CP.

Las gestiones que adelantan los 3 ex presidentes designados desde UNASUR, han sido vistas con buenos ojos en la OEA y gozan, en principio, de su apoyo.

Es posible que ese grupo pueda ser ampliado tal y como lo plantearon algunos gobiernos.

No obstante, si nos atenemos a las palabras de Almagro, por lo pronto, se está haciendo, a la chita callando, la ‘evaluación colectiva’ de Venezuela, conforme al procedimiento de la CDI. Es decir, se está  aplicando esta última.

Una sanción para el gobierno de Venezuela, como sería la suspensión de su membresía en la organización, no está planteada.

Lo que sí es ya un triunfo para los demócratas venezolanos es que ha sido conocida y reconocida por la mayoría de los gobiernos del continente, incluso algunos que votaron con el de Maduro en la OEA, que hay una crisis gravísima en nuestro país.

Que, igualmente, el camino hacia una sanción política y moral es ahora más factible.

Que en los organismos internacionales no valdrán las marramucias de una canciller de muy lamentable performance y de sus amanuenses, para impedir que  se sepan los atropellos que cometen contra el Estado de Derecho y la democracia. La derrota sufrida en las votaciones lo demuestra.
Está visto que la lucha desigual que estamos librando los venezolanos contra un gobierno incapaz de gobernar, corrupto y perverso, está teniendo también un sustento formidable en el ámbito internacional, en este particular, en el Sistema Interamericano. No estamos solos.
La CDI está activada gracias a la valentía y consecuencia de un funcionario internacional que ha puesto por delante los valores de la democracia y la libertad.

EMILIO NOUEL V.