Un problema de todos
Las catástrofes naturales, las guerras y las crisis económicas generan emigrantes y refugiados que huyen por miedo o hambre. Las guerras en África y Asia están desestabilizando a toda Europa Occidental; en los ochenta las guerras en Centroamérica expulsaron a millones de sus países. ¿Cuáles serán las consecuencias para los gobiernos del continente si el deterioro social, político, económico y de seguridad de Venezuela sigue creciendo? La diáspora venezolana ya está en marcha, pero, ante la crisis humanitaria que se ha desatado y el peligro de una mayor conflictividad, se puede afirmar que lo peor estaría por venir.
En los últimos dos años más de 50.000 venezolanos han sido asesinados por la falta de seguridad, la inflación de alimentos supera 700% y las fábricas privadas y públicas están paralizando su producción por falta de insumos. La escasez de medicinas y comida está generando muertes y saqueos todos los días. Los cortes de energía y agua han forzado a reducir la semana laboral y escolar. Más de un millón de personas han huido del país en la última década, el 90% en los últimos cuatro años. La desesperación y la irritación están creciendo aceleradamente. Hay brotes espontáneos de violencia todos los días. Una anarquía que deja la sensación de que no hay gobierno.
El Gobierno del Maduro se considera víctima de una guerra económica, pero la mal llamada revolución bolivariana no ha enfrentado una guerra contrarrevolucionaria como la que vivió Nicaragua en los 80 y tampoco un embargo como el que ha soportado Cuba durante medio siglo. Las relaciones comerciales y diplomáticas de Venezuela son normales con todo el mundo; EE UU no ha dejado de comprarnos petróleo, nadie nos ha agredido, ni cerrado mercados. El único culpable del desastre económico venezolano es el actual gobierno. El manejo en extremo festinado e ineficiente de la bonanza petrolera que ya concluyó, el desmantelamiento de la casi totalidad de la planta productiva y comercial del país y la pelea permanente con los empresarios, han derivado en emergencia humanitaria.
El año pasado la oposición unida ganó en las elecciones parlamentarias obteniendo la mayoría absoluta con 112 de los 167 escaños que tiene la Asamblea Nacional. Durante 17 años el gobierno se jactó de ser democrático, pero esta victoria de la oposición acabó con la farsa y ahora el gobierno de Maduro se ha alejado completamente de la Constitución y la democracia. No respeta las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, rechaza la realización del referéndum revocatorio establecido por la constitución y demandado por los venezolanos, se opone a programar las elecciones de gobernadores, se niega a liberar a decenas de presos políticos, prohíbe el derecho de manifestación pacífica en el momento en que los ciudadanos tienen razones para protestar y se empecina en hacer más de lo mismo frente a la calamidad económica y social que ha creado.
El anterior gobierno argentino perdió las elecciones y entregó el poder, el gobierno brasileño rechazó políticamente las disposiciones de su parlamento, pero las aceptó; el gobierno de Nicaragua se entiende sin problemas con los empresarios, Cuba restablece relaciones con Estados Unidos y los guerrilleros de las FARC están por firmar la paz con el Gobierno colombiano. Maduro se empeña en mantenerse gobernando por la fuerza, afectando el futuro y exponiendo al país a un desastre humanitario. ¿Cuántos cientos de miles de refugiados y emigrantes venezolanos están dispuestos a aceptar los gobiernos de la región?, ¿Cuántos Chapos, Pablos y grandes capos tendrá que perseguir el mundo si Venezuela termina convertida en una gran retaguardia criminal?
Los opositores venezolanos somos clara mayoría y estamos organizados en partidos políticos, no estamos armados, no creemos ni promovemos la violencia, al contrario, en sentido estricto somos el mecanismo principal para evitarla. No podemos dar, ni queremos que nadie dé, un golpe de Estado. No queremos venganza ni persecución, no deseamos repetir la intolerancia que hemos sufrido, eso no ayudaría a resolver la crisis económica que sufren millones de venezolanos. Queremos un cambio legal ordenado y pacífico que permita reconciliar al país y reconstruir su economía. En definitiva, lo único que pedimos es que se respete la constitución y las leyes para que los venezolanos podamos votar y decidir mediante un referéndum revocatorio, establecido en el artículo 72 de nuestra carta magna.
En los últimos dos años más de 50.000 venezolanos han sido asesinados por la falta de seguridad, la inflación de alimentos supera 700% y las fábricas privadas y públicas están paralizando su producción por falta de insumos. La escasez de medicinas y comida está generando muertes y saqueos todos los días. Los cortes de energía y agua han forzado a reducir la semana laboral y escolar. Más de un millón de personas han huido del país en la última década, el 90% en los últimos cuatro años. La desesperación y la irritación están creciendo aceleradamente. Hay brotes espontáneos de violencia todos los días. Una anarquía que deja la sensación de que no hay gobierno.
El Gobierno del Maduro se considera víctima de una guerra económica, pero la mal llamada revolución bolivariana no ha enfrentado una guerra contrarrevolucionaria como la que vivió Nicaragua en los 80 y tampoco un embargo como el que ha soportado Cuba durante medio siglo. Las relaciones comerciales y diplomáticas de Venezuela son normales con todo el mundo; EE UU no ha dejado de comprarnos petróleo, nadie nos ha agredido, ni cerrado mercados. El único culpable del desastre económico venezolano es el actual gobierno. El manejo en extremo festinado e ineficiente de la bonanza petrolera que ya concluyó, el desmantelamiento de la casi totalidad de la planta productiva y comercial del país y la pelea permanente con los empresarios, han derivado en emergencia humanitaria.
El año pasado la oposición unida ganó en las elecciones parlamentarias obteniendo la mayoría absoluta con 112 de los 167 escaños que tiene la Asamblea Nacional. Durante 17 años el gobierno se jactó de ser democrático, pero esta victoria de la oposición acabó con la farsa y ahora el gobierno de Maduro se ha alejado completamente de la Constitución y la democracia. No respeta las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, rechaza la realización del referéndum revocatorio establecido por la constitución y demandado por los venezolanos, se opone a programar las elecciones de gobernadores, se niega a liberar a decenas de presos políticos, prohíbe el derecho de manifestación pacífica en el momento en que los ciudadanos tienen razones para protestar y se empecina en hacer más de lo mismo frente a la calamidad económica y social que ha creado.
El anterior gobierno argentino perdió las elecciones y entregó el poder, el gobierno brasileño rechazó políticamente las disposiciones de su parlamento, pero las aceptó; el gobierno de Nicaragua se entiende sin problemas con los empresarios, Cuba restablece relaciones con Estados Unidos y los guerrilleros de las FARC están por firmar la paz con el Gobierno colombiano. Maduro se empeña en mantenerse gobernando por la fuerza, afectando el futuro y exponiendo al país a un desastre humanitario. ¿Cuántos cientos de miles de refugiados y emigrantes venezolanos están dispuestos a aceptar los gobiernos de la región?, ¿Cuántos Chapos, Pablos y grandes capos tendrá que perseguir el mundo si Venezuela termina convertida en una gran retaguardia criminal?
Los opositores venezolanos somos clara mayoría y estamos organizados en partidos políticos, no estamos armados, no creemos ni promovemos la violencia, al contrario, en sentido estricto somos el mecanismo principal para evitarla. No podemos dar, ni queremos que nadie dé, un golpe de Estado. No queremos venganza ni persecución, no deseamos repetir la intolerancia que hemos sufrido, eso no ayudaría a resolver la crisis económica que sufren millones de venezolanos. Queremos un cambio legal ordenado y pacífico que permita reconciliar al país y reconstruir su economía. En definitiva, lo único que pedimos es que se respete la constitución y las leyes para que los venezolanos podamos votar y decidir mediante un referéndum revocatorio, establecido en el artículo 72 de nuestra carta magna.
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