Grupo La Colina

Ojos sobre Venezuela. Boletín N° 11, 25 junio-1 de julio |2017|

Protestas

Se cumplen 92 días de manifestaciones antigubernamentales contra el golpe de Estado judicial y la convocatoria de una asamblea constituyente. Según las cifras oficiales del Ministerio Público, en una semana se suman 10 muertes en el marco de las protestas, para 86 decesos. La Fiscalía General de la República investiga 450 casos de violación de DDHH. Hay 853 lesionados atribuidos a la actuación de los organismos de Seguridad del Estado. Varios diputados resultaron  heridos en diversos episodios esta semana.

La Asociación de Víctimas de la Represión contabilizó 3.529 detenciones, de los cuales permanecen presos más de 1.188 manifestantes. Más de 400 civiles han sido presentados en tribunales militares.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que 376 comunicadores fueron agredidos desde el 1 de abril, en 238 casos documentados. En 170 episodios acusan a funcionarios policiales o de la Guardia Nacional (GN). 33 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la cobertura de las protestas.

La Fiscalía citó como imputado al excomandante de la GN, general Antonio Benavides Torres, por “graves y sistemáticas violaciones a los DDHH”. También el Ministerio Público citó al jefe de la Policía Política (SEBIN), Gustavo González, por la misma causa.

La represión escala en violencia al hacerse las protestas más frecuentes y extendidas en el país. Crecen los saqueos y vandalismo por los grupos de civiles armados afectos al oficialismo, que actúan bajo la protección de la GN.

Poderes públicos.

El presidente Nicolás Maduro amenazó, de nuevo, con encarcelar al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, y a otros dirigentes de la Oposición, acusándolos de intentar un golpe de Estado para propiciar la intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela. Dijo que lo que no pueda conseguir “con votos, lo haríamos con armas”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que transfiere las competencias penales exclusivas de la Fiscal General de la República y del Ministerio Público al Defensor del Pueblo (Ombudsman). El TSJ aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por un diputado del oficialismo para enjuiciar a la Fiscal General, Luisa Ortega, y le prohibió salir del país y enajenar y gravar todos sus bienes y congeló todas sus cuentas bancarias. El TSJ también declaró inadmisible el recurso presentado por la Fiscal para suspender las bases comiciales de la asamblea constituyente que se elegirá el 30 de julio.

La Fiscal General, Luisa Ortega, dijo desconocer la sentencia del TSJ que confirió al Defensor sus atribuciones penales. Denunció la subordinación del Poder Judicial a la Policía Política (SEBIN), lo que convierte a Venezuela “en un Estado policial”. Al TSJ lo acusó de ser “una especie de corte totalitaria”.

La Fiscalía General solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para los fiscales.

El Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, acusó a la Fiscal Luisa Ortega de “dirigir o participar” en un golpe de Estado contra Maduro.

El Ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, apoyó en declaración pública que los civiles sean procesados por tribunales militares. El Ministerio del Interior ofreció 40.000 plazas para que los jóvenes se incorporen a la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

La Asamblea Nacional sufrió un asedio de cuatro horas por grupos oficialistas. El comandante del pelotón de la GN que custodia a la AN, agredió verbal y físicamente al presidente del Parlamento, diputado Julio Borges, y golpeó a dos diputadas y una periodista. Diputados exigieron al coronel Vladimir Lugo explicación por el ingreso al Parlamento, sin autorización, de maletines con el logotipo del CNE (Consejo Nacional Electoral). Opositores dijeron que el Gobierno pretendía “sembrar” armas en la AN para justificar una intervención del Poder Legislativo. Diputadas golpeadas pidieron al Ministerio Público medidas de protección contra el coronel Lugo.

Presidente Nicolás Maduro condecoró con la orden Cruz de la Guardia de Honor al coronel Vladimir Lugo y apoyó la agresión contra el Parlamento.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, rechazó la amenaza del presidente Nicolás Maduro, según la cual “lo que no se pueda con los votos (para la asamblea constituyente), se podrá con las armas”. Borges afirmó que “Maduro quiere quedarse en el poder a través de la sangre” y dijo que esto debe ser una alerta mundial.

El CNE solicitó ampliar de 100 a 500 metros el perímetro de seguridad de los centros electorales para impedir que manifestantes boicoteen la elección de la constituyente, el 30 de julio.

Defensor del Pueblo dijo que usará las facultades penales que le dio el TSJ para investigar violaciones a los DDHH. Aseguró que al preso político,  Leopoldo López, se le ofreció medida sustitutiva de casa por cárcel y negó que haya sido torturado, como denunció él la semana anterior.

Diputados de la Unidad Democrática pidieron al TSJ calificar “falta grave” del Defensor del Pueblo y anunciaron que contemplan removerlo de su cargo porque no ha defendido los derechos fundamentales de los venezolanos.

Entorno sociopolítico y económico

Un helicóptero de la Policía Judicial (CICPC) pilotado por un funcionario de uno de sus cuerpos de élite, sobrevoló el Palacio de Gobierno (Miraflores), el Ministerio del Interior y el TSJ y lanzó en éste último explosivos sonoros y efectuó disparos, bajo el argumento de desconocer al Gobierno “criminal”, según el artículo 350 de la Constitución. La aeronave fue abandonada en la costa y el funcionario no ha sido capturado. El Gobierno vinculó al piloto insubordinado con la CIA.

La Oposición dijo que el Gobierno intentó simular un golpe. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Venezuela alcanzará al cierre de 2017 una inflación de 1.134% y que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá por cuarto año consecutivo, con un retroceso de 7,4%.

Encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) determinó que 50% de los venezolanos apoyan las protestas antigubernamentales y que por primera vez se incorporaron los sectores de los estratos más pobres (D y E). El 25% de los manifestantes son  menores de 24 años. El 19% de la población ha participado activamente en las protestas.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió procedimiento administrativo a 122 emisoras de radio del país. Expertos denunciaron  que esta semana la empresa telefónica estatal (CANTV) aplicó bloqueos para impedir acceso a las redes sociales.

El 73% de las empresas productoras de alimentos están en “mala o muy mala situación”, según encuesta del gremio (CONINDUSTRIA).

Según  encuesta de la firma Datanalisis, 73% de los venezolanos rechaza labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivarina (FANB).  La Asamblea Nacional tiene 46,8% de aceptación, siendo la institución pública con mejor registro. 54% apoya las protestas antigubernamentales.

Entorno internacional

El Secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, y la Vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaración conjunta, en Roma, expresaron preocupación con la situación de Venezuela. Reiteraron la exigencia de liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar las atribuciones del Parlamento y convocar elecciones democráticas. El Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, se entrevistó con el papa Francisco, y la transmitió su profunda preocupación por la situación venezolana. “No podemos ver mucha luz en este momento”, dijo Giordano.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó al Ministerio de la Defensa y a la Defensoría del Pueblo, verificar “el estado y las condiciones” de Leopoldo López, luego de las denuncias de estar siendo torturado. Dijo que “es imperativo poner fin a la guerra sucia del Gobierno” y repudió el uso de “métodos terroristas” contra los manifestantes venezolanos.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, abordó en Washington la situación de Venezuela con el canciller de España, Alfonso Dastis, para “seguir aumentando la presión” sobre Venezuela.

La CIDH condenó “la escalada de violencia”, reclamó al Gobierno de Venezuela respeto al debido proceso, el cese del uso desproporcionado de la fuerza y de la represión indiscriminada. El Gobierno de Venezuela respondió rechazando el comunicado “tendencioso” de la CIDH.

Amnistía Internacional (AI) urgió al Gobierno de Maduro a esclarecer las denuncias de “torturas” contra Leopoldo López.

El diario venezolano, El Nuevo País, divulgó la versión de que Estados Unidos, Alemania y el Vaticano, trabajan con cancillerías de Canadá, Argentina, Ecuador y Bolivia, para construir una alternativa que implique un salvoconducto para que Nicolás Maduro abandone el país, a cambio de que cancele la convocatoria de una asamblea constituyente y llame a elecciones democráticas. Por su parte, Uruguay dijo que trabajan en ampliar con dos países más, una mediación con Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, para buscar una salida a la crisis venezolana.

La Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, expresó apoyo a la Fiscal Luisa Ortega, reclamó respeto para su autonomía y rechazó “hostigamiento, persecución y amenaza” contra la jefa del Ministerio Público venezolano.

Colombia expresó preocupación por continuos ataques verbales contra la Fiscal. Repudió “agresiones verbales y físicas” de la GN contra diputados y periodistas.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) urgió a poner fin a la violencia en Venezuela. Consideró que fue “un paso más allá” los sucesos del martes (incidente con helicóptero y agresión al Parlamento). Ministro de Relaciones Exteriores de Francia instó al cese de la violencia y abogó por “una mediación regional creíble y constructiva”.

La Secretaría General de la ONU rechazó “cualquier tipo de violencia” y dijo seguir “de cerca” la situación. El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, calificó de “profundamente preocupante” el enjuiciamiento a la Fiscal General.

EG/eg