MARTA DE LA VEGA
El contraste de informaciones golpea por
desgarrador y trágico, a la vez que promesa de cambio y futuro en Venezuela.
Los últimos días de septiembre han puesto el país en el primer plano
internacional. Han sido tomadas 3 decisiones históricas.
En nombre y representación de los gobiernos
de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, por intermedio de sus
respectivos mandatarios, fue introducida el 25 de septiembre de 2018 ante la
Sra. Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, la
solicitud de investigación, meticulosamente respaldada en los hechos e informes
de expertos independientes, tanto designados por la OEA como por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación de violación sistemática
de derechos humanos fundamentales.
Se busca determinar si procede la acusación
a una o a varias personas por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos a
partir del 12 de febrero de 2014, en la República de Venezuela. En la cadena de
mando el primer responsable es Nicolás Maduro.
De acuerdo con los artículos 7 y 14 del
Estatuto de Roma, ya había sido aceptado un “examen preliminar” de la
situación. El informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
presentado el 18 de junio de 2018, ratifica y ahonda en las contundentes
pruebas cuidadosamente sustentadas, a pesar de señalar que el gobierno de
Venezuela no permitió el acceso del Acnudh a su territorio.
El Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, aprobó el 27 de septiembre una resolución
con 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra, para activar, por primera
vez contra un Estado miembro, la responsabilidad de promover y proteger los
derechos humanos, en este caso en la República Bolivariana de Venezuela.
Esta decisión implica 3 mandatos: exhortar
al gobierno a que acepte la asistencia humanitaria frente a la escasez de
alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición y
el brote de enfermedades antes erradicadas o bajo control. Instar a que coopere
con la oficina del Acnudh y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y
solicitar a la Alta Comisionada un informe exhaustivo y actualizado sobre la
situación de los derechos humanos en Venezuela.
El artífice e impulsor de este instrumento
jurídico político fue el anterior Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, recién fallecido, quien lo impulsó después de haber visto el horror
e indefensión de civiles y millones de muertos en Camboya, Ruanda o la antigua
Yugoslavia.
No solo el principio de la responsabilidad
de proteger evidencia que la soberanía está limitada por la responsabilidad de
los Estados con sus ciudadanos y defenderla no puede ser a cualquier precio ni
para hacer lo que les venga en gana a quienes dominan para aferrarse al poder
sino que obliga al liderazgo mundial a velar y comprometerse con la
preservación de los derechos fundamentales de todos los pueblos del mundo cuyos
Estados son parte de la ONU.
Los países del Grupo de Lima acaban de
aprobar no permitir ingreso de funcionarios ni familiares de la cúpula
oficialista a sus territorios e investigar lavado de dinero y legitimación de
capitales de representantes del régimen o testaferros que hayan sido
identificados.
En el país, la desolación no tiene límites.
Siguen y aumentan los suicidios inesperados y desesperados. Casi a diario. Y no
hablamos de los muertos por hambre o abandono, mayores y niños. Así no se puede
construir futuro.
La situación de pobreza no es solo material,
que en las familias se incrementó al 87% de la población según la última
encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) de 2017. La pobreza
extrema alcanzó 61,2%. El número de “no pobres” llegó al 13%.
El
círculo vicioso de la pobreza se agrava con una mentalidad inmediatista,
distorsionada por la dádiva que estimula irresponsabilidad colectiva, sumisión
y facilismo, bajo un Estado aún todopoderoso, dirigista, concentrador del
poder, clientelar y por tanto, corrupto.
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