CARLOS CANACHE MATA
La dictadura que
sojuzga y azota a Venezuela practica la represión a tiempo completo. Asesina a
opositores, como ocurrió con el concejal Fernando Albán, y asalta asambleas y
manifestaciones en las que se reclama libertad y democracia, como acaba de
suceder en Upata, con el resultado de la cobarde agresión física contra María
Corina Machado. Estamos de vuelta al tiempo de las cárceles con presos políticos, de las torturas, y de los venezolanos que son compelidos a
abandonar el país por el hambre o por decisión de los que detentan el poder.
Desde agosto del año pasado, una espuria
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pasa continuamente con saltos de garrocha
por encima de la Constitución vigente con la complacencia de un Tribunal
Supremo de Justicia, el que está aquí, que, para sentenciar, espera la orden
que baja del Palacio de Miraflores. Esa ANC usurpa las funciones de la Asamblea
Nacioanal que el pueblo eligió con una votación tan alta que la integró con una
mayoría calificada de diputados de oposición. No creo que hayamos tenido una
ANC de más larga duración y que le haya inferido más daño al país.
La situación que vivimos es tan grave y
desconcertante que los presidentes de las Academias Nacionales (Inés Quinterto,
Sary Levi, Leopoldo Briceño Iragorri, Gabriel Ruán, Horacio Biord Castillo,
Gioconda Cunto de San Blas y Gonzalo Morales)
hicieron, en documento público de fecha 24 de este mes de octubre, dos
planteamientos: a) que el colapso de la nación se manifiesta en “la destrucción
del aparato productivo, tanto público como privado, y también a través del
establecimiento de una política de Estado orientada a reprimir, perseguir,
amedrentar e incluso aniquilar físicamente cualquier expresión de disidencia,
desconociendo abiertamente los derechos humanos y contraviniendo la
Constituciín vigente”; b) que, ante esa tenebrosa realidad, formulan “un
llamado especial a todas las instituciones y organizaciones democráticas del
país, a fin de actuar todos unidos en una sola dirección y bajo una misma
orientación, con el OBJETIVO SUPREMO (las mayúsculas no son mías, son de las
Academias) de logar un cambio político que permita recuperar y conducir al país
hacia un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho”. Son palabras
de quienes saben lo que dicen.
En un foro, celebrado en Miami la semana
pasada, por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que
contó con la presencia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
ex-presidentes de 21 países analizaron “la institucionalización del
narcotráfico en Venezuela”, y, en documento público, refiriéndose a Venezuela,
Cuba y Nicaragua, señalaron que representan una amenaza porque “conculcan las
libertades y diseminan sus nocivos efectos hacia otros países de la región
afectándoles en su gobernalidad y estabilidad social”. Voces, altas voces, del
continente y de España.
La Unión Europea, por su parte, en reunión
del Consejo de Asuntos Exteriores, discutió la profundización de la crisis que
“ha tenido un efecto devastador en el pueblo de Venezuela y ha afectado
negativamente la estabilidad de la región en general”. Es la preocupación que
nos llega desde el otro lado del Atlántico.
Aquí
en Venezuela, el Observatorio de Conflictividad Social, informó que, por
motivos políticos y sociales, se registraron en el mes de septiembre pasado 983
protestas, lo que equivale a unas 33 por día.
La mesa está servida para la última cena.
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