Pedro Palma
La modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios con el fin de legalizar el funcionamiento del mercado paralelo de divisas enmendaría el grave error cometido en mayo de 2010, cuando se prohibieron las transacciones cambiarias realizadas en el mismo, transformándose éste en un mercado negro. Como siempre ocurre, esa prohibición no impidió que dicho mercado siguiera funcionando, y que, a la larga, se operara en él un encarecimiento desproporcionado de la divisa.
Esto ha creado una enorme disparidad entre los tipos de cambio libre y oficial que causa severos problemas. Uno de ellos es la creciente ineficacia del control cambiario, ya que el anhelo por las divisas preferenciales artificialmente baratas genera corruptelas y asignaciones indebidas de las mismas, traduciéndose ello en una escasez creciente de dólares para la realización de importaciones necesarias. Otro problema que se produce es la exacerbación de las presiones inflacionarias, ya que los precios tienden a establecerse por los costos esperados de reposición, los cuales, a su vez, están muy influidos por la tasa de cambio libre.
La corrección de estos problemas y distorsiones, o al menos su mitigación, exige como condición necesaria, mas no suficiente, la normalización de operaciones en el mercado libre, buscando con ello la reversión de la tendencia alcista de la tasa de cambio paralela, y la reducción de la brecha entre los tipos de cambio. Para ello hay que actuar sobre las dos fuerzas que intervienen en ese mercado, es decir, la oferta y la demanda de divisas.
En cuanto a la oferta, se requiere modificar la normativa cambiaria vigente con el fin de permitirle al BCV y a otras organizaciones públicas y privadas vender divisas en ese mercado. A tales fines, es necesario mejorar el flujo de caja de Pdvsa con el fin de que ésta pueda disponer de una mayor cantidad de moneda extranjera que le permita, entre otras cosas, incrementar su venta de dólares al BCV y vender parte de sus divisas directamente en el mercado libre. Para ello es fundamental, entre otras cosas, suspender las transferencias de divisas que tiene que hacer al Fonden y a otros fondos que financian gasto público, reducir sus cuentas por cobrar, y minimizar las ventas de petróleo subsidiado a otras naciones.
Adicionalmente, hay que suspender las transferencias de reservas internacionales del BCV al Fonden, y permitirle a los exportadores no tradicionales vender sus dólares en el mercado libre, lo cual se podría traducir en un fuerte incentivo a la producción de bienes transables. También convendría legalizar la venta de divisas en ese mercado por parte de empresas foráneas que prestan sus servicios en el país y que reciben sus pagos en moneda extranjera, así como legalizar la libre actuación de otras empresas y de personas naturales.
En cuanto a la demanda, es fundamental limitar la cantidad de dinero que se puede canalizar hacia ese mercado, para lo cual hay que hacer esfuerzos permanentes con el fin de racionalizar las finanzas públicas a través de la limitación del gasto y del endeudamiento, así como de la sinceración de las tarifas de los servicios públicos y de los precios de los bienes producidos por el Estado, la gasolina entre ellos. Adicionalmente, se necesita implementar una política monetaria restrictiva que esterilice buena parte de la enorme liquidez excedente que tiene la banca, y elimine la monetización del gasto público deficitario, minimizando el financiamiento del BCV a empresas públicas. También hay que actuar con decisión en la lucha contra la inflación y en la creación de un clima propicio para la actividad económica privada, lo cual reduciría la avidez por adquirir dólares como un mecanismo de protección y defensa del patrimonio.
Como se ve, no solo basta con legalizar el mercado paralelo. Hay que complementar esa acción con muchas otras medidas para lograr los objetivos deseados.
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