BEATRIZ DE MAJO
Hace rato que la ideología comunista dejó de ser una motivación determinante para el chino de a pie y hasta para un contingente numeroso de los líderes del Partido Comunista. A esta conclusión ha llegado la revista The Diplomat en una de sus entregas de mitad de este año. El experto John Bosco es de los muchos que opinan que el éxito económico ocupa, hoy por hoy, mucho más espacio en las preocupaciones de los ciudadanos de la gran potencia asiática, y deja muy por detrás las doctrinas igualitarias, el control estatal y hasta el ansia de poderío militar o la virulencia de los nacionalismos antijaponeses y antiamericanos.
Otra obsesión viene ganando espacio en las actitudes ciudadanas y es la que tiene que ver con un rechazo contundente a la corrupción en las altas esferas del poder, una conducta frecuente que se ha tornado muy protuberante de cara a los gobernados. Más de 200.000 manifestaciones de protesta pública están ocurriendo cada año en las ciudades y el interior en contra de hechos de flagrante corrupción oficial que van desde expropiaciones indebidas, incautaciones de inmuebles y de tierras, comisiones ilegítimas, permisos ilícitos a empresas y particulares que contribuyen a la degradación del ambiente, favoritismos y tráfico de influencia.
Por ello es que es razonable preguntarse si la cruzada anticorrupción enarbolada por Xi Jinping obedece a una vocación personal y a una legítima aspiración política de poner orden en el caos, construir valores morales y acabar con crímenes en contra de la cosa pública, o más bien estamos frente a una bien trazada estrategia para acumular una mayor dosis de poder a través de la comprensión de un desiderátum caro en extremo para sus súbditos. Cabe interrogarse si la campaña emprendida por el gobernante en este terreno, y que está llevando a los estratos altos a una purga sin cuartel de grandes figuras, ha sido diseñada para atender objetivos de probidad del partido y ganar legitimidad para el gobierno, o si lo que el jefe del Estado busca no es otra cosa que dar satisfacción a los contestatarios, legitimar el partido y ganar, por esa vía, el sustento que requiere para una larga permanencia en el poder.
La autoridad política y militar en el país ha venido perdiendo legitimidad en la misma medida en que la población ha visto consolidarse una expansión económica que no está redundando en bienestar sino para unos pocos, y no siempre de manera ortodoxa. La percepción de que hay un dirigente interesado en desarrollar una campaña de adecentamiento a través de severas sanciones y del escarnio público a los delincuentes le hace ganar aprobación popular a los protagonistas de las medidas.
Todo lo anterior explica que entre los primeros objetivos de la cruzada moralizadora haya altos oficiales del Ejército de Liberación Popular, una institución plagada de situaciones escabrosas e ilícitas que hasta el presente ha sido inmune a los esfuerzos de adecentamiento oficial.
Así, pues, no puede ser sino plausible que desde las altas esferas se produzca una acción determinante para avanzar en la anticorrupción, siempre y cuando la motivación última sea la de avanzar hacia la probidad de las instituciones que hacen fuerte una democracia. Lo que no es aceptable es que tal propósito esté animado del deseo de imponer una mayor y más efectiva autocracia.
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