EDITORIAL, EL PAÍS, ESPAÑA
La condena a 13 años y 9 meses de prisión sufrida por el opositor venezolano Leopoldo López no puede ser justificada desde ningún punto de vista más que desde el enrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, que ha optado definitivamente por enturbiar el ambiente en el que se celebrarán las cruciales elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
Absolutamente todo lo que ha rodeado la acusación, el encarcelamiento, el procesamiento y la condena de López ha sido irregular y no ha cumplido las garantías mínimas de cualquier país democrático. No es sostenible la acusación de incitación y autoría intelectual de López en la muerte de 43 personas durante las manifestaciones realizadas en Caracas y otras ciudades del país convocadas contra la violencia, pobreza y corrupción de la que los manifestantes culpaban a la desastrosa gestión de Maduro. Tampoco lo es el encarcelamiento durante 19 meses en una prisión militar con amplios periodos de aislamiento en los que ni su defensa ni sus familiares han podido tener acceso a López. Muchísimo menos observa una mínima garantía el juicio de 71 días de duración celebrado a puerta cerrada en el que el tribunal ha impedido al líder opositor presentar algunos vídeos como alegato de su defensa.
Es imprescindible recordar que López se entregó voluntariamente a la justicia para hacer frente a las graves acusaciones vertidas contra él desde la misma jefatura del Estado. En los meses transcurridos desde entonces, Maduro y su Gobierno se han negado sistemáticamente a escuchar los llamamientos realizados por numerosas personalidades y Gobiernos internacionales que le han solicitado la liberación del opositor, por justicia y como gesto de que estaba dispuesto a dialogar para reconducir la preocupante situación en su país. La condena de López es injustificable y debe ser liberado.
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