ANGEL OROPEZA
Un síntoma inequívoco del ocaso de los regímenes autoritarios es cuando pierden su capacidad de sorprender. Y nuestro decadente madurocabellismo entró en esa menguante etapa desde hace rato.
Frente a la inocultable decisión de cambio de las grandes mayorías, el gobierno ha intentado de todo para torcerle el rumbo a lo que es ya un sentimiento nacional. La lista es larga. Desde retrasar el anuncio de la fecha de las elecciones, buscando generar desánimo y confusión, pasando por la ratificación de la muy útil y obediente señora Lucena al frente del CNE, la inhabilitación ilegal de candidatos, los arbitrarios cambios en la base poblacional de algunos circuitos para favorecer al oficialismo, la ocurrencia de la “paridad de género” después que la MUD había escogido sus candidatos, pensando que con ello podían impedir la constitución de sus planchas, la criminalización y persecución de dirigentes, la expropiación ilegal de partidos, la facilitación e incluso financiamiento de engañosas candidaturas disfrazadas de oposición, hasta el diseño fraudulento del tarjetón electoral, rodeando la tarjeta de la MUD con tarjetas oficialistas de igual forma, color y letra.
Para desconcierto del gobierno, ninguna de estas cosas ni sorprende ni funciona. Simplemente porque los venezolanos se cansaron ya de estar golpeando las puertas del gobierno reclamando comida y medicinas, mientras dentro sigue un grupito de privilegiados que no quiere que su fiesta privada se acabe.
Pues bien, a esa lista se suma la creación a diestra y siniestra de “estados de excepción”, último invento de la desesperación de un régimen en estado terminal.
Esta última carta no es otra cosa que un recurso extremo para intentar envilecer las elecciones de diciembre, buscando obstruir la realización de movilizaciones populares, el desarrollo de actividades de campaña y, al final, tratar de montar un control tutelar sobre la ciudadanía en esas circunscripciones sometidas a excepción.
Pero, además, este invento constituye al mismo tiempo una burla y una afrenta a nuestra Fuerza Armada, porque la pone a reprimir al pueblo para servir, en una obscena jugada electoralista, a unos poquitos desesperados que temen perder las delicias del poder.
La mala noticia para el gobierno es que este último invento tampoco va a funcionar. Pero ello implica actuar también con inteligencia, sobre todo por parte de la dirigencia de la alianza unitaria.
Hay que subrayar, como lo ha destacado el constitucionalista Juan Raffalli, que la participación ciudadana, incluida la política, no está suspendida ni restringida según los decretos de estados de excepción. El derecho de reunirse y de organizarse para participar en un proceso electoral está previsto en los artículos 62 y 63 de la Constitución, y por ello no puede ser restringido por la excepción según los mismos decretos que la rigen.
La Ley de Estados de Excepción en su artículo 7 dispone que en ellos no pueden ser restringidos los derechos a la participación y el sufragio. Pero, como recuerda Raffalli, el sufragio no es únicamente el acto de votar, sino que incluye –de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales– todos los hitos del proceso, incluso los actos de campaña y sus actividades relacionadas.
Así que cualquier acto emanado de cualquier autoridad policial o militar que atente contra el sufragio y la participación política serían contrarios a la Constitución y a los propios decretos que rigen los estados de excepción. En consecuencia, ningún candidato a la AN puede ser privado de su derecho de realizar actos propios de su condición acreditada por el CNE, ni ningún ciudadano debe abstenerse –por pensar que no puede– de ejercer su derecho de expresar pacíficamente su preferencia política.
Una vez más, si seguimos haciendo las cosas bien, nos encaminamos a una victoria tan necesaria como contundente. Intentar detener a un pueblo cuando se decide a cambiar es como detener un tsunami con la mano. Simplemente no se puede.
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