sábado, 26 de septiembre de 2015

El periodista de Venezuela más escuchado es acosado por el Gobierno
 
ALFREDO MEZA
 
EL PAÍS
 
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) envió una carta al periodista venezolano César Miguel Rondón para recriminarle su supuesta tibieza en una entrevista efectuada el miércoles en su muy sintonizado programa de radio al alcalde de la ciudad de Cúcuta, Colombia, Donamaris Ramírez. Allí el funcionario colombiano criticó fuertemente la decisión de Venezuela de cerrar la frontera común desde agosto y habría emitido con sus declaraciones, siempre según la visión del Gobierno, “graves ofensas a la figura presidencial, a la Fuerza Armada Nacional y a las instituciones de la Nación”
La furia del gobierno, que no ha dudado en recordar en su misiva, como una forma de desprecio, que Rondón es un ciudadano venezolano nacido en México, no se ha hecho esperar. A través del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la dependencia que suscribe el comunicado, ha considerado “sumamente irresponsable y éticamente reprochable la actitud asumida por el entrevistador” porque en ningún momento preguntó a Ramírez por las pruebas que sustentan sus dichos. “Por el contrario, guardó un vergonzoso silencio que hace presumir su completa adhesión a las infamias proferidas por el alcalde de Cúcuta contra Venezuela”.
“El Directorio de Responsabilidad Social manifiesta que, en un momento tan delicado para la Nación, cuando se requiere el concurso patriótico de todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas en la defensa de los intereses nacionales, esta actitud del ciudadano César Miguel Rondón expresa una línea editorial irresponsable y peligrosa que, amparada nuevamente en el uso de la libertad de expresión pretende criminalizar y descalificar ante la opinión pública la legítima defensa de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en otro aparte de la misiva.
El viernes, en su editorial de las siete de la mañana, César Miguel Rondón respondió a los planteamientos de la autoridad de las telecomunicaciones con la historia de su familia. Fue una narración emotiva porque Rondón, un maestro en el arte del melodrama por su pasado como escritor de telenovelas, convirtió su declaración en la épica historia de amor de sus padres, ambos presos políticos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y la sobrevenida circunstancia del exilio de la pareja en México, ciudad en la que él nació en 1953. “Lamento mucho tener que contar esta historia. Y lo lamento porque en estos tiempos absurdos, crueles, oscuros, injustos, terribles y miserables que vivimos hay que aclarar lo que está claro. Yo soy venezolano por nacimiento. Lo garantizan la Constitución Bolivariana de Venezuela y mi vida misma”, finalizó.
César Miguel Rondón es considerado el comunicador audiovisual más influyente de Venezuela, y es, desde el altillo de su sobriedad, uno de los más acérrimos opositores de la autodenominada revolución bolivariana. No ha sido blanco frecuente de los dardos del gobierno. Pero el argumento empleado por Conatel para criticarle y exigir a la emisora que le emplea, Éxitos 99.9 FM y al propio comunicador “un uso responsable del espectro radioeléctrico” ha sido usado en otras ocasiones para condenar a los opositores por delitos de opinión. Por esa razón las ONG Espacio Público, Expresión Libre y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigieron garantías para el libre ejercicio del periodismo y rechazaron las descalificaciones y las manifestaciones de xenofobia contra Rondón. El periodista no es responsable de las opiniones del entrevistado, agregaron.
Quizás el caso más emblemático de una condena por delitos de opinión sea la que recibió el exministro de Finanzas Francisco Usón (2002). En un programa de televisión, a propósito de la muerte por quemaduras de dos conscriptos en un fuerte militar del estado de Zulia, al occidente de Venezuela, en 2004, Usón explicó cómo se utilizaba un lanzallamas. Las informaciones publicadas por la prensa apuntaban a un posible asesinato cometido por otros oficiales utilizando ese aparato. La declaración de Usón, general de brigada del Ejército, fue considerada por los tribunales militares como una calumnia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 8 de octubre de ese año fue condenado a cino años y seis meses de prisión. Fue uno de los primeros presos políticos del régimen.

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