domingo, 20 de septiembre de 2015

DE LA FRONTERA ABANDONADA A LA FRONTERA EXPROPIADA
 

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CARLOS ROMERO MENDOZA
 
El Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar fue creado el 2 de agosto de 2013 mediante decreto presidencial 40.220 como instancia responsable de transformar las zonas fronterizas en territorios de vida, especialmente, aquellas que se ubican en el límite con Colombia, promoviendo de esta forma el desarrollo social, económico y cultural bajo un alto grado de conciencia Socialista y Revolucionaria.
La transformación que sufre actualmente la frontera colombo-venezolana no es precisamente producto del Plan Estratégico que el decreto ordena construir al Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, por el contrario, es el resultado de una transformación que se impone vía militar aprovechándose de la declaración del Estado de Excepción.
Lo que se inició por la frontera entre Táchira y Norte de Santander, se extendió por el Zulia y Apure, y ha llevado a crear nuevas autoridades militares con responsabilidades extraordinarias sobre las distintas zonas geográficas afectadas por el Estado de Excepción.
A partir del 11 de septiembre el decreto 2010 introduce una nueva figura al tablero de actores fronterizos, se trata de la Misión Nueva Frontera de Paz, bajo la conducción de otra autoridad militar y que operará legalmente como una Fundación del Estado.
La Misión Nueva Frontera de Paz busca constituir una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad de dichas zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva, como estrategia para enfrentar el paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, contrabando y cualquier otra expresión contraria al orden público.
La responsabilidad que tienen los Alcaldes y Concejales, así como el propio Consejo Local de Planificación Pública sobre el desarrollo integral local, ha sido ignorada en esta arquitectura institucional que de manera excepcional se va construyendo en la zona fronteriza con Colombia.
Por su parte, los gobernadores del Táchira y del Zulia, autoridades que son parte del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, se han transformado en agentes del ejecutivo nacional, regresando así al rol político que tuvieron los gobernadores antes de la descentralización que el país experimentó a partir del año 1988.
Desde Caracas, el Presidente dio la orden de organizar un Seminario Consultivo Nacional[1], como estrategia para construir algunas propuestas orientadas a refundar la dinámica económica y social de la frontera. Esta iniciativa representa un juego político para simular la inclusión ciudadana en la discusión sobre esa nueva frontera de paz[2].
El resultado de ese Seminario, particularmente en el Táchira, merece especial atención, porque algunas de las propuestas simplemente reiteran o ponen en evidencia el abandono de la frontera por parte del Estado a lo largo de décadas.
Una primera propuesta consiste en aprobar la Ley Orgánica de Fronteras, la cual debió haberse concretado hace más de 10 años. La omisión del Estado en cumplir el mandato constitucional es evidente, más cuando el gobierno ha disfrutado de múltiples leyes habilitantes y de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Claramente estas dos vías para aprobar el instrumento legal no han sido puestas al servicio de los intereses y necesidades particulares de los habitantes de la frontera.
Una segunda propuesta, eleva un reclamo histórico, pues exhorta a mejorar las vías expresas que permitan una mayor y mejor movilidad.   En tal sentido, basta con viajar entre San Cristóbal a San Antonio, y luego entre San Antonio y Cúcuta para poder valorar los niveles de avance y/o desarrollo vial de un lado y del otro de la frontera.
Una tercera propuesta supone la necesidad de abrir y normalizar el comercio en la frontera, pues es la única forma viable para lograr aprobar una política de peajes internacionales con tarifas adecuadas al tipo de carga que genere suficientes ingresos económicos para invertir en mantenimiento de las propias vías, mejoramiento educativo de la zona, entre otros beneficios. De esto se habló mucho cuando existió el peaje entre el puesto de la Guardia Nacional conocido como Peracal y la población de San Antonio del Táchira.
Asimismo la propuesta de crear Zonas Especiales, que sirvan de vitrina para colocar productos e insumos producidos en Táchira, exige sin duda una frontera abierta, dinámica y con importante grado de autonomía para diseñar su propio desarrollo.
Algunos industriales expresaron sus ideas y en tal sentido plantearon un tratamiento especial para importar materia prima, insumos, herramientas y repuestos para importaciones menores; igualmente propusieron una taquilla única para la frontera, de manera que el sector pueda tener acceso a los códigos de las empresas nacionales y una Escuela Técnica en Ureña. Por cierto, es importante recordar que el Táchira ya cuenta, desde hace años, con una Escuela Técnica Industrial (ETI).
Estas propuestas no necesitaban de un Estado de Excepción para ser presentadas, en esencia son parte de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado desde 1999, cuando fue llamado a establecer un régimen especial para la Frontera.
Otras propuestas presentadas en el Seminario, denotan claramente el interés por un mayor control político y social del Estado; entre ellas, la necesidad de mantener el programa OLP de manera permanente a nivel de inteligencia; la rigurosa evaluación de los ciudadanos que son regularizados en el marco de la Misión Identidad, así como también, mayor supervisión y control sobre las emisoras fronterizas y medios de comunicación local, buscando mayor presencia de los medios del Estado en la franja fronteriza.
Por su parte, la corriente del PSUV, llamada Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora[3], presentó su Plan Frontera, en el cual proponen la conformación de un Muro Comunal Fronterizo, mediante el cual buscan garantizar mayor presencia del poder popular organizado para la defensa de la soberanía, la presencia nacional y para la producción en la zona. 
Además de reconocer la necesidad de fortalecer el PSUV en la zona fronteriza, plantean la incorporación del poder popular a las Comisiones de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, y resaltan la necesidad de garantizar la regularidad de los llamados gabinetes ministeriales fronterizos.    
Esta Corriente Revolucionaria también exhorta a que el Alto Mando Militar fortalezca la unión cívico militar en la zona de frontera, de manera que se conforme la autodefensa del pueblo y la organización de las milicias.
La realidad que particularmente se vive entre Ureña y San Antonio, advierte de un proceso político de “expropiación” de aquella zona territorial en beneficio de la visión que impone el Plan de la Patria 2013-2019 y que además resulta oportuno para intentar incidir en los resultados generales de las elecciones parlamentarias 2015.
Poco se oye desde Caracas la voz de reclamo de la sociedad noble del Táchira por un tratamiento respetuoso y digno por parte del Gobierno Nacional, la inexistente institucionalidad hace que simplemente el silencio se imponga ante la ausencia de garantías básicas para el ejercicio de las libertades ciudadanas.
[1] Radio Nacional de Venezuela. ¡Con aportes del Pueblo!. Este viernes iniciará Seminario Consultivo Abierto para establecer una frontera de paz. 09 de septiembre de 2015. Online en:http://www.rnv.gov.ve/este-viernes-iniciara-seminario-consultivo-abierto-para-establecer-una-frontera-de-paz/
[2] Telesur.net. Claves entre una nueva frontera de paz entre Venezuela y Colombia. 13 de septiembre 2015. Online en: http://www.telesurtv.net/news/En-claves-Lo-que-implica-construir-una-nueva-frontera-de-paz-con-Colombia-20150913-0007.html
[3] Ensartaos.com.ve La Frontera, ¡Territorio Socialista!. Propuesta CRBZ para una nueva frontera soberana y Chavista. 10 de septiembre 2015. Online en:https://ensartaos.com.ve/2015/09/10/noticia/44365?page=8

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