EL PAÍS, EDITORIAL
El escandaloso trucaje de 11 millones de automóviles de Volkswagen (VW), reconocido por la propia compañía, no está todavía bien explicado por la propia VW, ni ha recibido la respuesta adecuada por parte de los Gobiernos implicados, principalmente el alemán. Tampoco se conoce aún la amplitud de los devastadores efectos que puede causar en el mercado mundial de automóviles o en el flujo de algunas inversiones industriales decisivas para las economías europeas, entre ellas España, donde el peso en el PIB de Seat y de la industria de componentes del automóvil es elevado. Las consecuencias corporativas sí han sido inmediatas. Martin Winterkorn, presidente de VW, ha tenido que dimitir (sustituido por Matthias Müller) y el puesto del director de la firma en Estados Unidos está en el alero. Se avecina una cadena de daños, entre multas —hasta 18.000 millones de dólares en EE UU—, denuncias y revisiones que la compañía tendrá que afrontar con un daño irreparable para sus cuentas y para su futuro.
No es difícil suponer que el software fraudulento pretendía conceder ventajas a VW en una guerra económica y comercial. Los modelos híbridos ofrecidos por algunos fabricantes asiáticos están consiguiendo crecimientos importantes de ventas en un mercado que empieza a valorar la limpieza medioambiental. El diésel podía ser una tecnología competitiva en costes con los híbridos, siempre y cuando ofreciera un nivel similar de emisiones; sea por razones tecnológicas o económicas, VW buscó un atajo y cayó en el fraude. El resultado es que el mercado mundial de los diésel está en entredicho, no sólo para VW, sino para el resto de las firmas; que la competencia de los reguladores encargados de certificar las emisiones de los motores ha sido puesta a prueba y no ha pasado el examen, y que hay inversiones y empleo en peligro en toda Europa.
El mercado automovilístico tiene por delante una ardua tarea de depuración. Para recuperar la credibilidad en su compromiso con el medio ambiente tendrán que sustanciarse en primer lugar las responsabilidades judiciales del caso, es decir, conocer los nombres de quienes tomaron la decisión de trucar el software y explicar, mediante informe público, la cadena de decisiones que acabó en la estafa medioambiental. Además, tendrá que demostrarse con hechos que VW es capaz de revisar y corregir los 11 millones de vehículos (casi tres millones en Alemania, cientos de miles en España). Ya se verá si VW puede hacer frente a la oleada de demandas judiciales que se aproxima.
El papel de los Gobiernos en esta crisis es crucial. La perplejidad declarada del Ejecutivo alemán delata la impunidad en la que operaba la firma de Wolfsburgo y que probablemente es extensible a otras empresas con un potencial elevado de contaminación. Merkel y su equipo tienen que imponer rápidamente a VW la obligación de presentar un calendario vinculante para revisiones y modificaciones técnicas; y Europa tiene que endurecer las leyes sobre emisiones y perfeccionar métodos de control que no puedan ser soslayados con facilidad. El fraude de VW ha puesto el mercado del automóvil en estado de shock y tendrá consecuencias desagradables en la temblorosa recuperación europea
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