EL PAÍS, EDITORIAL
El apretón de manos del pasado miércoles en La Habana entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, Timochenko,el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), ha venido a confirmar que el escollo más delicado de las conversaciones de paz parece finalmente superado y que ya hay una fecha límite para sellar la paz: el 23 de marzo de 2016. Las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la delicada cuestión de la justicia que debe aplicarse a quienes intervenieron en el devastador conflicto que ha enfrentado durante cinco largas décadas a la guerrilla con los Gobiernos eran las más complicadas de un proceso que se inició formalmente en octubre de 2012. Encontrar la fórmula que garantice con solvencia y a largo plazo la convivencia entre quienes provocaron y quienes padecieron la violencia de la guerra era la cuestión clave para que el proceso no desbarrancara.
El pacto alcanzado, que pretende aplicar a los que decidan colaborar en el establecimiento de la verdad penas o sanciones menos restrictivas con sus derechos y libertades, se ajusta a las exigencias de la Corte Internacional y estará garantizado por un tribunal en el que participarán jueces extranjeros. La amnistía que otorgará el Estado, con el afán de ser la más amplia posible, no alcanzará a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra.
La fórmula, que difícilmente puede colmar todas las aspiraciones de una sociedad tan herida, ya ha sido duramente criticada por los sectores vinculados al expresidente Álvaro Uribe, pero permite garantizar la dignidad de las víctimas, que cuentan con una comisión que establecerá el relato de lo ocurrido, y abre el camino hacia la paz definitiva. Procesos tan enrevesados corren el peligro de morir si no progresan; de ahí la importancia del coraje del presidente Santos, que se ha implicado personalmente para romper las últimas trabas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario