Al ampliarse el rango de bienes y servicios que son objeto de fiscalización, el sector privado es aun más vulnerable a las sanciones del Estado. No solo será objeto de expropiaciones expeditas sino que, incluso, la Ley les permite a los funcionarios - en los casos que así consideren sin mediación del Poder Legislativo o el Judicial- decretar, modificar y bajar precios. Esto, a juicio de los analistas consultados, atenta contra la libertad que tienen los comerciantes de fijar los precios de los productos que comercializan que no estén sometidos al control de precios y que no sean de primera necesidad, contradiciendo lo establecido en el ar- tículo 50 de la Ley vigente. Ahora, esta modificación presenta una contradicción en el derecho del comerciante de establecer el precio, debido a que el mismo podría ser considerado un delito de especulación, puesto que no hay referencia alguna sobre los precios para bienes y servicios que no son considerados de primera necesidad. Es pertinente recordar que ahora reciben el tratamiento de "bienes y servicios de calidad". "El funcionario es el que decide cuál es el precio de venta correcto, eliminando el derecho del comerciante, y generando una distorsión económica debido a que es mediante la modificación de precios que los comercios pueden competir entre sí", apuntan los especialistas.
El libre comercio ha estado en la mira de las autoridades, quienes han venido imponiendo a lo largo de la última década numerosas restricciones al sector comercial y al productivo. De hecho, la Asamblea Nacional trabaja nuevamente y a paso redoblado en otras leyes enfocadas en regular las ganancias del comercio, la reforma al Código de Comercio y la ley antimonopolio para frenar la libre competencia, acciones que son cónsonas con el discurso revolucionario. Pero el impacto va más allá de la actividad económica, pues al limitarse la posibilidad de competencia entre los comercios se estaría "atentando contra la soberanía del consumidor, contra el principio básico de la libertad y racionalidad de sus elecciones".
"Un consumidor con capacidad de elegir es imprescindible para el funcionamiento del mercado, sus decisiones de compra refuerzan o castigan ciertos productos o servicios, estimulando por tanto la competencia de precios, la variedad de prestaciones y especialmente la calidad de productos y servicios. Si no es posible o sustentable diferenciarse se impondrá una "talla única" de productos y servicios", explican los expertos. Vale destacar que la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, como bien dice su nombre, pretendía salvaguardar los intereses y derechos de los ciudadanos y ahora pasa a convertirse en un mecanismo de sanción severa mediante la expropiación. Los analistas sostienen que "la reforma presenta un incremento a la afectación de los bienes y servicios privados. Con las medidas preventivas de la Ley, hacen de la expropiación un mecanismo de sanción sin procedimiento judicial que declare el delito, atentando contra la seguridad jurídica del sector". El Ejecutivo puede tomar el control de la producción, distribución y comercialización de cualquier bien o servicio, cuando lo considere necesario.
Angie Contreras C.
EL UNIVERSAL
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