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Colombia espera respuesta diplomática de Venezuela sobre caso del helicóptero

Caracas.- El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, señaló hoy que están a la espera de una respuesta satisfactoria de parte de Venezuela con respecto a la presunta incursión de un helicóptero venezolano a la localidad de Arauca. De esta forma, el funcionario colombiano declinó a responder al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, quien negó las denuncias del vecino país. "La respuesta de Colombia siempre es utilizar los canales diplomáticos y no los micrófonos. Por eso, hemos enviado esta nota de protesta con la información pertinente", dijo en declaraciones a RCN. Bermúdez destacó que Colombia mantendrá su firmeza para defender los intereses del país. Informó que elevarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) una carta de protesta y adicionalmente están evaluando otras instancias internacionales a donde también presentarán la queja.

Chávez intervendrá policías que no actúen en manifestaciones

Al informar que la noche del pasado miércoles una manifestación estudiantil lanzó piedras, botellas y bombas Molotov a la sede de la Brigada Mecanizada en el estado Lara y la policía regional no actuó, obligando a la Guardia Nacional a hacerlo, el presidente Hugo Chávez advirtió que los cuerpos regionales que no ejerzan su autoridad serán intervenidos. "Hay gente que no sé qué criterio carga y que hay que dejarlos (a los manifestantes) que se desgasten (...) Estoy hablando del gobernador de Lara (Henri Falcón). ¡Qué pasa gobernador?", reveló que le dijo telefónicamente a Falcón. "Le hice un reclamo y una advertencia. Sí la Policía de Lara no cumple con su función voy a tener que intervenirla. No tengo problema, tengo que cumplir con mi obligación y la autoridad mía es la misma en el estado Lara, Mérida, Zulia, Táchira, independientemente de los gobiernos locales. Soy Presidente en esta República toda", advirtió Chávez durante el acto del I Encuentro Productivo del Fondo Bicentenario, transmitido en cadena de radio y televisión. Subrayó que el criterio alegado por Falcón de dejar a los estudiantes manifestar hasta que se desgasten porque eso perjudica es a la oposición fue usado en 2002 y provocó el breve derrocamiento de su gobierno. "No podemos permitir la violación de ninguna ley y el que tranquen una avenida está fuera de la ley. Lo demás es una debilidad que genera impunidad y el daño puede ser peor", dijo.

RCTV acusa a Conatel de aplicarle la ley retroactivamente

El consultor jurídico de la planta, Oswaldo Quintana, informó que consignaron tres recursos ante la Sala Constitucional. El primero es contra la norma técnica dictada en diciembre pasado por el organismo que dirige Diosdado Cabello, la cual estableció que una televisora que emita por cable se considerará nacional cuando su sede esté en el país y emita más de 70% de contenidos producidos en Venezuela; y por ello estará en la obligación de unirse a las cadenas presidenciales, entre otras cosas.

El abogado explicó que en esta primera acción acusaron a Conatel de violar el artículo 24 de la Constitución, el cual establece que "ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo", pues para calificar que RCTV como un productor nacional revisaron la programación emitida en los últimos cuatro meses. "Conatel decía que RCTV transmitía más del 90% de producción nacional violando la norma, pero para la fecha que señala Conatel estaba perfectamente permitido que lo hiciéramos (...) La providencia se debe aplicar después del 22 de diciembre", precisó. Quintana informó que también demandaron que se deje sin efecto su calificación como productor nacional y que anulen los artículos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en los que se sustenta la resolución sobre medios que emiten por cable y satélite.

Asimismo indicó que interpusieron una medida cautelar con el propósito de que el TSJ les permita volver a transmitir por los sistemas de televisión por suscripción, tal y como lo venían haciendo desde que no se les renovó la licencia para operar en señal abierta.

Desmienten al ministro Por su parte, el presidente de las Empresas 1BC, Marcel Granier, desmintió al ministro Cabello y aseguró que RCTV Internacional sí modificó su programación, para ajustarla a la resolución dictada en diciembre pasado, aun cuando la consideran "inconstitucional e ilegal" y de que esto supone "dejar de darle trabajo a mucha gente en Venezuela". Tras afirmar que el funcionario "o está mal informado o miente", Granier indicó que el pasado 13 de enero entregaron a Conatel todos los recaudos que les solicitaron, los cuales "eran tan largos que están contenidos en cinco cajas" y acto seguido entregó copia de la constancia de recepción de los documentos a los periodistas. Por último, el directivo de RCTV solicitó al Gobierno que atienda los llamados hechos desde las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) y les permita volver a emitir.

Controlar el orden público no implica sacrificar los DDHH

En los países democráticos, el resguardo de los bienes y la integridad personal de los ciudadanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para violar los derechos humanos (DDHH). Existen suficientes convenios, tratados, sentencias de la Corte Interamericana de DDHH que establecen claramente los límites y estándares que se deben respetar para controlar el orden público. Uno de ellos consagra que, "de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de los cuerpos armados utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal". En este sentido, activistas de derechos humanos y expertos en seguridad consultados manifestaron su preocupación por la actuación de la fuerza pública en las últimas manifestaciones estudiantiles registradas en el país. Liliana Ortega, directora de Cofavic, y Rocío San Miguel, directora de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa, hicieron énfasis en el uso de recursos no autorizados para disuadir a los manifestantes. "Periódicamente nos encontramos con nuevos métodos y medios para controlar las protestas que riñen con los principios básicos de los DDHH. Primero vimos el uso de perdigones, luego bombas ilegales lanzadas con una virulencia inusitada, ahora cadenas. Están utilizando a los estudiantes como conejillos de Indias para perfeccionar métodos y medios de combate", aseguró San Miguel. Ortega también cuestionó el uso de perdigones y la criminalización de la protesta. "Es muy grave que en Venezuela regresemos a situaciones en las cuales la represión de la protesta sea mediante violaciones a DDHH. Controlar el orden público no es sacrificar los DDHH". Recordó que en una manifestación la policía hace presencia para resguardar el orden público y la integridad de las personas, "no para ir en contra de los manifestantes". "No estamos en una guerra en la que hay amigos y enemigos. En democracia, la gente tiene derecho a disentir, a expresar su opinión y en ese marco los organismos de seguridad deben proteger la vida de todos, sin distinción". El uso progresivo de la fuerza es el parámetro que se debe imponer en estos casos. "Los cuerpos de seguridad no pueden utilizar todos los mecanismos de disuasión en todas las situaciones. Deben actuar con proporcionalidad a la cantidad y la reacción de los manifestantes", explicó San Miguel.

Según Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, organización no gubernamental que ha hecho seguimiento a las protestas en el país, "las manifestaciones empiezan pacíficas y luego derivan en violentas a partir de la utilización de gases lacrimógenos por parte de la policía o la Guardia Nacional". Para los violentos, Ortega no duda en pedir una "investigación imparcial y castigo si son responsables. Lo que no se puede admitir es que se someta a un tribunal a cualquiera que esté protestando".

Normativa en proceso El próximo mes, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, tiene previsto aprobar una resolución, vinculante para todos los cuerpos de seguridad del país, sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En el portal del Consejo General de Policía, instancia que preside, está disponible un proyecto de normas y procedimientos sobre el tema, en el cual consideran la "preocupación social" que existe por la "cantidad y magnitud de los encuentros donde se usa la violencia innecesaria o excesiva por parte de funcionarios policiales hacia ciudadanos o grupos". La propuesta contempla que "los agentes químicos no serán utilizados hasta que todos los recursos de negociación para resolver la situación de manera pacífica se hubiesen agotado" y no podrán emplearse en "lugares cerrados, cerca de centros educativos u hospitalarios". Asimismo, prohíbe a los funcionarios "disparar directamente con armas, lanzagases o con escopetas a los ciudadanos o grupos de éstos".

Proponen la eliminación de Cadivi

Víctor Álvarez, quien participó, junto a los economistas Pedro Palma, José Guerra y Domingo Maza Zavala, en un foro organizado por la Academia de Ciencias Económicas para explorar los efectos de la devaluación, señala que a través de la sobrevaluación de la moneda "subsidiábamos al dólar y las importaciones que estaban arruinando el sector productivo nacional". Desde su punto de vista "la devaluación es un respiro para el sector productivo nacional que ahora no tendrá que competir con importaciones tan baratas, pero debe ser complementada con políticas fiscales, monetarias, el perfeccionamiento de la política cambiaria y el diseño de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas para fortalecer al aparato productivo". Ante la pregunta de si después de once años el Gobierno aún no cuenta con estas políticas, indica que "son las tareas que han quedado pospuestas". No duda en señalar que el crecimiento que tuvo la economía entre 2004 y 2008 "fue de mala calidad, no se sustentó en la agricultura y la industria. En Venezuela hay 0,3 establecimientos industriales por cada mil habitantes, Colombia tiene 1,2 , México 1,7. La agricultura solo representa 5% del PIB y debería incrementarse hasta 12%". Entre las medidas que deberían complementar la devaluación menciona la necesidad de racionalizar el gasto público para evitar un mayor impacto inflacionario y acciones para evitar un alza desmedida de las tasas de interés. Como estímulo a las exportaciones propone lo que denomina el "tipo de cambio ALBA para que los exportadores puedan colocar el ingreso en divisas, equivalente al valor agregado que generen en el mercado paralelo".

Crisis estructural Domingo Maza Zavala, ex directivo del Banco Central, considera que a la crisis estructural que sufre el país por el fracaso histórico en el intento de superar el rentismo petrolero se ha añadido "la falta de consenso, la falta de una consulta efectiva a la población". Añade que "no se le ha consultado al país si quiere una economía socialista o una de mercado con proyección social. A pesar de no haberse producido esta consulta el Gobierno avanza en su proyecto a través de una serie de decretos y leyes". Explica que "el modelo de una economía supuestamente socialista del siglo XXI no ha sido bien definido pero la consecuencia es destrucción del sector privado para lograr el predominio del sector público". No duda en señalar que "la devaluación agravará las tendencias negativas, Venezuela tiene una capacidad productiva declinante, el peso de la devaluación se traducirá en alza de precios y mayores costos para la actualización tecnológica".

Maza Zavala indica que el gran beneficiado será el Gobierno, porque "aumentará sus ingresos a través de este impuesto indirecto". Pedro Palma, presidente de la Academia de Ciencias Económicas, estima que la devaluación tendrá un efecto contractivo e inflacionario. De acuerdo a sus estimaciones el país sufrirá una caída de la economía en torno a 2% porque el aumento del gasto público no podrá compensar el efecto contractivo de la devaluación y la crisis eléctrica. José Guerra, director de la Escuela de Economía de la UCV, estima que la economía sufrirá una disminución de 3% en el año e inflación por debajo de 40% gracias a la caída del ingreso real y los subsidios.