miércoles, 4 de septiembre de 2013


COMUNICADO DE ALERTA SOBRE LA INMINENTE CONCRECIÓN DE LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

              Comunicado de Alerta sobre la Concreción de la Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos CADH
Quienes suscriben este documento alertan a la comunidad internacional y a todos los venezolanos y venezolanas sobre la denuncia efectuada por la República Bolivariana de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Dicha denuncia fue efectuada por el Estado venezolano según nota oficial diplomática dirigida al Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), en fecha 10 de septiembre de 2012 y de conformidad con lo previsto en la CADH, la misma entraría en vigor el próximo 10 de septiembre de 2013 al haber transcurrido el año de preaviso contemplado en su artículo 78.
La denuncia de este tratado de proteccion de derechos humanos por parte del Estado venezolano constituye un acto sumamente grave, ya que,con su consumación se desconocen de hecho y de derecho los principios de progresividad, irreversibilidad e irrenunciabilidad de los derechos humanos de todos los individuos sometidos a la jurisdicción del Estado venezolano, al pretender que las disposiciones de la Convención que protegen los derechos humanos de quienes se encuentren en territorio venezolano no sean tutelados en el marco de actuación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La denuncia de la CADH en la esfera del derecho internacional resulta un ominoso retroceso de Venezuela en la protección de los derechos humanos, actitud ésta que ha generado reacciones de preocupación y lamentación por parte de distintos actores de la comunidad internacional. Por esta razón, miembros de la sociedad civil venezolana presentaron una comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de julio con la finalidad de alertar a los órganos interamericanos sobre la vulnerabilidad del sistema a causa de esta acción temeraria por parte del Estado venezolano.
Por su parte, en la esfera del derecho interno, la denuncia de la CADH constituye un acto viciado de nulidad por ser inconstitucional, tal y como ha sido solicitado por defensores de derechos humanos, activistas, victimas, organizaciones, academicos y ciudadanos en general ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde hace más de un año y a la presente fecha esta máxima instancia judicial todavía no ha dado respuesta.
Asimismo, la desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la CADH debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la CADH y 31 de la Constitución de Venezuela. Una de las consecuencias perniciosas de la denuncia que entrará en vigor es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrá seguir conociendo de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado venezolano posterior a su retiro de la CADH, logrando que dichas violaciones queden impunes y las víctimas sin reparación.
En esta menguada hora para la protección de los derechos en Venezuela, nos sentimos con el deber de alertar a la comunidad internacional y la ciudadanía en general sobre la gravedad del acto acometido por el Estado, el cual será consumado el próximo 10 de septiembre de 2013. A partir de ese día se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados y conquistas alcanzadas por Venezuela en los últimos cincuenta años para la protección de los derechos de las personas, por lo que solicitamos su apoyo y solidaridad frente a este grave retroceso en derechos humanos con la firma de el presente comunicado y su difusion por los medios disponible.

STATEMENT ON THE IMMINENT EFFECT OF VENEZUELA'S DENUNCIATION OF THE AMERICAN CONVETION ON HUMAN RIGHTS
The signatories to this petition intend to alert Venezuelan citizens and the international community at large about the seriousness of Venezuela’s withdrawal from the American Convention on Human Rights (“ACHR”). Said act of denunciation was presented by the Venezuelan State before the Secretariat of the Organization of American States (OAS) on September 10, 2012. In accordance with the ACHR this denunciation will entry into force next September 10, one year after the prior notice period, pursuant to article 78 of the Convention.
The denunciation of this Human Rights treaty by the Venezuelan State represents a grave act that violates, de facto and de jure, the principles of progressivity, irreversibility and inalienability of human rights since the ACHR, designed to protect the individual, will not be applicable any longer to those persons under the jurisdiction of Venezuela, leaving victims defenseless in most cases.
On the international law side, this withdrawal constitutes a step back concerning the obligation of Venezuela to respect and guarantee Human Rights in light of international standards as recognized by the ACHR. It is important to emphasize that this unfortunate action taken by the Venezuelan State has become a deep concern to many members of the international community who regretted the decision. Likewise, the Inter-American Commission of Human Rights received an early warning last month, presented by individuals from Venezuela's civil society, on the potential collateral damage of this denunciation within the Inter-American System.
In the field of domestic human rights law, the Venezuelan State has breached constitutional provisions. For that reason, human rights defenders, activists, victims, law professors and citizens in general filed a claim last September challenging the validity of the aforementioned denunciation before the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice. However, Venezuelan judiciary has not answer this petition yet.
It must be noted that the Venezuelan State is infringing the right to petition before international jurisdictions established under articles 33 of the ACHR and 31 of Venezuela’s Constitution. Consequently, impunity is expected to grow making victims’ reparation unachievable as the Inter-American Court of Human Rights will not be able to deliver justice in cases that were unsolved locally.
In thirty years major efforts were made to strengthen the protection of human rights in Venezuela. This denunciation of the ACHR hampers the fight for dignity and humanity against the undemocratic use of power by the State. Therefore, we urge the Venezuelan State to reconsider its decision to denounce the ACHR.
Bearing in mind the purposes and core values of democracy, we would like to ask for your solidarity and support by signing and disseminating this petition.
PARA FIRMAR LA PETICIÓN ESTE LINK:

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