martes, 31 de diciembre de 2013

DECLARACION DE LA MUD SOBRE ESTADO LA ECONOMIA VENEZOLANA-DICIEMBRE 2013

Una economía estancada con elevada inflación y falta de divisas
De acuerdo con la información disponible, la actividad económica medida por el PIB, registrará en 2013 una significativa desaceleración al pasar de un crecimiento de 5,6% en 2012 a un menguado 1,0% en el año que termina. Este comportamiento es totalmente atribuible a la política económica que ha seguido el gobierno y en ningún caso puede imputarse a factores externos, toda vez que los precios petroleros se han mantenido en niveles similares a los de 2012. De esta manera, no ha sido por una perturbación proveniente del exterior que la economía nacional acusó tan marcado deterioro. En particular, en 2013 la menor actividad de la economía se explica por las restricciones de divisas al sector privado y además por un esquema de controles de precios y de cambios que han afectado los sectores más dinámicos de la economía, en particular la industria manufacturera. Ello se ha traducido en una declinación del ingreso por habitante y en una caída de las remuneraciones reales de los trabajadores, estimada en 12,0%.
El menor crecimiento de la economía estuvo acompañado por una aceleración de la tasa de inflación cuyo registro superior al 55,0% denota la gestación de un potencial proceso de hiperinflación. Esta elevación de los precios ha ocurrido en un entorno de controles de precios y de cambio, que en condiciones normales hubiesen actuado elementos para contener la inflación. El alza de precios se ha sentido con mayor fuerza en el renglón de alimentos al alcanzar el 80,0%, con lo cual se ha afectado con mayor intensidad al estrato más pobre de la población.
Con un esquema de control de precios desgastado y agotado, el empuje de la inflación ha obedecido esencialmente a dos factores, vinculados a las acciones del gobierno. En primer lugar, a la devaluación del bolívar que acordó el Ejecutivo Nacional el 8 de febrero de 2013. Con una devaluación de 46,0% era de esperarse que los precios registrasen presiones al alza como efectivamente sucedió. Sin embargo, el aumento de los precios excedió con creces el monto de la devaluación, lo que sugiere la presencia de otro factor determine del aumento de los precios.
Así, en segundo lugar, puede aseverase que la impresión de dinero por parte del BCV para financiar el déficit fiscal ha contribuido de forma clara a agravar el cuadro de elevada inflación que sufre la economía venezolana. En efecto, cifras hasta 13 de diciembre de 2013, consignan un aumento de la liquidez monetaria de 57,7% que en momentos de menor actividad económica se ha traducido en mayores tensiones inflacionarias, a pesar de los controles de precios. De esta manera, la política financiera adelantada por el BCV ha contribuido a socavar el poder adquisitivo del bolívar.
Aunque el gobierno no ha publicado la información fiscal, estimaciones confiables permiten afirmar que el déficit de la gestión financiera del sector público se situó en 14,0% del PIB, equivalente a US$ 45.000 millones, aproximadamente. Buena parte de ese déficit se origina en la crisis por la cual atraviesa PDVSA, signada esta por el estancamiento de la producción y la baja en las exportaciones que le generan flujo de caja a esa empresa. Como el déficit fiscal se refleja en acumulación de deuda, al cierre de 2013, la deuda total del sector público alcanza a US$ 210.000 millones, monto que representa el 60,0% del PIB.
El déficit fue financiado mayoritariamente con dinero, todo lo cual ha creado una masa de bolívares en circulación que el público no desea mantener en vista de la elevada inflación. Al repudiar los agentes económicos la moneda nacional, el resultado ha sido una fuerte presión sobre la cotización del bolívar en el mercado de cambio, tanto oficial como paralelo, que se ha expresado en depreciación de la moneda nacional y las consiguientes alzas de precios.
La experiencia internacional es concluyente al revelar que el abuso del financiamiento monetario del déficit fiscal ha sido el principal responsable de todas las experiencias de hiperinflación que se conocen en el mundo. Para tratar de contener el impulso que han tomado los precios, el gobierno optó por aplicar rebajas compulsivas de precios, que lejos de resolver el problema de la inflación amenaza con potenciarlo en la medida en que se ha profundizado la escasez. No obstante que las cifras de este indicador marcaron un aumento considerable en octubre hasta situarse en 22,4%, es probable que al cerrar 2013 el índice de escasez se acerque al 30,0% en vista de las pronunciadas ausencias de varios alimentos y artículos de aseo personal.
De esta manera, es evidente que en un ambiente de escasez se recrean las condiciones para que los precios sigan aumentado, más aun si se toma en consideración la caída de la producción nacional de alimentos, situación que ha obligado a incrementar las importaciones en un contexto donde los alimentos y las materias primas que se emplean en su elaboración han acusado notables alzas en sus precios en los mercados internacionales.
El aumento de las importaciones, conjuntamente con la caída de más de 30,0% en el precio del oro, condicionó la pérdida de reservas internacionales del BCV. Aunque las importaciones privadas han declinado por la retracción de la actividad económica, las compras externas reflejan un aumento importante. Ello se deduce de la declinación de 12,0% en las importaciones del sector privado y del aumento de 5,2% en las importaciones totales. Así, convertido el sector público en virtualmente el principal importador de Venezuela, era de esperarse mayores presiones sobre las reservas del BCV.
Entre finales de 2012 y el 20 de diciembre de 2013, el BCV perdió US$ 8.808 millones, monto que equivale al 30,0% de los activos externos del ente emisor. Ello configura una situación de crisis de balanza de pagos en la medida que resulta muy difícil para el BCV poder sostener por más tiempo el drenaje de sus reservas sin que se produzca una fuerte devaluación del bolívar. A ello se suma el hecho que la fracción liquida de las reservas internacionales a mediados de diciembre de 2013, se situaron en apenas US$ 1.200 millones.
Venezuela actualmente está pagando el riesgo excesivo que tomó el Directorio del BCV cuando decidió concentrar en tenencias de oro el 75% del total de las reservas. Eso fue un error, al contravenirse normas internacionalmente aceptadas que recomiendan a las autoridades monetarias diversificarlas posiciones en el manejo de los activos externos. Hoy Venezuela paga muy caro ese error.
Deterioro institucional
En 2013 se vivió en Venezuela un año aciago desde el punto de vista de las instituciones que formulan y ejecutan la política económica. Actualmente, la política económica no la dirige ni el Ministerio de Finanzas ni el de Planificación. Esa responsabilidad recae sobre Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Todo ello refleja la falta de coordinación de la política macroeconómica.
Conjuntamente con esto, atestigua Venezuela un grave y peligroso proceso de ocultamiento de información estadística vital para analizar la economía. Así, el BCV ha demorado injustificadamente la entrega de las cifras de inflación y de sus boletines mensuales. El Ministerio de Finanzas dejó de publicar los datos de la gestión fiscal y CADIVI ya no emite información sobre las asignaciones y liquidaciones de divisas. Todo ello merma la credibilidad y hace opaca la gestión pública.
Un 2014 complicado
Con la situación fiscal y monetaria anteriormente descrita, resulta obvio que el modelo económico está haciendo aguas. No es posible seguir financiando una gestión fiscal crónicamente deficitaria sin que ello acabe liquidando la estabilidad monetaria del país, tal como ha venido sucediendo con especial fuerza en 2012 y 2013. Un país sin estabilidad de su moneda está propenso a sufrir altas tasas de inflación.
Esa política fiscal y monetaria ha resultado inconsistente con el régimen cambiario que pretende fijar el tipo de cambio. Por tanto, se ha acumulado un desequilibrio cambiario que se va a traducir en una significativa devaluación del bolívar. Pero, con las capacidades del sector exportador no petrolero destruidas, el evento más probable es que tal devaluación contribuya a exacerbar la inflación y a contraer la economía debido a la pérdida del poder de compra de los salarios que la misma acarreará. Por tanto, en 2014 Venezuela sufrirá un ajuste contractivo signado por caída del PIB, elevada inflación y déficit en la balanza de pagos.
No es esa una situación fácil de manejar y resulta todavía más complicada si se adiciona la acentuación de la escasez debido a los controles de precios y cambio, la consiguiente declinación de la producción nacional y el deterioro de los canales de comercialización. Todos estos elementos se expresarán en una contracción de las remuneraciones de los asalariados.
Como elemento propagador de la inflación actuará el alza del precio de la gasolina y demás combustibles que ha anunciado el gobierno nacional para completar una situación crítica desde el punto de vista inflacionario y también de la situación social del pueblo venezolano.
Propuestas de la Unidad para salir de la crisis
La Unidad reitera los seis ejes de políticas para ordenar la economía nacional. El primero consiste en un aumento de la producción petrolera para generar mayor actividad económica y mayor cantidad de divisas para el país.
El segundo es un programa para disminuir la inflación, lo que implica detener la impresión de dinero inorgánico por parte del BCV con el objeto de financiar el déficit fiscal.
El tercero consiste en adoptar medidas en el campo productivo para elevar la producción nacional, especialmente la de alimentos.
El cuarto es implementar un programa de protección urgente para los 3 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Tememos que con la inflación de 2013 esta cifra aumentará.
El quinto tiene que ver la unificación de los tipos de cambio para detener la corrupción, estabilizar el bolívar e incentivar las exportaciones no petroleras y, finalmente, el sexto es la aplicación de un plan nacional de infraestructura para mejorar y potenciar la red de carreteras, autopistas, hospitales y escuelas. Esto a su vez se convierte en un plan de empleo para ocupar a más de un millón de venezolanos actualmente desempleados.

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