Grupo La Colina

¿Plan  de la Patria?  

  

       Teodoro Petkoff 

TALCUAL

El presidente de la República, Nicolás Maduro, está mostrando algunos extraños síntomas de perturbación anímica. Su más reciente jugada, ha sido la de establecer condiciones para una reunión suya con los alcaldes no elegidos por el chavismo.

Ellas serían tres: que declaren el acatamiento a la Constitución Nacional, el reconocimiento del presidente constitucional y la aceptación del Plan de la Patria. Que se sepa, nadie, alcalde o no alcalde, ha planteado el desacato a la Constitución Nacional.

Ella es nuestra ley máxima y punto. Capriles, después de aquella infortunada declaración en la cual desconoció la legitimidad del presidente, ha dado suficientes demostraciones de haber rectificado aquel criterio. Ahora, por lo que respecta al Plan de la Patria, conviene hacer algunas precisiones.

Maduro probablemente le atribuya a ese plan virtudes semejantes a las de las leyes de Moisés ­es su problema­, pero para el común de los venezolanos ese plan no es otra cosa que la denominación pomposa que se ha dado a lo que no es sino la monda y lironda política pública del oficialismo. Nada menos pero tampoco nada más. Con eso es más que suficiente.

Pero al Plan de la Patria se ha pretendido, de pronto, darle un carácter de ley, aprobada por la Asamblea Nacional, sin que (de paso) se hubiera cumplido con los extremos legales requeridos para ello. Promulgado por decreto, conforme a la atribución presidencial, que hace tal cosa posible, amén de legal, y que, por tanto, le brinda toda la legitimidad que le desea el gobierno, se le atribuye también la condición de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Esto es absurdo. Al Plan de la Patria se le ha cargado con un doble valor político. Decreto Ley presidencial, por un lado, y ley aprobada por el Parlamento, por la otra. No sólo es absurdo, como ya señalamos, sino que revela la precariedad del manejo legal del oficialismo. La condición de ley no le añade nada al decreto, como parece creer aquel. Una vez dictado el decreto presidencial este le da todo el peso legal necesario y en este caso, lo que abunda sí daña, sobre todo porque afecta, sin duda, el sentido del ridículo del Señor Presidente.

Pero, oyendo a Maduro, uno creería que oponerse al Plan de la Patria equivaldría a una suerte de traición. Obviamente, no es así. La oposición partidista, así como cualquier venezolano, tiene todo el derecho a oponerse, siempre que lo haga democráticamente, a cualquier plan o proyecto que elabore el gobierno. Cuestionar ese derecho, que es lo que Maduro hace en la práctica, equivale a cuestionar la naturaleza democrática de la sociedad venezolana. El presidente no puede pretender que se atribuya a sus proyectos políticos una condición armórea, que los sacaría del debate público, haciéndolos ajenos a cualquier forma de escrutinio popular. La raíz de una sociedad democrática es el debate; ella es hija del debate y así ha sido a través de los tiempos. También en Venezuela.