Víctor Rodríguez Cedeño
El Nacional
Tras un proceso electoral fraudulento, marcado por un ventajismo sin precedentes, se abre un nuevo escenario político, en medio de lecturas contradictorias. Las fuerzas deberán asumir sus responsabilidades y reordenarse. El oficialismo, por su parte, deberá enfrentar las graves consecuencias que sobre la economía nacional y la vida del país tendrán las nefastas medidas populistas adoptadas y ejecutadas con fines electoreros durante la campaña. La oposición, por la suya, deberá reestructurarse y reorganizarse, de la manera menos traumática, con la inclusión de todos los sectores del país en una nueva Mesa de Coordinación y redefinir una estrategia que vaya más allá de lo simplemente electoral.
De nuevo se habla de diálogo, un ejercicio propio de la democracia, pero en medio de graves contradicciones. El hecho de estar ante un régimen sui generis que ha abandonado el orden constitucional y los principios y valores democráticos y que centraliza el poder y recurre a los procesos electorales para legitimarse, complica la situación. Enfrentamos un régimen que si bien es cierto no surge de un golpe militar tradicional, aunque su origen se funda en los intentos de golpe de 1992, es el producto de una distorsión en el que los revolucionarios con indudable audacia y acierto han utilizado los medios que ofrece la democracia para desmontar un sistema de libertades que se había forjado durante décadas, en especial, desde 1958, cuando el pueblo y los militares institucionalistas derrocan la que se creía era la última dictadura en el país.
El diálogo exige una agenda mutuamente convenida, sin imposiciones. Si el régimen aceptara un dialogo franco, lo que parece difícil por no decir imposible, habría que incluir los temas medulares que han debilitado el sistema democrático, entre los cuales, la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos; la democratización del espacio mediático y el cese del acoso a los medios y periodistas independientes; el respeto absoluto de la voluntad popular, anulando los nombramientos ejecutivos que disminuyen las competencias y las funciones de las Alcaldías; la transparencia del sistema electoral y la designación de nuevos rectores, en forma justa y equilibrada; el cese de la violencia física, judicial y verbal y del apartheid político que acorrala el libre pensamiento y el derecho de los venezolanos a expresar sus convicciones y participar libremente en la vida política nacional; la erradicación de la corrupción administrativa y la aplicación imparcial de la justicia; la revisión de la gestión financiera del Ejecutivo, del BCV y de PDVSA lo que implica la inmediata designación de un Contralor independiente y eficiente; y, finalmente, entre otros, la renovación equilibrada del Tribunal Supremo de Justicia y la reorganización y profesionalización del Poder Judicial.
Maduro pretende limitar su “diálogo” al Plan de la Patria, lo que es inaceptable. Se trata de un documento partidista, meramente político, cuyo análisis corresponde solamente al partido oficialista, como un ejercicio interno, pero no como instrumento aplicable a la gestión del Estado. El Plan de la Patria es inconstitucional y como lo han señalado en forma clara los académicos “…está destinado a imponer u oficializar una sola concepción de las relaciones del Estado con la sociedad y de estos últimos con los individuos, así como del papel de lo público o estatal y de lo privado en el campo socioeconómico”. Además, el Plan busca “encuadrar a la sociedad dentro de una sola ideología (…) un plan que nos afecta a todos nosotros como venezolanos y nos obliga a seguir un camino único que va encaminado a hacer penetrar el socialismo en todos los espacios de la vida política, económica y social, como la producción y la economía; la educación; la recreación; el trabajo; la familia; los medios de comunicación, entre otros ámbitos.” El Estado comunal, definitivamente, contradice abiertamente la Constitución, lo que es absolutamente inaceptable.
Ante las reveladoras declaraciones de quienes hoy mandan podemos concluir que el régimen difícilmente aceptará un diálogo democrático y de interés verdaderamente nacional. Ya Maduro había anunciado que solo daría apoyo a los alcaldes socialistas, la más fiel expresión de un aberrante apartheid político, el mismo contra el cual luchó, en dimensiones absolutamente diferentes, Nelson Mandela hoy abrazado por el totalitarismo criollo, mientras que Aristóbulo amenaza con gobiernos paralelos, a los alcaldes que no se plieguen.
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