Luis Pedro España
El año arrancó con una de esas trágicas noticias que conmueven a la opinión pública. El doble asesinato de una actriz venezolana y su esposo ha tenido repercusión no solo en el país, sino en el exterior. Cuando este tipo de hechos ocurren, se pone en evidencia el drama que vivimos todos los días, pero que pasa inadvertido dado el anonimato de las víctimas, la resistencia de la comunidad a reconocer las verdaderas causas y la obstinada insolencia de un gobierno que sigue dándole el mismo tratamiento fallido a un problema para el cual sus métodos torcidos no tienen respuestas.
No se trata de politizar la desgracia, es tratar de gritarles en la cara para que dejen la pose de sabiondos y opten por la humilde postura de reconocer que llevan 15 años o más empeorando el problema de la violencia en Venezuela. Las cifras de asesinos hablan por sí solas. Cada evento de desinstitucionalización, llámese estallido social y shock económico (1989), intento de golpe de Estado (1992), justificación discursiva de la violencia (1999), golpe de Estado y paro petrolero (20022003), todos son momentos en que las cifras de homicidios dan un salto y se quedan colgadas en algún múltiplo de sangre. Más de 20.000 asesinatos deberían ser suficientes para que jerarcas de la seguridad, responsables de la justicia, cuerpos policiales y ministros de penitenciarias piensen seriamente si están por casualidad un poco equivocados en sus procedimientos. Escucharlos declarar da para entender por qué estamos donde y como estamos. Refugiándose en el sentido común que cualquier desentendido aceptaría, despliegan culpas por todos lados y solo al final, por allá lejote, dicen que sus despachos algo tienen que ver con el asunto. Falta de familia, confabulación de madres que se benefician de hijos delincuentes, medios de comunicación inconscientes, capitalismo consumista, tecnología violenta y miles de babiecadas de señor o señora moralista que nunca entendió nada sobre las verdaderas causas del problema, en otras palabras, similar a ellos y sus justificadoras ideas sobre el tema. Ni siquiera por el simple ejercicio de comparar y preguntarse por qué otras sociedades del continente, con gobiernos con los que para nada se sentirían identificados y con sociedades mucho más expuestas a esas tentaciones modernistas y egoístas son mucho más pacíficas que la nuestra.
Con ese simple ejercicio, un mínimo de honestidad intelectual y reflexiva les debería indicar que el principal culpable de este valle de sangre es el gobierno y su sistema de justicia.
Cualquiera que se haya aproximado a la violencia urbana de este país sabe que el problema principal es lo barato que resulta ejercer la violencia y lo muy lucrativa que es en términos económicos y de estatus. Que muchos de los guapetones de barrio que imponen su propia y particular ley lo hacen en nombre del proceso político de la revolución, que se sienten guapos y apoyaos, casi intocables ante ciudadanos a los que les toca hacerse la vista gorda porque no pueden hacer otra cosa.
El ejercicio de malandro no sólo es probabilísticamente a favor del delincuente, sino que además representa varios múltiplos de salarios mínimos.
Nada tiene que ver con la familia convertida en chivo expiatorio por unos ciudadanos que la culpan de los males sociales, sin percatarse de que se trata de la falta de institucionalidad, de leyes que no deben reparar en casos especiales o que se detienen en atributos políticos o económicos que son el camino a la impunidad, verdadera causa de nuestra altísima tasa criminal. Por eso, frente a los abominables crímenes y ante tanta ineficiencia e incomprensión intencionada del tema, las autoridades deberían como mínimo callarse la boca, por respeto a los deudos y a todos nosotros, que somos posibles próximas víctimas.
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