miércoles, 8 de enero de 2014

Declaración de la Mesa de la Unidad Democrática sobre seguridad ciudadana

El Gobierno nacional necesita realizar una revisión profunda
de las políticas que viene ejecutando en materia de seguridad ciudadana

Desde la Mesa de la Unidad Democrática queremos manifestar nuestras condolencias y total solidaridad con los familiares de la ciudadana Mónica Spear y su esposo, Thomas Berry, quienes fueron vilmente asesinados por delincuentes desalmados, los cuales hirieron también a su menor hija. Nos unimos igualmente al profundo dolor que este, y todos los crímenes que ocurren en el país, han causado en el pueblo venezolano.

Este caso refleja la desbordada criminalidad que cada día deja a decenas de familias enlutadas en el país. Desde 1998 la tasa de asesinatos, al igual que la incidencia de los secuestros, robos y otros delitos graves, no ha dejado de aumentar en Venezuela. En los últimos quince años han caído, en nuestro país, más de 200 mil venezolanos como consecuencia de la violencia criminal. Sólo en 2013 se produjeron más de 24.700 homicidios en el territorio nacional. El grueso de estos casos, en lo individual, no tiene trascendencia ante la opinión pública, y en consecuencia solo pasan a formar parte de las estadísticas delictivas.

El Gobierno nacional necesita realizar una revisión profunda de las políticas que viene ejecutando en materia de seguridad ciudadana, las cuales evidentemente no han dado resultados positivos. Con simples operativos, policiales o militares, el país no va a superar esta terrible crisis de inseguridad. Se necesitan aplicar, con carácter de urgencia, medidas estructurales dirigidas a prevenir los delitos, acabar con la impunidad criminal y a facilitar la rehabilitación de los reclusos. Ratificamos que las distintas propuestas que ha realizado la Unidad en materia de seguridad ciudadana, desarrolladas en diversos documentos, se encuentran completamente a la orden del país.

El artículo 55 de nuestra Constitución señala claramente que la seguridad ciudadana es competencia del Estado. El Gobierno nacional no puede continuar evadiendo su responsabilidad en esta materia. Los venezolanos merecemos que este tipo de hechos no continúen ocurriendo.

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