ELSA CARDOZO
La nutrida concurrencia de firmantes para que se autorice la solicitud del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro renueva el mensaje del pasado 6 de diciembre. Es más, considerando todas las trabas y retardos, advertencias y amenazas del oficialismo, su significación se amplifica, tanto más cuando ha continuado el derrumbe interior y exterior del apoyo al régimen que se intenta mantener a toda costa.
Ante el derrumbe interior la respuesta del gobierno, que parece cultivar deliberadamente la ingobernabilidad, no ha sido la de rectificar para ganar eficiencia y legitimidad. En cambio, se muestra más sordo que nunca en su pésimo desempeño y ha más que confirmado su disposición a reprimir.
Mientras tanto, a medida que internacionalmente toman distancia socios hasta hace poco muy cercanos (entre sus circunstancias particulares y sus cálculos políticos, sus deudas y sus acreencias), se ha acentuado la estrategia gubernamental de bloquearse a informes, evaluaciones y demandas internacionales. Aislarse de esas presiones, y aislar al país del escrutinio exterior, supone también aislar a la oposición, atentando contra derechos políticos esenciales. Es lo que viene haciendo el gobierno abiertamente, sin disimulo, contra las competencias y la independencia que harían de la Asamblea Nacional una pieza clave para la recuperación de democracia en Venezuela.
Aislarse de quienes afuera lo objetan y aislar de lazos internacionales a quienes desde adentro lo confrontan. Ese es el asunto central en la estrategia diplomática venezolana desde 2013. En realidad, eso se ha vuelto más difícil de lograr cada día. Así lo dejaron ver las oleadas de denuncias que en diferentes momentos han ventilado las inocultables carencias jurídicas y éticas del gobierno venezolano: la escala de la represión de 2014, sus réplicas en el 2015, la acumulación de detenciones arbitrarias, la traición a la palabra empeñada ante testigos internacionales del diálogo con la oposición, la falta de separación de poderes, los obstáculos de toda índole al ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, las amenazas y la violencia frente a las propuestas institucionales de la Mesa de Unidad Democrática para evitar un colapso mayor.
Por su parte, la oposición organizada en torno a la MUD ha sostenido consistentemente la estrategia de romper el aislamiento, abriendo y cultivando vínculos con países, organizaciones internacionales y no gubernamentales, partidos políticos y personalidades con posibilidad de apoyar la recuperación de gobernabilidad en democracia.
En esa estrategia encaja la misión de la delegación de diputados de la Asamblea Nacional que en estos días ha acudido al Secretario General de la OEA para exponer la crítica situación venezolana, explorar mecanismos de esa organización para atenderla y solicitar que el caso sea debatido en el Consejo Permanente. Expresamente, han señalado la no conveniencia de aplicar la máxima sanción prevista en la Carta Democrática Interamericana, que es la que desde hace años merece el gobierno de Venezuela, pero no los venezolanos. La exclusión de la OEA, en efecto, no ayudaría en nada. Si el gobierno venezolano no se ha autoexcluido ha sido porque en el foro al que tanto ha descalificado y ofendido se cree en posibilidad (con los votos) para influir y obstaculizar decisiones que lo afectan. Si delegados de la oposición han insistido en llevar allí nuestro caso, a pesar de un bien justificado escepticismo, es porque los gobiernos y sus intereses cambian –y están cambiando– y la estructura institucional de la organización tiene demostrado potencial para apoyar transiciones a la democracia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario