Los
rojos: aislados y al descubierto
Trino Márquez
El comunicado elaborado por Luis
Almagro para justificar la convocatoria a la reunión extraordinaria del Consejo
Permanente de la OEA, representa una detallada radiografía de la crisis global
que vive Venezuela. En 132 páginas Almagro explica las características del
colapso que estremece al país en el orden político, institucional, económico y
social. Por primera vez un Secretario General de ese organismo multilateral,
creado en 1948, toma la decisión de iniciar los trámites que conduzcan a las
sanciones políticas y morales contempladas en la Carta Democrática
Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, luego de un
amplio conjunto de acuerdos previos.
En
la Carta, los países signatarios se comprometen a desterrar del continente las
dictaduras militares, los cuartelazos y todas las formas de autoritarismo o
autocracia que quebranten los principios republicanos asociados con la legitimidad
de origen de los gobiernos fundada en el sufragio universal en elecciones
trasparentes y equilibradas, la autonomía, equilibrio y cooperación entre los
Poderes Públicos, el respeto a las libertades políticas, la libertad de prensa,
la libertad de pensamiento, el libre albedrío, la prohibición de apresar a una
persona por sus ideales políticos, entre otras conquistas civilizatorias que
forman parte del desarrollo de la
Humanidad.
Con
la CDI las naciones de la región dieron un salto gigantesco hacia la civilidad,
convirtiendo a la OEA en una instancia al servicio del desarrollo económico en
un ambiente signado por la libertad y la democracia. Hugo Chávez suscribió la
Carta y luego la invocó en un par de oportunidades: cuando su amigote Manuel
Zelaya fue eyectado del poder en 2008, por pretender reelegirse violando la
Constitución hondureña; y cuando Fernando Lugo, entonces presidente de
Paraguay, fue sometido a juicio político por el Congreso, instancia que lo
destituyó. En ambas ocasiones, Chávez se convirtió en un acusador implacable.
Blandiendo la CDI exigió la expulsión del sistema interamericano de los
gobiernos surgidos con esas crisis.
Ahora
el cuadro se invirtió. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una larga
lista de atropellos contra la Carta Magna. Además de los aspectos señalados por
Luis Almagro, esas violaciones han sido ampliamente documentadas por los
constitucionalistas más importantes del país. Allan Brewer-Carías, Asdrúbal
Aguiar, Juan Manuel Raffalli, Luis A. Herrera entro otros abogados, han
levantando un enorme expediente de esas violaciones, impunes porque el TSJ, de
modo especial la Sala Constitucional, han actuado como cómplices del Presidente
para convertir la Constitución en polvo cósmico. Las trasgresiones se han
convertido en rutinarias desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional el
pasado 5 de enero.
Razones
para invocar la aplicación de la CDI sobran. Los juristas las han argumentado
con argumentos irrebatibles. El mismo gobierno de Maduro ha dado pruebas que la
justifican. Basta leer los “considerando” del último Decreto de Emergencia
Económica para determinar que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y
hay que restablecerlo lo más pronto posible. Almagro fue electo Secretario
General para velar por el cumplimiento de la CDI. Es lo que está haciendo.
La
discusión en la OEA recoloca la atención de la comunidad internacional sobre
Venezuela. La crisis sistémica que vive la nación vuelve a ser uno de los temas
de la agenda global. La camarilla que rodea a Maduro no saldrá bien librada ni
siquiera en el caso de que no se consigan los 24 votos necesarios para aplicar
las sanciones políticas y morales contempladas en la CDI. Ahora el mundo refrescará
en su memoria que en Venezuela el Poder Legislativo es pisoteado por un Presidente
de la República con talante dictatorial, que los parlamentarios representantes
de 60% del electorado son amenazados con prisión, que Leopoldo López, Antonio
Ledezma y Manuel Rosales, junto a muchos otros políticos, se encuentran
secuestrados o exiliados. Recordará que la gente se muere por falta de
medicinas porque el Gobierno no acepta la ayuda humanitaria internacional y que
la escasez de alimentos se debe a la aplicación de una política absurda basada
en la destrucción del aparato productivo nacional.
A
Maduro le será más difícil eludir el revocatorio en 2016. Todos los gobiernos,
incluidos los que se alíen con él en la votación, sabrán que la consulta
popular constituye el único camino para evitar que la violencia se desborde. La
presión internacional se elevará. La dictadura roja está cada más aislada y al
descubierto.
@trinomarquezc
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