CARTA ENVIADA POR HUMAN RIGHTS WATCH
A LOS PRESIDENTES DE MERCOSUR SOBRE
INGRESO DE VENEZUELA
Washington DC, 3 de agosto de 2012
Excma. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Presidencia de la Nación
Buenos Aires, ARGENTINA
De mi mayor consideración,
Tengo el honor de dirigirme a S.E. en relación con la reciente incorporación de Venezuela como miembro del MERCOSUR, lo cual genera la consiguiente oportunidad —y responsabilidad— para su gobierno y otros miembros del MERCOSUR de abordar los graves problemas de derechos humanos que existen actualmente en Venezuela.
Como seguramente sabe, el artículo 1 del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR dispone que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”[1]. A su vez, el artículo 2 establece que “[l]as Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el MERCOSUR”.
Con respecto al artículo 1, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha concentrado el poder en el ejecutivo, socavando deliberadamente la independencia de las demás instituciones democráticas y eliminando controles esenciales al uso arbitrario y abusivo del poder estatal.[2]
El Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional efectuaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, cuando aumentaron el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32, y designaron a aliados políticos para cubrir las nuevas vacantes. Tras las elecciones legislativas de 2010, en las cuales el partido chavista perdió su amplia mayoría en la Asamblea Nacional, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar una vez más la conformación del Tribunal Supremo con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición que habían ganado las elecciones ocuparan sus bancas.
El Tribunal Supremo, integrado por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder abusivo del Estado y como garante de los derechos fundamentales. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en sentencias dictadas por el tribunal, que niegan expresamente el principio de que el poder judicial debería actuar como un control independiente del poder presidencial y han avalado en varias oportunidades decisiones del gobierno que van contra sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos.
Uno de los ejemplos más preocupantes de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni. La Jueza Afiuni fue encarcelada luego de que, en diciembre de 2009, dispusiera la libertad condicional de un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. A pesar de que su decisión cumplió con lo dispuesto por el derecho venezolano e internacional, un día después el Presidente Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y pidió que recibiera una pena de 30 años de prisión. Afiuni estuvo más de un año en prisión preventiva en un penal de mujeres junto con otras reclusas violentas, y al día de hoy permanece sujeta a un arresto domiciliario arbitrario, mientras espera que se sustancie el juicio en su contra.
A su vez, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han conseguido debilitar la libertad de expresión a través de diversas leyes y políticas que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control. Han sancionado leyes que amplían el alcance de las disposiciones sobre desacato que penalizan las expresiones ofensivas contra funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda o cierre canales de televisión y estaciones de radio cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”. El gobierno también ha ejercido sus facultades regulatorias de manera abusiva para castigar, incluso mediante censura previa, a medios de comunicación que critican al gobierno en asuntos de interés público.
Asimismo, el Presidente Chávez y sus partidarios han intentado activamente marginar a defensores de derechos humanos venezolanos, acusándolos infundadamente de que reciben apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia en el país. En julio de 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”, de conformidad con una disposición del Código Penal que prevé una pena de prisión de hasta 15 años para este delito. Y en diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional, y contempla severas multas para las organizaciones que inviten a extranjeros cuyas opiniones “ofendan” a las instituciones del gobierno. Varias de las principales ONG venezolanas han sido denunciadas penalmente por partidarios del gobierno, quienes las acusan de recibir financiamiento extranjero.
La acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a venezolanos que critican al presidente u obstaculizan su agenda política. El Presidente Chávez y sus partidarios han utilizado estas facultades en una variedad de casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
Estos casos de alto perfil han tenido un impacto no sólo en aquellas personas o grupos directamente afectados, sino también en muchos otros venezolanos contra quienes estas acciones no fueron dirigidas específicamente. Para jueces, periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en particular, las acciones del gobierno han enviado un mensaje claro: el Presidente y sus partidarios están dispuestos (y cuentan con los poderes para hacerlo) a castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos. A pesar de que muchos venezolanos continúan criticando al gobierno, la idea de tener que enfrentar represalias similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha menoscabado la capacidad de los jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de publicar información y opiniones que son críticas del gobierno.
El artículo 2 del Protocolo de Asunción prevé para su gobierno y los demás Estados Partes del MERCOSUR una oportunidad importante, y también el deber, de abordar seriamente ante el gobierno de Venezuela estos graves problemas de derechos humanos. Si los Estados Partes del MERCOSUR ignoran su compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y el respeto por las instituciones democráticas, enviarán el lamentable mensaje de que los compromisos internacionales reflejados en el Protocolo de Asunción son simplemente letra muerta.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
Comunicaciones enviadas:
Carta al gobierno de Argentina
Open publication - Free publishing - More mercosur Carta a la presidencia de Uruguay
Open publication - Free publishing - More mercosur Carta a la presidencia de Brasil
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Excma. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Presidencia de la Nación
Buenos Aires, ARGENTINA
De mi mayor consideración,
Tengo el honor de dirigirme a S.E. en relación con la reciente incorporación de Venezuela como miembro del MERCOSUR, lo cual genera la consiguiente oportunidad —y responsabilidad— para su gobierno y otros miembros del MERCOSUR de abordar los graves problemas de derechos humanos que existen actualmente en Venezuela.
Como seguramente sabe, el artículo 1 del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR dispone que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”[1]. A su vez, el artículo 2 establece que “[l]as Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el MERCOSUR”.
Con respecto al artículo 1, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha concentrado el poder en el ejecutivo, socavando deliberadamente la independencia de las demás instituciones democráticas y eliminando controles esenciales al uso arbitrario y abusivo del poder estatal.[2]
El Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional efectuaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, cuando aumentaron el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32, y designaron a aliados políticos para cubrir las nuevas vacantes. Tras las elecciones legislativas de 2010, en las cuales el partido chavista perdió su amplia mayoría en la Asamblea Nacional, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar una vez más la conformación del Tribunal Supremo con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición que habían ganado las elecciones ocuparan sus bancas.
El Tribunal Supremo, integrado por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder abusivo del Estado y como garante de los derechos fundamentales. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en sentencias dictadas por el tribunal, que niegan expresamente el principio de que el poder judicial debería actuar como un control independiente del poder presidencial y han avalado en varias oportunidades decisiones del gobierno que van contra sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos.
Uno de los ejemplos más preocupantes de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni. La Jueza Afiuni fue encarcelada luego de que, en diciembre de 2009, dispusiera la libertad condicional de un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción. A pesar de que su decisión cumplió con lo dispuesto por el derecho venezolano e internacional, un día después el Presidente Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y pidió que recibiera una pena de 30 años de prisión. Afiuni estuvo más de un año en prisión preventiva en un penal de mujeres junto con otras reclusas violentas, y al día de hoy permanece sujeta a un arresto domiciliario arbitrario, mientras espera que se sustancie el juicio en su contra.
A su vez, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han conseguido debilitar la libertad de expresión a través de diversas leyes y políticas que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control. Han sancionado leyes que amplían el alcance de las disposiciones sobre desacato que penalizan las expresiones ofensivas contra funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda o cierre canales de televisión y estaciones de radio cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”. El gobierno también ha ejercido sus facultades regulatorias de manera abusiva para castigar, incluso mediante censura previa, a medios de comunicación que critican al gobierno en asuntos de interés público.
Asimismo, el Presidente Chávez y sus partidarios han intentado activamente marginar a defensores de derechos humanos venezolanos, acusándolos infundadamente de que reciben apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia en el país. En julio de 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”, de conformidad con una disposición del Código Penal que prevé una pena de prisión de hasta 15 años para este delito. Y en diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional, y contempla severas multas para las organizaciones que inviten a extranjeros cuyas opiniones “ofendan” a las instituciones del gobierno. Varias de las principales ONG venezolanas han sido denunciadas penalmente por partidarios del gobierno, quienes las acusan de recibir financiamiento extranjero.
La acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a venezolanos que critican al presidente u obstaculizan su agenda política. El Presidente Chávez y sus partidarios han utilizado estas facultades en una variedad de casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
Estos casos de alto perfil han tenido un impacto no sólo en aquellas personas o grupos directamente afectados, sino también en muchos otros venezolanos contra quienes estas acciones no fueron dirigidas específicamente. Para jueces, periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en particular, las acciones del gobierno han enviado un mensaje claro: el Presidente y sus partidarios están dispuestos (y cuentan con los poderes para hacerlo) a castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos. A pesar de que muchos venezolanos continúan criticando al gobierno, la idea de tener que enfrentar represalias similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha menoscabado la capacidad de los jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de publicar información y opiniones que son críticas del gobierno.
El artículo 2 del Protocolo de Asunción prevé para su gobierno y los demás Estados Partes del MERCOSUR una oportunidad importante, y también el deber, de abordar seriamente ante el gobierno de Venezuela estos graves problemas de derechos humanos. Si los Estados Partes del MERCOSUR ignoran su compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y el respeto por las instituciones democráticas, enviarán el lamentable mensaje de que los compromisos internacionales reflejados en el Protocolo de Asunción son simplemente letra muerta.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
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