"En materia de información el país es un cuarto oscuro"
Las ONG denuncian que cada vez es más difícil acceder a datos en poder del Estado
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Cali (izquierda) y De Freitas (centro) al presentar el informe de la Coalición ProAcceso ENIO PERDOMO
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 11 de agosto de 2012
Como "encerradas en un cuarto oscuro". Así dicen sentirse las organizaciones de Derechos Humanos y de periodistas venezolanas, las cuales acusaron al Estado de violar el derecho que tienen los ciudadanos de hacerse con datos y estadísticas que están en manos de los funcionarios públicos.
"Cada vez es hay menos posibilidades de buscar y obtener información pública que nos permita ejercer nuestro derecho de ejercer contraloría a la función pública o conocer qué se hace con el dinero de los venezolanos", denunció Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela y de la Coalición ProAcceso, la cual ayer presentó en Caracas un informe en el que dan pruebas del retroceso que el país ha vivido en esta materia.
La vocera aseveró que el silencio es la respuesta que obtienen quienes acuden a los distintos organismos a pedir algún dato o estadística y para sustentar su señalamiento exhibió los resultados del reporte, en el cual se informa que de las 316 solicitudes de información que formularon sus integrantes desde 2007 a distintas instituciones del Estado, apenas once fueron respondidas y de ellas sólo cuatro fueron respondidas de manera satisfactoria.
Ante esta situación los integrantes de la Coalición llamaron a los funcionarios públicos a que "defiendan su autonomía e independencia y comiencen a generar los mecanismos para que la información esté al alcance de todos los ciudadanos con calidad, oportunidad y de manera actualizada". Asimismo instaron a los ciudadanos para que hagan solicitudes y así fuercen a que haya un cambio de actitud entre las autoridades y empleados del Estado.
Los tribunales no ayudan
De Freitas fustigó la actitud del Poder Judicial frente este derecho, pues a su juicio ha convertido el marco legal en materia de acceso a la información pública en "un adorno".
"Tenemos una administración que nos niega información, esconde los informes y desaparece informes que estaban presentado con regularidad y tampoco contamos con el sistema judicial para que se garantice este derecho", se quejó, al tiempo que denunció de ninguno de los once casos que han llevado en los últimos años ante los jueces para conseguir algún dato ha prosperado.
Por su parte, el abogado Oswaldo Cali, miembro de Espacio Público, otra de las organizaciones integrantes de la Coalición, informó que solicitaron a la Defensoría del Pueblo que les informe qué medidas ha adoptado para conseguir que los venezolanos que deseen obtener algún dato en poder del Estado pueden conseguirlo.
Acto seguido reveló que hasta el momento no han tenido respuesta.
De Freitas también informó que estudiaron el marco legal vigente en Venezuela y se encontraron que pese a que la Constitución de 1999 obliga a los funcionarios públicos a responder las peticiones de información formuladas por los ciudadanos, so pena de destitución, desde el año 2000 la Asamblea Nacional o el presidente Hugo Chávez, por medio de la Ley Habilitante, han dictado unas 22 leyes que contradicen lo dispuesto en el artículo 21 del texto fundamental.
"Esto contribuye a la opacidad y complica el ejercicio de esta garantía", concluyó.
"Cada vez es hay menos posibilidades de buscar y obtener información pública que nos permita ejercer nuestro derecho de ejercer contraloría a la función pública o conocer qué se hace con el dinero de los venezolanos", denunció Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela y de la Coalición ProAcceso, la cual ayer presentó en Caracas un informe en el que dan pruebas del retroceso que el país ha vivido en esta materia.
La vocera aseveró que el silencio es la respuesta que obtienen quienes acuden a los distintos organismos a pedir algún dato o estadística y para sustentar su señalamiento exhibió los resultados del reporte, en el cual se informa que de las 316 solicitudes de información que formularon sus integrantes desde 2007 a distintas instituciones del Estado, apenas once fueron respondidas y de ellas sólo cuatro fueron respondidas de manera satisfactoria.
Ante esta situación los integrantes de la Coalición llamaron a los funcionarios públicos a que "defiendan su autonomía e independencia y comiencen a generar los mecanismos para que la información esté al alcance de todos los ciudadanos con calidad, oportunidad y de manera actualizada". Asimismo instaron a los ciudadanos para que hagan solicitudes y así fuercen a que haya un cambio de actitud entre las autoridades y empleados del Estado.
Los tribunales no ayudan
De Freitas fustigó la actitud del Poder Judicial frente este derecho, pues a su juicio ha convertido el marco legal en materia de acceso a la información pública en "un adorno".
"Tenemos una administración que nos niega información, esconde los informes y desaparece informes que estaban presentado con regularidad y tampoco contamos con el sistema judicial para que se garantice este derecho", se quejó, al tiempo que denunció de ninguno de los once casos que han llevado en los últimos años ante los jueces para conseguir algún dato ha prosperado.
Por su parte, el abogado Oswaldo Cali, miembro de Espacio Público, otra de las organizaciones integrantes de la Coalición, informó que solicitaron a la Defensoría del Pueblo que les informe qué medidas ha adoptado para conseguir que los venezolanos que deseen obtener algún dato en poder del Estado pueden conseguirlo.
Acto seguido reveló que hasta el momento no han tenido respuesta.
De Freitas también informó que estudiaron el marco legal vigente en Venezuela y se encontraron que pese a que la Constitución de 1999 obliga a los funcionarios públicos a responder las peticiones de información formuladas por los ciudadanos, so pena de destitución, desde el año 2000 la Asamblea Nacional o el presidente Hugo Chávez, por medio de la Ley Habilitante, han dictado unas 22 leyes que contradicen lo dispuesto en el artículo 21 del texto fundamental.
"Esto contribuye a la opacidad y complica el ejercicio de esta garantía", concluyó.
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