Grupo La Colina

CORREA EL INCOHERENTE

Patricia Villarruel

El gobernante que pretende convertirse en adalid de la libertad
de expresión al conceder asilo diplomático a Julian Assange es
el mismo que en su país, Ecuador, ha orquestado una política
de acoso a los medios que no reproducen las consignas que
abandera su «Revolución Ciudadana». Rafael Correa no cree
en la legitimidad de los medios privados para controvertir al poder.
Los llama la «prensa corrupta». El economista con estudios en
Bélgica y EEUU insulta y descalifica a quien lo critica. Cerca y
amordaza al periodista incómodo. Repite hasta la saciedad su
nombre y apellido. Si es necesario exhibe su fotografía durante
sus programas sabatinos para que el «enemigo» pueda ser identificado
y pide al pueblo que «reaccione».
No deja de ser paradójico que el respeto a los derechos humanos
al que apela Correa en el caso Assange se vulnere dentro de las
fronteras del país que gobierna. La estrategia del régimen ha
consistido en incrementar el número de medios estatales y amedrentar
a la prensa privada. «Hay perdón, pero no olvido», sentenció el
presidente tras solicitar que se anule la ejecución de la condena a
tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares impuesta
a tres directivos y a un ex editor del diario El Universo, a quienes
demandó por injurias. El litigio estuvo plagado de dudas sobre la
independencia de una justicia que atraviesa un proceso de
reestructuración (uno de los veedores es Garzón, abogado de
Assange).
Los enfrentamientos no han dejado de sucederse. El Ejecutivo
resolvió no conceder entrevistas a medios privados porque los
considera «oligopolios mediáticos que distorsionan la realidad
informativa». A finales de julio, el Ministerio Laboral embargó por
una falta administrativa la redacción de la revista Vanguardia. Las
autoridades se incautaron de los ordenadores de los redactores que
han destapado varios casos de corrupción. En el marco de esta
cruzada, el Ejecutivo ha emprendido una embestida legal que incluye
una Ley de Comunicación a la espera de ser aprobada por la
Asamblea, artículos en el Código Penal sobre los que pesan
demandas de inconstitucionalidad porque intentan judicializar la
actividad periodística y un Código de la Democracia que limita
el trabajo de los comunicadores en época de elecciones. El diario
oficialista El Telégrafo advertía ayer de que «Ecuador marca un
hito, plantea un antes y después en la lucha por la libertad de
expresión». El periodismo independiente sigue, sin embargo,
ejerciendo su labor en el país con restricciones. Claro, «hay perdón,
pero no olvido». Palabra de Correa. El incoherente.