Oposición exige a la Fiscalía procesar a rectores del CNE
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Aveledo acudió a la Fiscalía acompañado por el exdecano de la Facultad de Derecho de la UCV, Alberto Arteaga Sánchez GUSTAVO BANDRES
JUAN FRANCISCO ALONSO |
EL UNIVERSAL
Por considerar que violaron la Ley contra la Corrupción al autorizar el traslado de 108 electores fuera del lapso legal permitido, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) solicitó al Ministerio Público que lleve a los tribunales a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Socorro Hernández.
Luego de consignar la denuncia contra las autoridades del organismo comicial, el secretario Ejecutivo de la alianza opositora, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que la migración de los seis candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a gobernadores, de sus familiares y de funcionarios como el vicepresidente Nicolás Maduro y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, "es un delito muy claro".
"El 15 de abril de este año se aprobó la conformación definitiva del Registro Electoral. Con posterioridad hubo modificaciones en beneficio de unas personas que son candidatos del PSUV a gobernaciones", recordó el dirigente político, quien aseveró: "Este privilegio a parte de ser antidemocrático, constituye un delito muy claro. El artículo 68 de la Ley contra la Corrupción establece específicamente que el funcionario público que utilice su cargo para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político será sancionado con prisión de uno a tres años".
Aveledo recordó que las autoridades del Poder Electoral deben ser imparciales y no pueden promover a ninguna tendencia.
"¿Qué estamos pidiendo al Ministerio Público? Que investigue, que establezca responsabilidades personales y que en defensa de las instituciones proceda a llevar ante los tribunales la causa de estas personas", agregó el Secretario Ejecutivo de la MUD.
Otra acción
Esta es la segunda acción que interpone el bloque opositor contra las migraciones electorales aprobadas por el CNE con miras a las elecciones regionales del 16 de diciembre, pues hace unas semanas acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar la nulidad de los cambios.
Consultado sobre los motivos por los cuáles demoraron tanto en interponer la denuncia ante el Ministerio Público, Aveledo replicó: "Porque hay que hacer las cosas como se deben hacer. Hay que estudiar el caso desde el punto de vista jurídico y luego proceder. Esto no es una carrera sino una actuación seria, ciudadana, que lo que persigue es que en Venezuela impere el Estado de Derecho".
El rectora Hernández, al defender la decisión de autorizar los cambios extemporáneos, señaló que los mismos buscaban que "los candidatos postulados a gobernadores se les concediera el derecho al sufragio porque se postularon en un determinado estado. Son casos excepcionales".
Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) el padrón electoral definitivo no puede ser modificado después de haber sido publicado por el organismo comicial. El Registro que se utilizará en las regionales del próximo 16 de diciembre fue publicado por el CNE el pasado 15 de abril.
Luego de consignar la denuncia contra las autoridades del organismo comicial, el secretario Ejecutivo de la alianza opositora, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que la migración de los seis candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a gobernadores, de sus familiares y de funcionarios como el vicepresidente Nicolás Maduro y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pedro Maldonado, "es un delito muy claro".
"El 15 de abril de este año se aprobó la conformación definitiva del Registro Electoral. Con posterioridad hubo modificaciones en beneficio de unas personas que son candidatos del PSUV a gobernaciones", recordó el dirigente político, quien aseveró: "Este privilegio a parte de ser antidemocrático, constituye un delito muy claro. El artículo 68 de la Ley contra la Corrupción establece específicamente que el funcionario público que utilice su cargo para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político será sancionado con prisión de uno a tres años".
Aveledo recordó que las autoridades del Poder Electoral deben ser imparciales y no pueden promover a ninguna tendencia.
"¿Qué estamos pidiendo al Ministerio Público? Que investigue, que establezca responsabilidades personales y que en defensa de las instituciones proceda a llevar ante los tribunales la causa de estas personas", agregó el Secretario Ejecutivo de la MUD.
Otra acción
Esta es la segunda acción que interpone el bloque opositor contra las migraciones electorales aprobadas por el CNE con miras a las elecciones regionales del 16 de diciembre, pues hace unas semanas acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar la nulidad de los cambios.
Consultado sobre los motivos por los cuáles demoraron tanto en interponer la denuncia ante el Ministerio Público, Aveledo replicó: "Porque hay que hacer las cosas como se deben hacer. Hay que estudiar el caso desde el punto de vista jurídico y luego proceder. Esto no es una carrera sino una actuación seria, ciudadana, que lo que persigue es que en Venezuela impere el Estado de Derecho".
El rectora Hernández, al defender la decisión de autorizar los cambios extemporáneos, señaló que los mismos buscaban que "los candidatos postulados a gobernadores se les concediera el derecho al sufragio porque se postularon en un determinado estado. Son casos excepcionales".
Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) el padrón electoral definitivo no puede ser modificado después de haber sido publicado por el organismo comicial. El Registro que se utilizará en las regionales del próximo 16 de diciembre fue publicado por el CNE el pasado 15 de abril.
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