La OEA y la Unasur son organizaciones intergubernamentales que reflejan los intereses y las orientaciones ideológicas de los gobiernos que las integran en cada período histórico. La OEA de los años '60 y '70 no se ocupaba de democracia y derechos humanos y afirmaba en cambio que los principios de no intervención y soberanía estatal eran principios absolutos. Y no podía ser de otra manera, porque en la región había una relevante presencia de diferentes tipos de gobiernos autoritarios. Con la caída de Somoza en 1979 inicia un período de democratización del subcontinente que conduce finalmente a la firma de la Carta Democrática Interamericana en el 2001. Pero a partir de esa fecha, se da un evidente retroceso en ese proceso democratizador. Recordemos que el gobierno de Chávez en la III Cumbre de las Américas en abril del 2001 se desmarcó de la declaración final del encuentro al expresar reservas con relación a la cláusula democrática . En estos días, la reunión del Consejo Permanente de la OEA y el debate sobre la situación venezolana demuestra una vez más que los gobiernos actúan según sus intereses y orientaciones ideológicas, por tanto no se puede pedir a la OEA, lo que la OEA no puede dar. Entre los países del ALBA y los que reciben petróleo subsidiado venezolano hay una clara mayoría numérica. Hay que reconocerle al gobierno de Barbados la valentía de haberse abstenido en el caso de la debatida intervención de la diputada María Corina Machado, pero hay que mencionar también que Barbados es uno de los escasos miembros de Caricom que no forma parte de Petrocaribe. De todas maneras, lo importante es que el tema de las evidentes y sistemáticas violaciones de la democracia y de los derechos humanos, por parte del gobierno de Maduro, ha sido expuesto con detalles ante la opinión pública mundial.
Ahora bien, frente a la grave represión que el Gobierno ha dirigido contra las manifestaciones pacíficas, que le ha costado la vida a 33 personas, con decenas de heridos, decenas de torturados y más de un millar de detenidos, toda la comunidad internacional, con sus diferentes matices y posiciones, ha coincidido en el mensaje de llamar a un necesario diálogo entre los venezolanos. Por eso el gobierno ha reaccionado con un improvisado proceso, calificado de "Conferencia Nacional de Paz", en el cual el gobierno, sentado en un presídium, escucha y comenta los discursos de personas, algunas representativas, como las del sector empresarial, otras en cambio no representan a nadie.
En un reciente comunicado la Unasur anunció el envío de una misión de Cancilleres a Venezuela "para propiciar un dialogo entre el Gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social".
La delegación de los cancilleres que fue solicitada por las propias autoridades venezolanas, se reunirá a más tardar en la primera semana de abril y tendrá como objetivo "acompañar, apoyar y asesorar" en el diálogo político, "considerando la Conferencia Nacional de Paz" instalada por el Gobierno.
A pesar de que los miembros de Unasur como los de la OEA actuarán de acuerdo a sus intereses y orientaciones ideológicas, la venida de la misión es una oportunidad más para que los demócratas venezolanos le aclaren a la comunidad internacional que estamos a favor del diálogo. Pero para que sea auténtico y no una farsa mediática el diálogo debe ser con el liderazgo político de oposición, por el cual votó la mitad del pueblo en las elecciones presidenciales, que Maduro ganó con apenas el 1,5% de ventaja, según los discutibles y discutidos cómputos oficiales. Ese diálogo además debería tener un mínimo de condiciones previas que son la liberación de los presos políticos y de los estudiantes detenidos en las manifestaciones y la selección de un mediador o testigo internacional. Requiere también de una agenda, que debe tener como uno de los objetivos fundamentales el estricto cumplimiento de la Constitución, que debería ser el marco jurídico y político aceptado y respetado por todos los venezolanos. Se debería empezar por la elección, con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, de los rectores del CNE, de los magistrados del Tribunal Supremo, del Contralor, del Fiscal y del Defensor del Pueblo. Si el gobierno se opusiera a estas propuestas y siguiera el camino del aumento de la represión y del terrorismo judicial contra los dirigentes de la oposición, el deterioro de su legitimidad se aceleraría de manera relevante nacional e internacionalmente.
sadiogta@gmail.com
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