viernes, 11 de diciembre de 2015

HUMBERTO GARCÍA LARRALDE: PARA ACABAR CON EL RENTISMO DEBEMOS QUITARLE LA RENTA PETROLERA AL ESTADO
 
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Enrique Meléndez / especial Noticiero Digital / 11 dic 2015.- El economista Humberto García Larralde asegura que el problema fundamental de la economía venezolana es de larga data y tiene que ver con los incentivos perversos que ha generado una renta petrolera en manos del Estado.

El señalamiento lo hizo en un foro que organizó Cedice este martes.

Inició su conferencia citando el trabajo que viene desarrollando en el Cendes sobre “la ilusión de la siembra del petróleo” donde se pone de manifiesto la relación entre instituciones y el usufructo de la renta; de modo que si uno quiere hablar de instituciones que fortalezcan y resguarden la propiedad privada en función de la iniciativa y el desarrollo del país, tiene que atacar el problema rentístico.

“Si queremos acabar con el medio rentístico, dentro de un proceso de adecuación de las instituciones, obviamente, no debemos depender de la renta y esto significa un cambio institucional”.

Definió García Larralde a la renta petrolera como una ganancia extraordinaria que recibe el Estado por la venta de un producto en los mercados internacionales o que se trata de un ingreso percibido por el dueño de un recurso, en este caso petróleo, por encima de su costo de oportunidad en condiciones de competencia.

“En Venezuela el costo del barril de petróleo está de 3,15 a 20 dólares, incluyendo una ganancia normal, y el precio aún con lo bajo que está ahora se encuentra muchísimo más alto, y ésa es la ganancia extraordinaria que es renta”.

Seguidamente, definió a las instituciones como reglas de juego que rigen en una sociedad para poder funcionar, y que lo importante es entender por qué las instituciones, como reglas de juego, generan incentivos que afectan el comportamiento económico; que estimulan determinados comportamientos así como disuaden o inhiben otros.

Basado en los autores Acemoglu y Robinson (ver aquí), las instituciones se pueden dividir en dos grandes tipos: instituciones extractivas, asociadas en lo político como en lo económico a versiones del comunismo; e instituciones inclusivas también tanto en lo político como en lo económico, y que son, a su juicio, las que generan condiciones propicias al progreso, y en lo político están asociadas a la democracia liberal así como al Estado de derecho.

“Las instituciones económicas y políticas tienden a reforzarse mutuamente, y entonces no se puede pensar en atacar una de ellas por separado sin entender la implicaciones de lo económico en lo político y de lo político en lo económico; lo cual plantea problemas de cambio institucional”.

Citó al premio Nóbel de Economía, William North, uno de los padres de la teoría institucional, quien argumentó que las instituciones no se pueden cambiar fácilmente pues se afianzan con el tiempo de manera que se presentan dificultades para apartarse del camino definido por ellas; aunque admitió que siempre hay coyunturas críticas, dependiendo de la correlación de las fuerzas, en el que se puede alterar ese camino y cambiar las instituciones.

“Las instituciones inclusivas son entonces la condición para el éxito. Son aquellas que están suficientemente centralizadas en un Estado moderno; que son pluralistas, y que tienden a eliminar las instituciones económicas que expropian los recursos de la mayoría. Levantan barreras de entrada y suprimen el funcionamiento de mercados, que solamente benefician a un número reducido”.

Agregó que las instituciones económicas inclusivas se forjan sobre bases establecidas por las instituciones políticas; reparten, ampliamente, el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario; que crean un reparto más equitativo de los recursos; facilitando la persistencia de instituciones políticas inclusivas.

“Estas instituciones políticas también dificultan que otras personas usurpen el poder, y socaven las bases de las instituciones inclusivas. Estamos hablando, por supuesto de un estado de derecho. Ellos ponen mucho énfasis en que las instituciones inclusivas fomentan este proceso de destrucción creativa; que está en la base del progreso y de la prosperidad de la nación”.

Explicó García Larralde que el término “destrucción creativa” lo utiliza el economista Joseph Schumpenter para referirse al proceso de innovación que por un lado genera nuevas formas de satisfacer las demandas de la sociedad, pero que por otro lado desplazan las formas obsoletas, las destruyen, y que por eso el término, que pareciera contradictorio de “destrucción creativa”, lo calificó como el motor del progreso.

Aseguró que la innovación se basa en la iniciativa privada que requiere, en primer lugar, respeto a los derechos de propiedad; estabilidad política y económica; confianza en las reglas del juego o instituciones que ofrezcan garantías; que prevalezca un ambiente de competencia entre las empresas, y que los mercados se hagan libres y sin controles; libre circulación de ideas y opiniones; que las universidades y centros de estudio de alguna manera estén conectados con este proceso innovador; que sean fuertes y que tengan elementos y capacidad para construir con esfuerzo; intercambio amplio con el resto del mundo; integración con las corrientes de pensamiento mundial.

“La inversión extranjera aporta tecnología, mercados y know how que contribuyen, y, desde luego, el sistema educativo en general y la capacitación de los trabajadores, por supuesto, también resulta importante”.

Al referirse a las instituciones extractivas dijo que caracterizan más bien el fracaso; son las que en el plano económico tienen por objetivo el extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad, para beneficiar a un subconjunto distinto, pues la extracción de la renta ha sido el mayor incentivo político, para controlar el poder en un país como Venezuela.

Según García Larralde, las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite; que fija pocos límites a su versión del poder y que las instituciones económicas están, a menudo, estructuradas por esta élite, para extraer recursos de la sociedad.

“Yo diría que el rentismo, el patrimonialismo y la precariedad del derecho de propiedad no es de hoy, y tiene mucho que ver con la aparición de la renta petrolera, como elemento central del ejercicio o la actividad económica o la actividad económica del país, y viene desde la siembra del petróleo”.

Se refirió, en ese sentido, al trabajo que han venido desarrollando los investigadores en el Cendes, y que destacan que a partir de 1945, sobre todo, el desarrollo del país se concibe claramente en términos tutelados por el Estado; que antes ya la renta petrolera, así como la industria daba crecientes recursos al Estado; con los cuales distintos gobiernos, después del régimen de Juan Vicente Gómez asumían cada vez más una posición protagónica en la modernización del país.

Pero para García Larralde es sobre todo durante el trienio adeco, que esto se establece de manera muy clara, es decir, el tutelaje del Estado en el desarrollo; lo que significa, a su modo de ver, la suspensión de las garantías económicas, como sucedió a partir del año 1961 en Venezuela; mercados regulados, instituciones de naturaleza extractiva; usufructo de renta sometido a reglas; proteccionismo a partir de la sustitución de importaciones.

“Con una serie de normas y de reglas poco proclives a la competencia; monopolio público de empresas básicas; sobrevaluación buscando incrementar el poder adquisitivo; desde luego, perjudicando la capacidad competitiva frente al extranjero de las empresas locales; con mecanismos de distribución de la renta a través de subsidios, clientelismo; por supuesto, la inversión en infraestructura; todo un acuerdo que el profesor Juan Carlos Rey conoce como “sistema de conciliación de élites” para usufructuar la renta bajo el esquema de la siembra del petróleo; que fue la base del Pacto de Punto Fijo y la actividad política durante 40 años”.

Al abordar el tema del “socialismo del Siglo XXI”, señaló que agravó muchas de estas cosas: se máxima el control central; se desmantela el estado de derecho; hay una expoliación mucho más clara de la riqueza social; porque ya no hay normas ni reglas que la limitan; hay una tendencia hacia un capitalismo de Estado cada vez más arbitraria, a través de expropiaciones; la regulación creciente de las cosas.

Agregó que, además, se centraliza el usufructo de la renta en manos de la presidencia, y que bajo la idea de la siembra del petróleo el acceso de la sociedad a la renta se hacía a través de mecanismos más o menos institucionales; que existían unas ciertas reglas del juego; como había una cierta vocación democrática de parte de los partidos, que controlaban el poder, y que en cierta forma restringían la manera como eso ocurría; mientras que en este caso al demoler el estado de derecho y concentrar las decisiones en el presidente dicha política pasa a ser la base de la popularidad, cuando el precio del petróleo se montó en 119 dólares el barril.

“Bajo este esquema, el Estado controló una cantidad enorme de recursos entre 1999 y 2014, que se han calculado en 1 billón 400 mil millones de dólares”.

García Larralde consideró que las políticas de intervención del Estado patrimonial, por supuesto, no han tenido éxito; que eso es algo que se ha visto con mucha claridad, porque lo hemos vivido en estos últimos años: la inflación más alta del mundo, resistente a la baja; una liquidez monetaria, que se expandió entre el 2008 y el 2015 en 335 veces, y que ha impactado sobre la inflación; una escasez persistente; una salida de capitales que significa, desde luego, un costo en términos de inversiones y consumo que no se realizaron en el país.

“Desde el año 1998 hasta el 2014 salieron once veces más los capitales que en los 40 años de democracia de 1958 a 1998, y lo cual ha ocurrido con el control de cambio; por lo que se puede considerar una institución perversa”.

También ponderó el crecimiento del gasto público, considerando dicha tendencia como una expresión más del Estado patrimonial, y el cual, a su modo de ver, no sólo se apropia de una serie de actividades sino que quienes manejan el Estado lo usufructúan como si fuera propio; es decir, que se privatiza lo público.

Añadió que las políticas de reparto no se atienen al desarrollo de la productividad; que los ingresos que algunos llegaron a percibir no estaban sustentados en una economía productiva.

Por otra parte, al mostrar en una lámina los balances de Pdvsa, hizo ver que tenía unas cuentas por cobrar por el orden de los 40 mil millones de dólares con motivo de los convenios con Petrocaribe; que desde el 2001 ha asignado unos 234 mil millones de dólares a las Misiones, al Fonden, y que, además, se ha endeudado con más de 40 mil millones de dólares a la fecha; aparte de que, adicionalmente, cuenta con el financiamiento monetario del BCV, que va más allá del billón de bolívares para poder cubrir sus necesidades de gastos, flujo de caja.

En cuanto a sus consideraciones sobre el país, en general, afirmó que las importaciones se han cuadruplicado entre 1998 y 2014, y que el déficit del sector público en los últimos años ha estado en torno a 20% del PIB, y a lo que habra que agregar las corruptelaso a 20% del PIB, y a lo que habr4, y que el dñio del BCV, que va mon a percibir no estaba sustendidía que agregar las corruptelas, además del profundo deterioro macroeconómico; una caída total del respaldo internacional del bolívar, en términos de las reservas internacionales; que nos sitúan en una situación muy precaria.

“La producción de Venezuela es inferior en los últimos años a lo que era hace unos diez o quince años; hay un cambio estructural del mercado petrolero internacional (…) Luego está un creciente endeudamiento de Pdvsa con China; una economía privada acorralada. Por supuesto, no se respeta el derecho de propiedad. El país depende de las importaciones, y no exporta otra cosa que no sea petróleo”.

Dijo que, asimismo, las empresas de Guayana están quebradas; que no hay como financiar las inversiones públicas para sostener los servicios públicos; de modo que por esta vía el conferencista concluyó que aquí se regaló el pescado pero que no se enseñó como pescarlo.

Al abordar el tema del afianzamiento de las instituciones básicas de una economía competitiva, expresó que aquí había que estimular los mecanismos para generar tal objetivo: promoción de inversiones, estabilidad macroeconómica, reglas fiscales y monetarias sanas, un tipo de cambio competitivo.

“Por supuesto, no todo es libre juego de acción de mercado; porque la teoría nos señala, claramente, que hay fallas del mercado, sobre todo, con producción adecuada de bienes públicos y que hay una serie de metodologías para contribuir con la corrección de esas fallas”.

A esto le añadió: un ambiente político favorable, democrático, respeto a los derechos humanos; consenso en la formación de los proyectos; sistemas de innovación, para promover la relación con el sector privado, las universidades, centros de investigación, instituciones políticas inclusivas.

Dijo para finalizar que todo esto tiene que ver con una propuesta que el equipo de investigación del Cendes lleva a cabo, y que es eliminar los incentivos perversos de la renta petrolera para que haya un respeto a la propiedad privada; para que Venezuela se transforme en un país de propietarios; ya que, a su juicio, todo el que llega al gobierno se amarra de estos incentivos de la renta petrolera.

“Nosotros tenemos una serie de propuestas para quitarle la renta petrolera a los gobiernos, y éstos pasen a vivir de la imposición interna: Impuesto sobre la Renta y otras tributaciones; con lo cual los gobiernos tendrían que rendir cuentas; porque pasan a depender de la actividad económica interna, y no ahora, cuando se han invertido los términos, o sea, en lugar de vivir los ciudadanos del Estado, el Estado vive de los ciudadanos”.

Que esto significaba, dijo García Larralde, que los objetivos económicos no serán orientados hacia la búsqueda de renta sino con base en la competitividad; donde pasa a jugar un papel importante la propiedad privada, que los elementos centrales de la economía obedezcan a esta idea de que la productividad es la base del progreso del país.

Se preguntó que qué se requiere, a ese respecto: un marco institucional favorable a la iniciativa privada, incluyendo a la petrolera, cuyo elemento central sea la propiedad privada.

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