viernes, 29 de julio de 2016

OTRO DECRETO FASCISTA

HECTOR SILVA MICHELENA

EL NACIONAL

Desde que Maduro asumió el poder, y particularmente desde que la oposición ganó el control abrumador de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, por medio de sus tentáculos militares, partidistas, políticos y colectivos paramilitares, se ha empeñado no sólo en disolver la AN que, junto con el presidente, son las únicas instituciones electas por la soberanía popular mediante el sufragio universal. Su propósito es establecer un gobierno que vaya modelando un Estado fascista, de régimen militar autoritario. Los instrumentos legales usados son el Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción, y el decreto que creó la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. El órgano superior del comando de esta misión tiene como jefe, al general en jefe Vladimir Padrino López, un jefe militar al cuadrado, pues.
Un paso de ganso hacia la formación del Estado fascista lo constituye la resolución número 9855 del 22 de julio pasado emitida por el Ministerio Proceso Social y de Trabajo (¡Ufff!). Sus resoluciones más importantes, que resumo, son las siguientes:
La primera,“establece un régimen especial transitorio  de   carácter obligatorio   y  estratégico  para  todas  las  entidades de  trabajo del  país públicas, privadas, de  propiedad  social y mixtas, que  contribuya con  el reimpulso   productivo   del  sector     agroalimentario”, Esto se fundamenta en “los principios de seguridad y defensa integral de la Nación” en ofensiva   a   la  guerra económica,  con  el  objeto   de  aumentar  y  fortalecer la  producción  en aquellas  entidades de trabajo  de  Interés  social relacionadas  con   el sector  agroalimentario”. ¿Enviar trabajo a una economía social minúscula e inoperante?
Sépase que el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales, mediante oficio de fecha 10 de junio de 2016, “solicitó  ante este Ministerio autorizar a presentación de un grupo de trabajadores y trabajadoras a ser incorporados a diversas plantas de maíz, las cuales se inscriben en un proceso de recuperación de empresas del Estado, todo en el marco del Decreto Nº. 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económico”.
Según la segunda, “las entidades de trabajo del sector público y privado están obligadas, a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo, a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos y las trabajadoras requeridas, a objeto de aumentar la productividad de la entidad de trabajo requirente o solicitante”.
Dice además: “Las compañías privadas en Venezuela estarán obligadas a ceder sus trabajadores para reforzar los planes del gobierno en el sector agrícola, según una resolución adoptada en el marco de la emergencia económica vigente en el país”. Con ese fin, la cartera estableció un régimen especial para "todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas".
La resolución, de carácter transitorio (¿?), no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados; los períodos durante los cuales podrán ser reasignado son de 30 días, prorrogables por otros 30. Apunta que quienes sean elegidos deben tener "condiciones físicas adecuadas" y "conocimientos teóricos y técnicos" en áreas productivas.
Los empleadores privados, en tanto, no tendrán que asumir el pago de sueldos, deberá hacerlo la entidad requirente, que no es otra que el Estado, pero sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se respetarán, añade el texto.
Es un hecho público y notorio que el país soporta una escasez de 80% de alimentos y medicinas, que ha terminado por minar la popularidad de Maduro, cuyo régimen está obstruyendo los derechos constitucionales de los venezolanos a revocar su mandato, pasada la mitad de su período presidencial.
Maduro, tozudamente, atribuye la crisis a una "guerra económica" de la derecha para derrocarlo. Pero, las elecciones del 6 de diciembre hicieron añicos tal tesis: los venezolanos no la creyeron, y emitieron un severo voto castigo a sus políticas públicas. El alto mando militar, el TSJ y ahora el CNE, controlados por el Ejecutivo y sus tentáculos tratan de bloquear el revocatorio, como lo han hecho con las actuaciones de la AN.
Destacamos que según una encuesta de la firma Venebarómetro realizada en junio, el principal problema para los venezolanos es el desabastecimiento, con 75,5% de menciones, seguido de la inseguridad personal (70,7%) y el alto costo de vida (44,4%). Impotente para generar políticas adecuadas, Maduro apeló al principio de ultima ratio, un plan contra la escasez dirigido por militares, en cumplimiento del cual los hombres de armas fiscalizan empresas de alimentos y fármacos, y además controlan los puertos.
Se trata pues, de un Estado altamente centralizado y controlado por el Ejecutivo donde los actores económicos y sociales son agrupados bajo la égida militar para cumplir los mandatos del jefe supremo. Recordemos que el General Padrino López dijo cuando se creó el Decreto de Abastecimiento: “no me gusta la intervención militar en asuntos que no son de su naturaleza; pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la Patria, y por eso la fuerza militar ha sido involucrada. Se han roto todas las reglas, unas inducidas (¿guerra económica?) otras por propias deficiencias, otras por falta de gobernanza. Son mecanismos para ir por encima de las instancias no convencionales; se han roto todas las reglas, pero hay que alinearlas. Una de las maneras de alinear los factores que influyen en la producción es tener un mando centralizado. Estamos hartos de tantos diagnósticos (¿?). Hay falta de articulación entre los entes intervinientes, es un asunto de disciplina, no es un asunto de militarizar”. ¿De dónde sacó el general este galimatías?  El general  dijo que han agregado tres palabras claves: acompañar, asistir y verificar. El general ignora una verdad de Perogrullo: “Sin un cambio político es imposible un ajuste exitoso”, dicha por el economista Omar Zambrano, el 25 julio 2016, en Prodavinci.
Pregunto ¿cómo se acompaña, se asiste o ayuda, y se verifica sin intervención? A un mes de que la FANB asumiera las operaciones de las cadenas productivas la situación ha empeorado, como es visible en los fatigados peregrinos que buscan  comida y medicinas. Esta es una reiteración crónica. Y esto ocurre luego de un mes de “acompañamiento, asistencia y verificación”.
Los venezolanos no queremos un Estado de súbditos ni un pueblo de mendicantes. Esas marionetas del CNE, no podrán con el empuje de un pueblo arrecho. Será revocado.

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