Proyecto de Ley prohíbe a ONG "políticas" recibir ayuda externa
Pedro Pablo Peñaloza
El Universal
Mientras las ONG estaban atentas a la sanción de la temida Ley de Cooperación Internacional, la Asamblea Nacional sacó ayer de su chistera otro instrumento que en la práctica limita el financiamiento y la acción de estas asociaciones.
La AN incluyó en su agenda el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional.
El texto ha sido redactado por la Comisión de Defensa del Parlamento, solo consta de 10 artículos y en su exposición de motivos define su objeto en estos términos: "proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas, así como normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes".
Los legisladores destacan la necesidad de promulgar esta ley, "ante los precedentes que ha padecido la República y sus ciudadanos a consecuencia de acciones desestabilizadoras e insurreccionales promovidas por expresiones radicales de la esfera política internacional".
Igualmente, subrayan que urge combatir la penetración de dineros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas en el escenario político.
El artículo 4 de la citada herramienta legal establece: "el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales". Es decir, ni partidos políticos ni ONG podrán recibir aportes del extranjero para desarrollar sus actividades en el país.
En caso de que incumplan esa disposición, los infractores "serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido", señala el artículo 6.
Además, la propuesta legal elaborada por la Comisión de Defensa expone: "las personas naturales que reciban ayudas económicas, aportes financieros para el ejercicio de actividades políticas por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble de monto recibido".
Invitados incómodos
La norma va más allá. Su octavo apartado, referido a la "injerencia extranjera", dice: "los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre 5 mil a 10 mil unidades tributarias".
Luego, agrega: "los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que participen en las actividades establecidas en este artículo (8), estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República, conforme a lo previsto en las leyes que regulan la materia". Adicionalmente, sobre los máximos responsables de los partidos políticos y ONG que incurran en faltas se impondrá una "inhabilitación política por un lapso entre 5 a 8 años".
El último artículo, sobre la "reincidencia", apunta: "las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que reincidan en la recepción de ayudas económicas o aportes financieros extranjeros, serán inhabilitadas para participar en procesos electorales por un lapso entre 5 a 8 años".
La AN culmina hoy su período de sesiones extraordinarias, pero ha anunciado que seguirá trabajando hasta agotar la materia pendiente. La presidenta de la Cámara, Cilia Flores, ha dicho que se mantendrán activos hasta el 4 de enero.
La AN incluyó en su agenda el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional.
El texto ha sido redactado por la Comisión de Defensa del Parlamento, solo consta de 10 artículos y en su exposición de motivos define su objeto en estos términos: "proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas, así como normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes".
Los legisladores destacan la necesidad de promulgar esta ley, "ante los precedentes que ha padecido la República y sus ciudadanos a consecuencia de acciones desestabilizadoras e insurreccionales promovidas por expresiones radicales de la esfera política internacional".
Igualmente, subrayan que urge combatir la penetración de dineros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas en el escenario político.
El artículo 4 de la citada herramienta legal establece: "el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales". Es decir, ni partidos políticos ni ONG podrán recibir aportes del extranjero para desarrollar sus actividades en el país.
En caso de que incumplan esa disposición, los infractores "serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido", señala el artículo 6.
Además, la propuesta legal elaborada por la Comisión de Defensa expone: "las personas naturales que reciban ayudas económicas, aportes financieros para el ejercicio de actividades políticas por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble de monto recibido".
Invitados incómodos
La norma va más allá. Su octavo apartado, referido a la "injerencia extranjera", dice: "los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre 5 mil a 10 mil unidades tributarias".
Luego, agrega: "los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que participen en las actividades establecidas en este artículo (8), estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República, conforme a lo previsto en las leyes que regulan la materia". Adicionalmente, sobre los máximos responsables de los partidos políticos y ONG que incurran en faltas se impondrá una "inhabilitación política por un lapso entre 5 a 8 años".
El último artículo, sobre la "reincidencia", apunta: "las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que reincidan en la recepción de ayudas económicas o aportes financieros extranjeros, serán inhabilitadas para participar en procesos electorales por un lapso entre 5 a 8 años".
La AN culmina hoy su período de sesiones extraordinarias, pero ha anunciado que seguirá trabajando hasta agotar la materia pendiente. La presidenta de la Cámara, Cilia Flores, ha dicho que se mantendrán activos hasta el 4 de enero.
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