Gobernadores y Alcaldes de oposición piden acelerar nulidad de la Ley
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Solicitar "prioridad legislativa" para la nulidad que solicitaron del decreto de Ley de Contribución a los Precios Extraordinarios del Petróleo, acordaron los gobernadores y alcaldes de la "Alternativa Democrática" en un documento que suscribieron ayer luego de sostener una reunión en la Quinta La Piragua.
Al acto asistieron los gobernadores Pablo Pérez (Zulia); Morel Rodríguez (Nueva Esparta); César Pérez Vivas (Táchira); Henrique Salas Feo (Carabobo); Henrique Capriles (Miranda) y Antonio Ledezma (Alcalde mayor de Caracas).
El documento suscrito por los mandatarios regionales y locales fue entregado a los diputados del Bloque Parlamentario de la Unidad, precisó nota de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, advirtió que el instrumento lega despoja a las gobernaciones y alcaldías de 20 mil millones de bolívares fuertes, "lo que significa la quiebra técnica de las mismas".
"Con ello, se imposibilita el pago de sueldos, aguinaldos y vacaciones a más de 3 mil trabajadores que laboran en las alcaldías y gobernaciones del país; de igual forma, se paralizan programas sociales y obras a lo largo y ancho de Venezuela", explicó el mandatario regional.
A su juicio con la Ley de Contribución a los Precios Extraordinarios del Petróleo el Gobierno está decretando la existencia de la "caja negra de Miraflores" a la que entran los recursos que corresponden a las gobernaciones y alcaldías.
Salas Feo alertó que esos recursos "serán utilizados para la campaña electoral, la compra de armas y los regalos a los países amigos del régimen".
"Se trata de una ley fraudulenta e inconstitucional; y que nos obliga a seguir todos los canales: jurídico, solicitando su nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia; y legislativo, que la Asamblea Nacional sancione una ley que elimine ésta, y que garantice la descentralización", indicó.
El alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma (ABP), rechazó el decreto Ley y dijo que más de 60 dólares por barril se quedan por fuera y no se distribuyen de manera transparente.
Por su parte, la diputada Vestalia Sampedro (Proyecto Venezuela - Carabobo) denunció que "estamos en presencia de un proceso de recentralización, violatorio de la Constitución".
Denunció que ese proceso inició después de que se rechazara la reforma constitucional, con la Ley de Ganancias Súbitas y y la reforma del Fondo de Estabilización Macroeconómica, en 2008; con la reforma de la Ley de Descentralización, y la centralización de puertos, aeropuertos y vialidad, en 2009; la creación del Fondo Independencia, del Consejo Federal de Gobierno y del Fondo de Compensación Interterritorial, en 2010; todo esto acompañado por la subestimación de los ingresos en el presupuesto de la nación, a partir de 2009.
"El mayor afectado ha sido el pueblo de Venezuela", aseguró, la parlamentaria.
Insistió en que con la aplicación de este decreto con rango de ley, el presupuesto de los estados pasa de casi 50 mil millones de bolívares fuertes, a poco más de 29 mil millones de bolívares fuertes; lo que es igual a una sustracción de 40,95% del presupuesto de alcaldías y gobernaciones.
Mientras, el diputado Elías Matta (UNT-Zulia), quien integra la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, exigió al presidente, Hugo Chávez, que respete la Constitución, específicamente su artículo 167. "Es justo que se respete la Constitución, es lo único que le pedimos", finalizó. MLD
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