Grupo La Colina

¿De cual mediación hablamos?

Victor Rodriguez Cedeño

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La crisis en el país se agrava, aunque el secretario general de la OEA afirme con la mayor irresponsabilidad que la democracia en Venezuela no está en peligro. La realidad, sin embargo, es otra. El régimen, acorralado por su propio fracaso y una impopularidad creciente, insiste en mantenerse al margen del Estado de Derecho y arremete contra una parte de la población, la mayoría hoy, sin duda, que ha decidido hacer frente a las arbitrariedades a las que nos venía acostumbrando los últimos tiempos.

No parece haber una salida al corto plazo, aunque puedan darse debates y contactos entre dirigentes de ambos lados. El régimen no está dispuesto a retroceder en sus prácticas intimidatorias ni en sus políticas y proyectos divorciados de la Constitución nacional. El régimen, en medio de la torpeza y la arrogancia que les son propias, y siguiendo las instrucciones de La Habana, no cede e insiste, a como dé lugar, en imponer un sistema rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Tampoco ceden los estudiantes y todos aquellos que reivindican sus derechos a lo largo y ancho del país y que intensifican sus manifestaciones pacíficas, como reacción a la terquedad y los abusos del régimen.

Ante la gravedad de la situación se han planteado algunas iniciativas para sentar a las partes en una mesa de diálogo y lograr la paz. La primera de ella, presentada por el mismo régimen, carece de credibilidad y viabilidad, ya que constituye una simple comisión unilateral que, por su naturaleza, estaría inhabilitada ab initio. Este “espacio de diálogo”, por su estructura y sus objetivos, no es más que un recurso que solo puede ser calificado de farsa mediática con fines externos.

Se ha asomado el recurso de la mediación, un mecanismo que supone la participación, con el consentimiento de las partes en conflicto, de un tercero independiente que puede ser un Estado, una organización internacional o una persona individual, que trata de acercar a las partes en la búsqueda una solución.

Algunos jefes de Estado han ofrecido su medición, lo cual no ha sido aceptado por el régimen por considerar que ello significaría una intromisión en los asuntos internos del país, lo que resulta contradictorio al consentir, el mismo régimen, otros mecanismos, especialmente originados en resoluciones de órganos internacionales que no han mostrado ni la independencia ni la imparcialidad requeridas.

El mediador debería restablecer la comunicación entre las partes en un conflicto al romper el esquema de la disputa, flexibilizar posiciones y centrar a las partes en sus verdaderos intereses, lo que evidentemente sería prácticamente imposible para un mecanismo creado sobre la base de las resoluciones de la OEA o de Unasur, en las que se nota un desequilibrio absoluto que impediría también su funcionamiento. Tampoco podría un mediador invitado, basado en una de esas resoluciones, crear un clima de confianza y respeto, menos escuchar a las dos partes en igualdad de condiciones, en la búsqueda de un arreglo.

El mediador debe entender el conflicto, su origen, sus causas; además, debe respetar las posiciones opuestas y presentar alternativas de entendimiento, lo que tampoco es posible si el mecanismo nace de una decisión originalmente viciada de parcialidad, como las adoptadas por esos dos órganos regionales.

La solución a la crisis no está en la consideración exclusiva de los hechos posteriores al 12 de febrero que, evidentemente, deben ser aclarados y resueltos. Los presos políticos deben ser liberados; los procesos judiciales instaurados sin fundamento, anulados; los autores de los gravísimos hechos, procesados y castigados, y las víctimas, indemnizadas justamente.

Nadie en Venezuela niega la necesidad de un dialogo, pero ello debe girar en torno al origen de las protestas pacíficas, lamentablemente reprimidas criminalmente por las fuerzas policiales, militares y paramilitares del régimen. Las libertades, el respeto pleno y las garantías de los derechos humanos, la no persecución política, el respeto absoluto de la Constitución, la renovación democrática e inmediata de las instituciones del Estado, el fin de la invasión cubana, el desarme de las bandas criminales sostenidas y aupadas por las “autoridades”, entre otros, deben ser considerados por el mecanismo que se cree para solventar la “situación” en Venezuela.

Ante la imposibilidad evidente de las iniciativas hasta ahora asomadas para resolver la crisis, se abren espacios a mecanismos verdaderamente independientes y autónomos, si de verdad hay la intención se superar esta “situación”; entre ellos, los que pudiesen ser creados por los órganos de las Naciones Unidas: el secretario general, el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, competentes para ello, según la Carta de la Organización. Una misión de investigación, un grupo de expertos o un enviado Especial del secretario general pudieren ser la salida a la parte de procedimiento que parece estar trancada, y dar paso así a la consideración del fondo de la situación, si el régimen definitivamente acepta dialogar sobre los puntos que están en la base misma de esta crisis.