Venezuela no tiene más tiempo para ambivalencias
Argentina debería tener una posición más activa de presión sobre el gobierno venezolano para que cesen los abusos y se realice este año el referéndum revocatorio.
Human Rights Watch
Hace algunos días, presentamos en Buenos Aires un informe que documenta torturas, detenciones arbitrarias y persecución penal de disidentes por el gobierno venezolano, así como el despido arbitrario de empleados públicos que, como miles de venezolanos, están a favor de un referéndum revocatorio que podría poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Por qué hicimos esta presentación en Argentina? Durante su campaña, y desde que asumió el poder en diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri ha criticado públicamente la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y ha instado al gobierno de Maduro a adoptar medidas concretas, incluida la liberación de presos políticos.
Sin embargo, paralelamente, la canciller Susana Malcorra, quien es candidata a la Secretaría General de la ONU, ha adoptado una postura ambivalente. Su candidatura genera un evidente conflicto de interés que la ha llevado a fijar posiciones ambiguas frente a Venezuela. Si Malcorra toma posiciones claras y de principios, los aliados de Venezuela -como Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad- podrían bloquear su elección como la próxima secretaria general de la ONU.
Cuando Malcorra se dirigió a la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada en mayo para tratar la situación de Venezuela, ni siquiera mencionó los conceptos de “derechos humanos,” “presos políticos” o “democracia”. Intentó justificar su postura pública escudándose en que el primer paso debía ser un “diálogo” entre gobierno y oposición. Ante la firme posición expresada por el presidente Macri y la tímida postura de Malcorra, decidimos publicar nuestro informe en Argentina y presentarles a ambos el resultado de nuestra más reciente investigación.
En una reunión con el presidente Macri antes de difundir nuestro informe, durante la cual pudimos analizar el rol de Argentina ante la crisis venezolana, el Presidente ratificó categóricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Y cuando nos reunimos con Malcorra, por separado, la canciller aclaró que el gobierno tiene una única política exterior y es fijada por el Presidente. Si esto así, Macri debe asegurarse entonces que no haya ambivalencias y que su gobierno adopte una estrategia capaz de incidir en la situación de Venezuela. Malcorra afirmó también que no era necesario que la convenciéramos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. Y la escuché decir, por primera vez, que el referéndum revocatorio debía celebrarse en 2016. Si la votación se lleva a cabo este año y Maduro pierde, Venezuela debería celebrar inmediatamente una elección presidencial. Si se posterga hasta 2017 y Maduro pierde, asumiría su vicepresidente hasta la próxima elección regular, que sería en 2019.
Evidentemente, el gobierno de Maduro tiene un claro interés en que el referéndum ocurra recién en 2017, para asegurarse que nada cambie. Como demuestra nuestro informe, desde mayo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional han detenido a lo menos a 21 personas alegando que estaban planifican do o incitando acciones violentas contra el gobierno. La mayoría denunció abusos mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades, y varios declararon ante la justicia que sufrieron torturas, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o de muerte.
Lamentablemente, estas y otras tantas víctimas del régimen no cuentan con amparo. Se encuentran en total indefensión dada la falta de tribunales independientes capaces de frenar, prevenir, o sancionar estos abusos. En varios casos documentados en nuestro reciente informe los fiscales no presentaron evidencias creíbles que implicaran a los acusados con delitos concretos, pero los tribunales los acusaron de todos modos. En algunos de ellos, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental independiente que brinda asistencia legal a detenidos en todo el país, ha elaborado una lista de más de 90 personas que califican como presos políticos. Desde junio, oficinas públicas han despedido a centenares de empleados en distintas regiones, en aparente represalia por haber firmado a favor del referéndum revocatorio. A lo anterior hay que sumarle la crisis humanitaria que afecta al país, incluida la gravísima escasez de alimentos y medicinas.
La realidad venezolana indica que desde que arrancó el diálogo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y apoyado por Malcorra, la situación en Venezuela no ha mejorado; al contrario, empeoró. El problema en Venezuela no es falta de diálogo, sino la represión del gobierno dirigida a aplastar a la oposición con la cual dice querer dialogar. La asimetría entre un gobierno que concentra casi todo el poder y la oposición es total. Precisamente para enfrentar situaciones de esta naturaleza está la Carta Democrática, cuyo proceso, liderado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felizmente se encuentra en curso. Argentina debería alinearse con Almagro y ejercer presión sobre Venezuela hasta lograr resultados concretos.
Hay que exigirle a Maduro que cesen los abusos contra los detenidos y que se libere a todos los venezolanos que han sido arrestados arbitrariamente y enjuiciados por motivaciones políticas, lo cual es incompatible con un régimen democrático. Esto incluye a prominentes líderes de la oposición como Leopoldo López, así como a otros disidentes menos conocidos.
También hay que ejercer una fuerte presión frente a ese régimen para que deje de intimidar y perseguir a quienes apoyan el referéndum. Una política exterior honesta ante la crítica situación por la que atraviesa Venezuela debe estar sujeta a una evaluación empírica, objetiva y constante. La estrategia que permite una fiscalización multilateral dentro del marco de la Carta Democrática, es la más adecuada para determinar si se está alcanzando el propósito colectivo de proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
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