ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
La crisis venezolana no deja de extender su sombra internacional por
la gravedad y el desbordamiento de la emergencia humana, la escala de la
destrucción material y la aceleración de la desfiguración
institucional. A lo largo de este año, y particularmente en su segunda
mitad, se han producido importantes iniciativas que no solo recogen la
gravedad del diagnóstico, sino la disposición de gobiernos y
organizaciones, internacionales y no gubernamentales, para advertir
sobre la magnitud de las causas, sus efectos y consecuencias, así como
para concertarse en la atención de las dimensiones de la crisis, en lo
humano, material e institucional.
Entre los informes difundidos este año que más integralmente han
diagnosticado y documentado la profundidad de la emergencia se
encuentran los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Situación de Derechos Humanos en Venezuela), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral que no parece tener fin), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (Informe del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela), y las organizaciones Human Rights Watch (Informe 2018: Venezuela. Eventos de 2017) y Amnistía Internacional (Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela).
Junto a esta significativa muestra de documentos en los que se
trata una de las dimensiones más reveladoras de la gravedad de la
situación de Venezuela, se han producido iniciativas conjuntas en busca
de respuestas internacionales que contribuyan al encuentro de soluciones
para y por los venezolanos. En ese sentido, se ha evidenciado la
necesidad y, cada vez más, la exigencia de concertación de posiciones y
propuestas: hacia y dentro de Venezuela.
Es lo que, en el ámbito regional, se ha venido manifestando de
modo crecientemente coordinado. Así se manifestó en la reunión de Quito
sobre el tema de la voluminosa migración forzada de venezolanos en
situación de extrema vulnerabilidad (Declaración de Quito sobre movilidad humana de venezolanos en la región).
Allí trece gobiernos exploraron soluciones conjuntas y manifestaron su
voluntad de acordar iniciativas así como de procurar apoyo de las
Naciones Unidas, con especial mención de la Organización Internacional
para las Migraciones. Con ese marco de referencia prosperó la solicitud
del gobierno de Colombia que resultó en la designación del guatemalteco
Eduardo Stein como representante especial para la crisis de refugiados y
migrantes venezolanos, así como las de obtención de fondos
internacionales para la atención de la emergencia. Lo cierto es que
resulta políticamente más urgente y a la vez menos complejo concertarse
para lidiar con los efectos y consecuencias de la situación venezolana
que lo de ponerse de acuerdo en iniciativas que contribuyan a que los
venezolanos reconstruyan pacífica y democráticamente condiciones de vida
digna y próspera.
Con todo, para esto último la coordinación regional de posiciones
se ha ido fortaleciendo desde la creación del Grupo de Lima. Países de
este conjunto van dejando su impronta en la atención al caso venezolano.
A las declaraciones que, con mucha claridad, sin irrespetos y con
explícitas demandas han respondido ante el agravamiento de la situación
desde agosto de 2017, se añade ahora con las firmas de Colombia,
Argentina, Perú, Chile y Paraguay, más Canadá, la solicitud de
investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad a la fiscal de la
Corte Penal Internacional (Carta
de los presidentes Macri, Piñera, Duque, Vizcarra, Abdo Benítez y el
primer ministro Trudeau a la fiscal de la Corte Penal Internacional).
Esa carta amplía el examen preliminar en marcha desde febrero pasado al
sustentarse no solo en el informe del panel de expertos patrocinado por
la Secretaría General de la OEA, sino en los del alto comisionado de la
ONU y la Comisión Interamericana, todos recién citados. Paralelamente,
fue aprobado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un
proyecto de resolución, también promovido por el Grupo de Lima y
presentado por 42 países (Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela),
para el que lograron los votos favorables: se trata de la primera
resolución sobre la situación venezolana, que no solo “acoge con
beneplácito” el informe del alto comisionado, aquí ya referido, e insta
al gobierno venezolano a que permita la entrada de asistencia
humanitaria y coopere con el Consejo; también requiere de la recién
juramentada alta comisionada, Michele Bachelet, mantener el seguimiento y
la búsqueda de información exhaustiva y actualizada sobre la situación
venezolana para informarlo y ser considerado en ese Consejo, lo que la
ex presidente chilena ha asumido como mandato.
En suma, para dar sentido adicional al apretado recuento de
recientes pistas significativas parecen pertinentes dos notas finales
que conciernen especialmente al vecindario cercano, al Grupo de Lima y a
su atinada decisión de actuar en el marco de las Naciones Unidas. Por
una parte, cada vez son más visibles las señales de que no hay modo de
separar las causas de la crisis venezolana de los efectos que se sienten
y constatan con creciente intensidad dentro y fuera del país, tampoco
de las consecuencias que pueden provocar la desatención y la errada
atención internacional (incluidas la de forzar diálogos sin garantías).
Por otra parte, y casi en consecuencia, coordinar diversidad de
iniciativas (de presión, sanción y persuasivas) mientras se amplía su
espectro geográfico y estratégico es esencial para no perder de vista
que las dimensiones humanas, materiales e institucionales de la
recuperación de Venezuela también son inseparables.elsacardozo@gmail.com
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