Pedro Palma
A raíz del primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, ha surgido la interrogante acerca de quién es el culpable del desastre económico que vivimos. ¿El gobierno de Chávez o el de Maduro? Creo que la responsabilidad es compartida. Si bien los males que hoy padecemos se han empeorado durante los últimos meses debido a una serie de acciones equivocadas, y a un manejo errático y desordenado de la política económica por el actual gobierno, buena parte, si no todas las calamidades que nos aquejan tienen su origen en las pésimas políticas públicas que se implementaron durante los años del gobierno de Chávez.
La irresponsable política fiscal, caracterizada por un desbocado gasto público, y por unos ingresos constreñidos debido, entre otras razones, a unas tarifas de servicios públicos desfasadas, a un absurdo precio de la gasolina, y al mermado flujo de caja de Pdvsa, se tradujo en la materialización de enormes y crecientes déficits, que generaron un abultado endeudamiento del sector público, tanto interno como externo. Adicionalmente, se obligó al BCV a financiar el gasto deficitario de las empresas del Estado, particularmente de Pdvsa, creándose así enormes cantidades de dinero sin respaldo por parte del instituto emisor. Todo lo anterior se tradujo en crecimientos muy intensos de la oferta monetaria que han continuado estimulado la demanda de bienes y servicios, la cual se ha hecho cada vez más difícil de satisfacer.
En efecto, la actitud hostil a la actividad económica privada, la pérdida de capacidad competitiva de las empresas debido a la alta sobrevaluación de la moneda, la imposición de controles desproporcionados que no toman en consideración la evolución de los costos de producción y distribución, la imposibilidad de tener acceso a las divisas requeridas para importar, y las amenazas permanentes de expropiación y penalizaciones a las empresas, se han traducido en una baja producción local. Si a esto agregamos la ineficacia de múltiples empresas estatalizadas, que después de ser expropiadas o expoliadas por el Estado pierden eficiencia y pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas, es fácil entender por qué la oferta interna se ha visto severamente limitada, aumentando notablemente las necesidades de importación para tratar de satisfacer la creciente demanda.
Sin embargo, estas compras foráneas también se han visto afectadas por la carencia de divisas, a pesar de haberse estado exportando el petróleo a precios muy altos, insuficiencia que se ha generado por la declinación de los volúmenes de producción y exportación de hidrocarburos, por la desbocada demanda interna de gasolina, por el incontrolable contrabando de extracción, por la necesidad de importaciones crecientes de derivados debido a los severos problemas operativos de las refinerías, por los altos volúmenes de crudos y productos que hay que destinar a servir la deuda con China, y por los regalos y subsidios masivos de combustible a países aliados del gobierno.
Las restricciones de oferta interna de bienes y servicios, las dificultades cada vez mayores para importar, y el crecimiento sostenido de la demanda han generado problemas de escasez crecientes que han llegado ya a niveles alarmantes. Si a ello agregamos el profundo desequilibrio cambiario, que se manifiesta en un divorcio entre la tasa de cambio oficial y la libre, en severos retrasos en la liquidación de divisas a los importadores, y en una corrupción desbocada en el manejo del control cambiario, es fácil entender por qué la inflación está fuera de control, por qué cae el poder de compra de las remuneraciones, y por qué se deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de los más desposeídos, que son los que más sufren a pesar de los programas sociales gubernamentales, que si bien pueden mitigar en algo sus penurias, no les solventan el grave problema de pobreza en que están sumidos.
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