Foro Penal insiste en que 40 casos son de torturas
10 DE MARZO 2014 - 12:01 AM
40 de los 42 casos que figuran en el informe que el Foro Penal Venezolano presentó el viernes a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez son de torturas, indicó Lilia Camejo, integrante del Foro Penal Venezolano.
“No todos los casos son de jóvenes a los que les infligieron sufrimientos para obtener de ellos una confesión, sino que también hay muchachos a los que les ocasionaron fuertes dolores para castigarlos o para intimidarlos. Eso también es tortura. A un joven que le disparan perdigonazos a quemarropa lo están castigando por manifestar. A uno que lo arrodillan durante horas y lo golpean mientras está detenido lo están intimidando para que se asuste y no vuelva a manifestar”, ejemplificó Camejo.
En rueda de prensa ofrecida el sábado por la defensora del pueblo para presentar el informe Febrero: Un Golpe a la Paz –que pese a lo indicado por la funcionaria sigue sin estar en línea–, Ramírez aseveró lo siguiente: “Tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener… se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo”.
Pese a las explicaciones de la defensora y a su exigencia en la rigurosidad en el uso de los términos, lo cierto es que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura señalan expresamente que también se considerarán torturas los dolores o sufrimientos físicos o mentales que se inflijan intencionalmente a una persona para que confiese, para castigarla, intimidarla, coaccionarla o discriminarla.
ONU. Cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Nicolás Maduro el esclarecimiento de las denuncias de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza y de violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante las protestas que ya llevan más de un mes en todo el país.
Entre los solicitantes figuran el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez; el del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, Mads Andenas; y el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai.
40 de los 42 casos que figuran en el informe que el Foro Penal Venezolano presentó el viernes a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez son de torturas, indicó Lilia Camejo, integrante del Foro Penal Venezolano.
“No todos los casos son de jóvenes a los que les infligieron sufrimientos para obtener de ellos una confesión, sino que también hay muchachos a los que les ocasionaron fuertes dolores para castigarlos o para intimidarlos. Eso también es tortura. A un joven que le disparan perdigonazos a quemarropa lo están castigando por manifestar. A uno que lo arrodillan durante horas y lo golpean mientras está detenido lo están intimidando para que se asuste y no vuelva a manifestar”, ejemplificó Camejo.
En rueda de prensa ofrecida el sábado por la defensora del pueblo para presentar el informe Febrero: Un Golpe a la Paz –que pese a lo indicado por la funcionaria sigue sin estar en línea–, Ramírez aseveró lo siguiente: “Tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener… se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo”.
Pese a las explicaciones de la defensora y a su exigencia en la rigurosidad en el uso de los términos, lo cierto es que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura señalan expresamente que también se considerarán torturas los dolores o sufrimientos físicos o mentales que se inflijan intencionalmente a una persona para que confiese, para castigarla, intimidarla, coaccionarla o discriminarla.
ONU. Cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Nicolás Maduro el esclarecimiento de las denuncias de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza y de violencia contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación durante las protestas que ya llevan más de un mes en todo el país.
Entre los solicitantes figuran el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez; el del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, Mads Andenas; y el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai.
Jueces dejan presos a jóvenes que no representan peligro de fuga
10 DE MARZO 2014 - 12:01 AM
De las 743 personas que han sido presentadas en tribunales durante las cuatro semanas de protestas que se han vivido en Venezuela, a un total de 42 los jueces les impusieron medidas privativas de libertad, según cifras del Foro Penal Venezolano. De acuerdo con el Ministerio Público, son 92.
“A muchas personas que son detenidas en las mismas circunstancias les aplican medidas distintas. A veces parece un asunto al azar: unos quedan presos y otros en régimen de presentación”, explicó Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano.
Los manifestantes a los que les dictan la llamada privación judicial preventiva de libertad deben estar presos por al menos 45 días, que es el tiempo que tiene la Fiscalía para investigar y decidir si pide que pasen a juicio.
La última orden de dejar preso a un manifestante de la que se tiene noticia fue dictada el sábado a las 11:30 pm por el Tribunal 36° de Control de Caracas. A Alberto José Hasper lo enviaron a Yare III. Había sido detenido en una protesta hace dos semanas y estaba sometido a régimen de presentación cada 15 días y a prohibición de asistir a manifestaciones violentas. Al ser presentado nuevamente ante el Poder Judicial, el juez, a solicitud de la Fiscalía, decidió no dejarlo en libertad.
El abogado Nizar el Fakih, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la regla es que las personas sean juzgadas en libertad y que legalmente un imputado puede quedar detenido solo cuando hay elementos claros de que cometió un delito y existe además peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso. “Estos requisitos deben darse de manera concurrente. En el caso de los dos escoltas detenidos en Los Teques y los seis muchachos presos en Polichacao, tengo la seguridad de que no se han dado. Tomando en cuenta las irregularidades en las aprehensiones y en las imputaciones, lo más probable es que en la mayoría de las privativas no se haya cumplido con los extremos legales”, indicó.
Presos que no protestaron. El Fakih contó que a los escoltas que fueron detenidos en Los Teques –los hermanos Leonardo y Eduardo Blanco– les dictaron medidas privativas de libertad aunque no estaban manifestando.
Presos que no protestaron. El Fakih contó que a los escoltas que fueron detenidos en Los Teques –los hermanos Leonardo y Eduardo Blanco– les dictaron medidas privativas de libertad aunque no estaban manifestando.
“Los dos estaban en moto en la tranca que se había formado porque adelante había una protesta. La Guardia Nacional los abordó. Ambos estaban armados pero argumentaron que tenían porte y fueron voluntariamente al liceo militar Pedro María Ochoa Morales para verificar lo de las armas. Al llegar los unieron a un grupo de 42 detenidos”, señaló.
A los 44 aprehendidos les imputaron instigación, obstrucción de vía pública, daños a bienes públicos, lesiones leves en grado de complicidad y resistencia a la autoridad. A los hermanos Blanco los señalaron adicionalmente de porte de arma en manifestaciones públicas y solo ellos quedaron presos después de haber sido presentados en tribunales. Los demás quedaron bajo régimen de presentación.
Torturados y presos
Algunos jóvenes que están presos por orden judicial fueron víctimas de tortura, según el informe que el Foro Penal Venezolano entregó a la fiscal Luisa Ortega y a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez.
Algunos jóvenes que están presos por orden judicial fueron víctimas de tortura, según el informe que el Foro Penal Venezolano entregó a la fiscal Luisa Ortega y a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez.
Juan Manuel Carrasco, que denunció haber sido arrodillado con la cara pegada en el piso y violado con un fusil, está bajo arresto domiciliario, al igual que otros cinco jóvenes que fueron detenidos en Carabobo y que aseguran haber sido sometidos a torturas. También están en la lista seis aprehendidos en Parque Carabobo que están presos en Polichacao y que han indicado haber sido víctimas de graves tratos.
“Cuando hay violación de derechos humanos el procedimiento es nulo”, dijo Alfredo Romero.
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