lunes, 1 de agosto de 2016

Felipe González y las soluciones democráticas

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                         POMPEYO MARQUEZ

Felipe González, quien fuera presidente del gobierno español durante dos periodos (1982-96) es uno de los 30 ex presidentes de distintas naciones del globo que se han sumado a la iniciativa de buscar una solución democrática y pacífica al conflicto que vive nuestro país y que se manifiesta en una profunda “crisis institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana”, como él mismo la califica en un artículo publicado en El País de España el 18 de julio.
La crisis institucional está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional, desde el 6-D con mayoría abrumadora de las fuerzas que propugnan el cambio. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, cuando toma posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Sala Constitucional para producir una composición obediente al poder Ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos.
La actual Asamblea no ha podido ejercer sus facultades de control sobre el poder Ejecutivo, ni sus facultades legislativas. El TSJ literalmente ha bloqueado la actuación de la Asamblea Nacional, declarando “inconstitucionales” más del 90% de sus decisiones.
Dice González en su artículo: “Entre las muchas leyes anuladas está la Ley de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos y los exiliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad del TSJ”.
Felipe González viene a reafirmar lo que indicó el Secretario General Almagro en su informe presentado a la OEA sobre el caso de Venezuela según el cual, el Poder Ejecutivo, el TSJ y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de Miraflores, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes, pieza clave para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela.
Está fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el revocatorio y el CNE tendría que cumplir en tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, “porque este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio”, concluye diciendo.

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