martes, 20 de septiembre de 2016

BUFETES CRIMINALES: EL GRAN LAVADO

Carlos Tablante

Siempre nos ha parecido una tremenda ironía que quienes más roban tengan mejor defensa legal y por lo tanto condenas más leves, si es que llegan a sufrir alguna. Los grandes corruptos y sus cómplices necesarios disponen de millones de dólares para pagar los mejores bufetes y los abogados más experimentados y con más contactos. Con el mismo dinero robado a las naciones, los delincuentes consiguen las decisiones más favorables para, no solo no ser condenados por sus delitos, sino también evitar devolver los recursos sustraídos.
Así es como poco a poco, caso tras caso, países enteros se empobrecen y sus habitantes se hunden en la miseria.
Asuntos como el de los Papeles de Panamá y otros similares, ponen al descubierto las trampas y trucos de personas y corporaciones para evadir el pago de impuestos en los lugares donde producen su riqueza. Los recursos destinados a sostener los servicios públicos de muchos, se quedan así en los insolidarios bolsillos de pocos.
Peor aún es el caso de quienes esconden fortunas en empresas de maletín de paraísos fiscales, no solo para no pagar tributos sino para ocultar el origen del dinero porque es robado.  Es así como funcionarios corruptos y sus cómplices necesarios en el sector privado amasan cuentas multimillonarias que disfrutan entre lujos en las grandes metrópolis de EEUU, Asia y Europa, sin importar el sufrimiento de sus empobrecidos conciudadanos, a quienes privaron hasta de los más elementales servicios y bienes.
Esta semana se supo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga a las personas naturales y jurídicas implicadas en la trama masiva de evasión fiscal y lavado de dinero de los Papeles de Panamá. La averiguación también tiene como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron a sus clientes las vías para evadir sus obligaciones con el Estado español. La investigación periodística ha logrado demostrar que Mossack Fonseca facilitó directamente a miles de clientes estructuras societarias ‘offshore’ para ocultar fondos y bienes, fungiendo de proveedor de servicios para otros despachos. En algunos casos, esos bufetes trabajaban con grandes fortunas, pero recurrieron puntualmente a la firma panameña buscando las estructuras y mecanismos necesarios para poder ocultarlas en un paraíso fiscal. En otros, sin embargo, se trata de bufetes y asesores fiscales que integraban la red mundial de colaboradores que había creado Mossack Fonseca y que le conseguía los clientes.
Sin embargo, el caso más descarado ha sido sin duda el de Banca Privada de Andorra (BPA) y la red de funcionarios, contratistas y relacionados del régimen venezolano, encabezada por Omar Farías (actualmente detenido en República Dominicana ) y Diego Salazar Carreño – primo hermano de Rafael Ramírez Carreño – que se enriqueció ilegalmente a costa de los seguros y reaseguros de la petrolera, así como de los negocios del fondo chino-venezolano durante más de una década.  Para desbloquear mas de 200 millones de dólares de sus cuentas congeladas en el banco andorrano por las autoridades judiciales del Principado, Salazar Carreño contrató a uno de los bufetes mas costosos de Francia: el del ex primer ministro Dominique de Villepin ubicado en la prestigiosa avenida Foch, en París.  Durante el proceso que llevó al cierre de BPA por la acusación de lavado de dinero formulada por el Departamento del Tesoro de EEUU, se supo que Salazar había contratado a Villepin para liberar los fondos, cuestión que finalmente logró, trasladándolos inmediatamente a otros bancos en Hong Kong y Dubai.
Aunque la legislación estadounidense dispone de mecanismos que dificultan el uso de recursos de origen ilícito para costear los abogados de inculpados, no está claro aún de dónde sale el dinero para la defensa de Roberto Rincón y Abraham José Shiera en el juicio que se le sigue en Texas por haber pagado entre 2009 y 2014 más de mil millones de dólares a directivos de Pdvsa a fin de obtener contratos para sus empresas radicadas en EEUU,  ni tampoco en el caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, juzgados por narcotráfico en un tribunal de Nueva York.  El primer bufete que asumió la defensa de Efraín Campos Flores y Franqui Flores renunció a los pocos días presionado por la opinión pública por tratarse de un despacho cuyo principal cliente era Pdvsa.  Ahora la defensa es financiada por uno de los mayores contratistas del régimen: Wilmer Ruperti.
La red de ex altos funcionarios enriquecidos con el dinero de todos los venezolanos,  en su mayoría relacionados con Pdvsa y la Oficina Nacional del Tesoro – como Alejandro Andrade, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez – comparten algunos bufetes en Venezuela, República Dominicana y EEUU que se han “especializado” en la defensa de los corruptos del régimen de Chávez y de Maduro.  En estos exclusivos despachos trabajan inclusive ex altos cargos de instituciones gubernamentales estadounidenses que cambiaron su labor pública por jugosos honorarios – en lo que se conoce como “la puerta giratoria” – colocándose un pañuelo en la nariz para defender ahora a quienes investigaron en el pasado por corrupción y cargos más graves aún.
Tal como apuntamos en nuestro libro Estado Delincuente (2013), el dinero ilícito vinculado a la corrupción y a otras actividades ilegales como el narcotráfico, se mezcla. Los grandes bufetes a los que hemos hecho referencia, actúan como verdaderas licuadoras donde se licúan los dineros lícitos con los ilícitos.
Como bien ha dicho el Papa Francisco,  “la corrupción crea dependencia y genera pobreza, explotación y sufrimiento, al igual que las drogas”.
Por estas y otras razones como el financiamiento del terrorismo, organismos multilaterales como la ONU, UE, OEA, Banco Mundial y FMI están actuando de manera cada vez más firme y coordinada para identificar el movimiento de los capitales ilícitos a fin de lograr, a través de la cooperación internacional, la recuperación del dinero robado a las naciones.
Con este objetivo, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, trabaja en un proyecto de Ley que próximamente presentará, para lograr la recuperación y repatriación de los capitales robados a Venezuela.

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